Fue el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, el que propuso poner el tema arriba de la mesa el martes de noche, en la reunión que mantuvo con el mandatario Tabaré Vázquez y el subsecretario de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, en la residencia presidencial de Suárez y Reyes. “Este gobierno tiene una sensibilidad especial”, dijo Murro en referencia a la situación que se había generado tras la paralización de las obras del Antel Arena, que hasta ayer estuvo cerca de dejar a casi 150 obreros sin trabajo.

No obstante, según lo acordado por ambos ministros, las obras continuarán, al menos, hasta el 31 de julio, mientras que, paralelamente, una comisión integrada por ambas carteras, por Antel y por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) estudiará, en el lapso de 15 días, “alternativas” de cómo financiar la obra para presentarle a Vázquez. El grupo empezará a funcionar mañana y tendrá el seguimiento permanente del presidente. No estará allí el Ministerio de Industria, Energía y Minería, comandado por la ex presidenta de Antel y principal abanderada del proyecto, Carolina Cosse.

En una conferencia realizada ayer en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Ferreri habló de la necesidad de buscar “la mejor estructura financiera” para el proyecto, con el “menor impacto posible en las cuentas públicas” y en la propia Antel. Murro, el otro vocero de la conferencia, no dejó cerrada ninguna puerta: dijo que el financiamiento podría ser “público y/o privado”, “nacional y/o internacional”. No obstante, Ferreri destacó que el Antel Arena va a ser “una obra del Estado”, que su propiedad y funcionamiento serán públicos y que pertenecerá a Antel. Según supo la diaria, luego de que se detuviera la obra, tanto el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como la OPP le manifestaron a Antel la posibilidad de que se continuara por medio de una o varias iniciativas de participación público-privada.

Tanto Murro como Ferreri aseguraron que la obra se concretará en el actual período de gobierno. Este último dijo que la idea es que se reinicie en el “menor tiempo posible”, e incluyó la obra en la agenda de infraestructura que el Poder Ejecutivo presentará en pocos días, en la que se incorporarán obras financiadas tanto con recursos públicos como mediante mecanismos de participación público-privada. Se incluirán obras en centros educativos, puertos, ferrocarriles y hospitales, entre otros casos de infraestructura social. El jerarca no ahorró adjetivos para estos anuncios: “Será un paquete que permitirá colocar a Uruguay en un escalón de potencial físico superior al que hoy tiene y que le permitirá continuar avanzando por la senda del crecimiento”. Luego fue más lejos y aseguró que se tratará de la inversión en infraestructura “más importante de los tres períodos de gobierno del Frente Amplio”.

El secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, saludó la iniciativa y adelantó que la central “se moverá” para que “las obras se reinicien de inmediato, lo antes posible”, y recordó que los trabajadores habían advertido que “no era correcto que se pararan”. El dirigente sindical dijo tener la información acerca de que, en caso de que la obra quede paralizada por un tiempo, algunos trabajadores serán destinados a otros proyectos de Teyma, la empresa que está a cargo del Antel Arena, mientras que otros accederán a un seguro de paro que “tiene que durar lo menos posible”. Habrá alrededor de cinco figuras jurídicas para contemplar los diferentes casos de los obreros.

La otra cara de la moneda

En un segundo plano quedaron los lineamientos que el Ejecutivo propuso en el Consejo Superior Tripartito para la sexta ronda del Consejo de Salarios, que dejaron disconformes tanto a trabajadores como a empresarios. Ayer Ferreri y Murro anunciaron el inicio de los grupos y subgrupos de los Consejos de Salarios y aseguraron que la pauta salarial propuesta no recibirá más modificaciones.

El Ejecutivo planteó un par de “complementos”. Uno de ellos es la fijación de 15.000 pesos como salario mínimo para 2019. El gobierno ya había fijado los salarios mínimos para 2016, 2017 y 2018, y con esta fijación buscó contemplar uno de los reclamos del PIT-CNT, que el salario mínimo sea de esa cifra cuanto antes.

El otro complemento implica que el Poder Ejecutivo avalará los acuerdos salariales que empresarios y trabajadores realicen por encima de los lineamientos del Poder Ejecutivo, en la medida en que estos incrementos adicionales no se trasladen a precios, tarifas o contratos de obra pública. El representante de la Cámara de Industrias, Francisco Fraschini, destacó que esta pauta marca una diferencia con el Consejo Superior Tripartito anterior, en el que “el gobierno acompañó siempre los convenios, aun cuando éstos superaron los lineamientos”. El representante empresarial sostuvo que los lineamientos pueden llevar a un crecimiento del salario en un “escenario difícil”, lo que complicaría más la situación de las empresas. “El crecimiento del salario puede ser a costa del nivel de empleo o de la actividad de las empresas”, consideró.

En tiendas sindicales la inconformidad persiste. Abdala valoró que hubo un “movimiento” del Poder Ejecutivo, pero sostuvo que fue insuficiente en relación con los planteos del PIT-CNT, que incluían, entre otras cosas, que se restablezcan los ajustes anuales por inflación y que los aumentos salariales se hagan con frecuencia anual. Sobre el paro general de la central previsto para el 6 de agosto, el dirigente no dio lugar a dos lecturas: “Se mantiene en todos sus términos”.