Hacía mucho tiempo que no se veía en Uruguay un debate político tan profundo, explícito y esclarecedor como el que hoy ocupa a todo el espectro político, a los lobistas que representan los intereses del empresariado y a los “formadores de opinión” en general.

Nos referimos a la discusión impulsada por una sorprendente alianza de las distintas vertientes domésticas de la derecha política, para atacar a las empresas productivas y de servicios públicos que son propiedad del Estado. Como en todo debate bien fogoneado, se mezcla y confunde lo importante con lo accesorio, lo honesto con lo no tanto, la lealtad con el chanterío, la honestidad con los mandaditos; en fin, la paja y el trigo.

Paja

Para cualquier uruguayo honesto e informado es difícil creer que la causa central del déficit fiscal del sector público esté en la gestión de las empresas del Estado.

Desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se informó el 29 de mayo de 2015, mediante un comunicado, que el Resultado del Sector Público Consolidado a abril de 2015 mostraba un déficit equivalente a 3,3% del Producto Interno Bruto. Parece lógico que la derecha y la oposición política se rasgaran las vestiduras y comenzaran a pedir el achicamiento del Estado, unos, y a criticar la gestión, otros. Pero de ese mismo informe surge que 90% de los egresos del Sector Público no Financiero correspondieron a Gobierno Central y Banco de Previsión Social, de modo que cuando se cargan las tintas sobre una parte muy menor de esos egresos, y en particular sobre empresas públicas que también son usadas como agentes de recaudación mediante sus tarifas, eso parece que encierra alguna intencionalidad.

Tampoco es posible pensar lealmente que alguna empresa pública, ministerio o ente haya tomado decisiones estratégicas o de inversión decidiendo alocadamente por sí y ante sí. En los gobiernos del Frente Amplio (FA), como todos sabemos, las decisiones que impactan su gestión, el desarrollo económico del país o variables importantes de la economía no se adoptan sin la anuencia del Poder Ejecutivo y la omnipresente fiscalización del MEF, que otorga el visto bueno final, más aun si se trata de contratos que supongan endeudamiento, y a plazo superior a un ejercicio.

Por eso no parece muy honesto que desde la derecha se diga que en los últimos años las fuertes inversiones de algunos entes públicos no contaron con la debida coordinación y que eso está repercutiendo hoy en el resultado fiscal. Parece más una intención de crear confusión desinformando y de maniatar las decisiones futuras.

Las empresas productivas del Estado en Uruguay están involucradas principalmente en sectores estratégicos como energía, comunicaciones y agua potable. Todas ellas deberían contar en el país con el reconocimiento unánime que reciben desde el exterior. En cualquiera de los países vecinos podemos ver una historia reciente y una expectativa inmediata de escasez de combustibles, cortes de energía eléctrica y dificultad para las comunicaciones, mientras que en Uruguay hay acceso universal de la población y el territorio a los bienes señalados.

También debemos recordar que los años de gestión frenteamplista debieron hacer frente a un extenso período de precios récord de los insumos energéticos, en un país que no produce un gramo de petróleo, después de recibir empresas públicas devastadas por el atraso tecnológico, la falta de inversión y focos enormes de corrupción interna. El milagro de esa gestión tiene su base en dos elementos: liderazgo y conducción de alta calidad; y una política de inversiones valiente y adecuada a la urgencia que el país tenía de recibir, como recibió, una respuesta positiva de estas empresas.

Ante esa realidad, hacer internismo político usando a las empresas públicas es cosa de irresponsables o de malintencionados. No se discute que el próximo gobierno nacional será nuevamente del FA, ni debería asombrar a nadie que la rotación Tabaré Vázquez-José Mujica no se reitere, simplemente por mandato de la biología. Tampoco debería sorprenderse nadie si se afirmara que en las generaciones que vienen detrás de esas dos figuras sólo hay una con proyección, experiencia y éxitos de gestión, que concentra expectativas positivas desde diversos ámbitos nacionales e internacionales, y logró, con la organización política que construyó y lidera, un éxito resonante en la última elección interna del FA. Pero parece descabellado que se quiera atacar a Raúl Sendic justamente a partir de su extraordinaria gestión en ANCAP.

Bajo su liderazgo, una empresa obsoleta, que paraba todos los años la producción para atar con alambre una refinería prehistórica, se transformó en una empresa moderna, capaz de asegurar la oferta energética que el país en fuerte crecimiento ha ido necesitando; que ha mejorado la calidad de todos sus productos de acuerdo con los estándares internacionales y lo logró antes de que países vecinos con mayor desarrollo tecnológico y oferta doméstica de materias primas; que ha soportado solidariamente, con su eficiencia, que se utilizaran sus tarifas para ayudar a controlar la inflación, no trasladando todos sus costos a precios y, pese a eso, agregando a esas tarifas crecientes montos de impuestos para contribuir a la gestión del gobierno; que ha invertido estratégicamente para aumentar la soberanía energética del país, con una enorme apuesta a las energías renovables y un fuerte impulso a la prospección; y que ha desarrollado con Alur la más importante empresa nacional de los últimos 50 años, dando un impulso fabuloso a la producción agroindustrial y de energías limpias donde antes nada existía.

En realidad, todo esto es paja: nadie cree que la causa principal del déficit fiscal esté en las empresas públicas; nadie descubrió inversiones inconsultas y alocadas de esas empresas porque no las hubo; nadie desconoce que básicamente sus resultados contables simplemente reflejan la no adecuación de sus tarifas y la revaluación de sus pasivos por el aumento del dólar, ambas cosas previstas por las empresas y el conjunto del Poder Ejecutivo.

Trigo

El tema más importante en el presupuesto no son las empresas públicas. Éstas van bien y, en el caso de la más importante, ANCAP, sus inversiones esenciales ya están realizadas y el pasivo administrado y en proceso de maduración. Algunos proyectos en otras han sufrido inconvenientes que pueden corregirse fácilmente.

Hoy se debería estar discutiendo, en torno al déficit, una verdadera reforma del Estado que dote de eficiencia a la gestión del gobierno central, donde muchas áreas no se han transformado aún; se debería estar discutiendo una gran revolución de la infraestructura, el transporte y la logística; una reforma educativa y la profundización de políticas sociales inclusivas; una reforma tributaria para que vuelvan a contribuir todos los sectores de actividad y se pueda aliviar el aporte de trabajadores y hogares.

Creemos que se busca debilitar políticamente, ante la sociedad, a las empresas públicas que actúan en las áreas dinámicas del sector real: energía y comunicaciones. Transmitir la idea falsa de que el Estado no acierta en su administración y de que eso crea un desequilibrio de las cuentas públicas, que le impide cumplir con sus objetivos esenciales.

Lo que se intenta, en última instancia, es volver sobre la estrategia de privatización que ya fue rechazada, afortunadamente para el país, por el pueblo uruguayo.

El capital busca permanentemente áreas de negocios donde reproducirse, generar rentabilidad y apropiarse de los excedentes generados. Energía y comunicaciones son los sectores más atractivos a nivel global.

Lo que está en juego no es el déficit fiscal, absolutamente controlable. Tampoco la gestión de las empresas del Estado, que ha sido la mejor en por lo menos 60 años. Se juega lo mismo de siempre: dejamos que sectores estratégicos para nuestro desarrollo sean manejados por el interés individual, o seguimos construyendo colectivamente, para dotar al pueblo uruguayo y su Estado de los recursos que necesita.