La cifra aterra por sí sola y en contexto. 26 mujeres fueron asesinadas en lo que va del año por violencia de género. El número casi iguala a la totalidad de homicidios (28 casos) cometidos en 2014 por este motivo. Ayer, mujeres y varones salieron nuevamente a las calles capitalinas a hacer más visible algo que es imposible no ver y que, sin embargo, sigue solapado. Pasadas las 18.30, el grupo Feministas en Alerta y en las Calles hizo una nueva movilización, que se concentró en la plaza Independencia y marchó hasta la plaza Libertad, donde dibujaron a la última de las mujeres asesinadas, que murió prendida fuego en Paysandú el lunes 20. Por ella también se realizó, pasadas las 20.00, en la explanada de la Intendencia de Montevideo, La caída de las campanas, “una performance que vivencia lo ignorado en una sociedad que calla”, según la descripción de la convocatoria.
“Impacta el número, impacta el tipo de violencia”, dijo a la diaria Alicia Migliaro, vocera de la Coordinadora de Feminismos. Comentó que mientras preparaban esta alerta en otro departamento, en Canelones, otro hombre roció a su pareja con alcohol e intentaba prenderla fuego cuando llegó la Policía, pero que, pese a ser detenido, “quedó libre” (fue procesado sin prisión). En la proclama, el colectivo mencionó la crudeza de la violencia hacia las mujeres y pidió a los medios de comunicación que no desviaran el foco de atención, porque no se trata de un asunto de crónica roja y porque lo central no son los detalles laterales reproducidos -si tenían consumo problemático de drogas o las conexiones con el narcotráfico-, sino la violencia patriarcal. “Estos casos extremos de violencia tienen por detrás pequeñas violencias cotidianas que son difíciles de visualizar. A medida que vamos tolerando el acoso callejero, el acoso laboral hacia las mujeres, el maltrato en el noviazgo, la sexualización del cuerpo de la mujer en la televisión, nos vamos como anestesiando a esas pequeñas violencias y después, cuando aparecen estos casos extremos, nos parece que son casos aislados. No podemos ver el entretejido que hay detrás, y eso es lo que queremos poner de manifiesto con este tipo de acciones. Es un tema social, político”, subrayó.
La Coordinadora de Feminismos se movilizó también por la mujer trans asesinada hace dos semanas en Montevideo, pero no consensuó si incluirla en la lista de mujeres asesinadas (por eso el grupo contabiliza 25 feminicidios en lo que va del año). “Entre 2011 y 2015 hubo siete homicidios” de mujeres trans, comentó Marcela Pini a la diaria, y agregó que “las mujeres trans sufren una doble vulneración”. “Si tú ves la historia de cualquier mujer trans, es muy difícil que no haya transitado la prostitución, y la prostitución pone a la persona en una situación de vulnerabilidad mucho mayor, el comerciar con su cuerpo, porque es la única manera de sobrevivir que tienen. Es una doble victimización, una doble estigmatización”. Pini indicó que ese asesinato “es parte de la violencia de género que tenemos institucionalizada en Uruguay, en este sistema patriarcal, capitalista, que relega a las mujeres a un espacio de inferioridad en cuanto a los modos de producción”.
Situación de emergencia
Hace diez días, la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual exhortó a los tres poderes del Estado a declarar la violencia doméstica como una emergencia nacional. En diálogo con la diaria, Teresa Herrera, coordinadora de la red, manifestó que el número de muertes que se cobra la violencia de género en Uruguay “es como un tsunami”. La red plantea “generar respuestas y programas prioritarios y presupuesto prioritario para implementar respuestas acordes a la magnitud y complejidad del problema”. Pide contar con una ley integral de violencia de género y generaciones, que el sistema de tobilleras electrónicas se extienda a todo el país, que se fortalezcan los servicios de atención a mujeres, instalar en cada departamento servicios de atención especializados para niños, niñas y adolescentes en situación de violencia, implementar una campaña nacional contra la violencia doméstica, juzgados especializados en todo el país, capacitar a operadores del sistema judicial, incluir el tema en la currícula de educación primaria, secundaria y terciaria.
Consultada por la diaria, Mariella Mazzotti, directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), respondió que se suele declarar emergencia nacional a la respuesta que se despliega ante fenómenos climáticos, pero que tendría que conocer más de cerca cuál es el planteo de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual. “Si se están refiriendo a que en Uruguay la magnitud del problema de violencia doméstica es enorme, estamos completamente de acuerdo”, afirmó. Indicó que están trabajando junto con la red en el marco del Consejo Nacional Consultivo de Lucha Contra la Violencia Doméstica para lograr una ley integral “de prevención, protección, reparación y acceso a la Justicia”. En ese sentido, comentó que Inmujeres está trabajando en la elaboración de un anteproyecto de ley en consulta con organizaciones sociales y que el consejo está trabajando en la definición de un nuevo plan de lucha contra la violencia doméstica.
Respecto de las posibilidades de contar con un presupuesto acorde a la dimensión de la problemática, Mazzotti indicó que “los distintos organismos del Estado están previendo en su presupuesto quinquenal acciones vinculadas a la violencia basada en género”. Mencionó, por ejemplo, que el Ministerio del Interior “tiene pautado en los primeros años del quinquenio avanzar hacia todo el país” con las tobilleras electrónicas y que Inmujeres se propone “ampliar los servicios de atención a la violencia basada en género”, pero no quiere adelantar más detalles en tanto no termine de elaborarse la solicitud presupuestal.
Al tiempo que salen a la calle, las mujeres trabajan en diferentes planos. Lilián Celiberti, de Cotidiano Mujer, comentó que un conjunto de organizaciones sigue trabajando en el análisis del proyecto de Código Penal, una discusión que lanzó a fines de 2014. La crítica principal de los colectivos hacia el proyecto que los legisladores volverían a analizar en agosto es que “contiene visiones muy patriarcales y conservadoras” y no penaliza la explotación sexual. Los colectivos apuntan a incorporar en el código la figura de feminicidio, “no tanto para aumentar las penas, sino por prevención, para visibilizar la existencia de un problema que, si no estuviéramos en la plaza cada vez que muere una mujer, pasaría como una muerte más”. En relación con la movilización de Feministas en Alerta y en las Calles, opinó: “Esto demuestra la vigencia del patriarcado presente en las relaciones cotidianas entre hombres y mujeres. Es impresionante que a esta altura de la vida siga existiendo, pero es así, y la prueba está en las 26 mujeres asesinadas en manos de sus maridos, ex maridos”.