La política económica llevada adelante por el Poder Ejecutivo ante las dificultades internacionales se contradice con lo que el PIT-CNT reclama: mayor participación de las empresas públicas y mayor crecimiento de los salarios para aumentar el consumo interno. Las diferencias hicieron que el Secretariado Ejecutivo de la central aprobara un “plan de lucha” y una propuesta de paro general de 24 horas, que en principio se realizaría el 6 de agosto, pero que antes deberá ser ratificado por la Mesa Representativa de esta organización.

La paralización de la construcción del Antel Arena no fue la gota que derramó el vaso en el PIT-CNT. “Si hubiera sido sólo esto, no daba más que para alguna declaración, pero no nos hubiera sacado ni cinco minutos de paro”, graficó el dirigente ferroviario Ricardo Cajigas, integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT. Pero esa resolución del gobierno significó la materialización de la política gubernamental, que busca “racionalizar” la inversión de las empresas públicas y ajustar sus balances deficitarios para que contribuyan con al menos 600 millones de dólares más a las rentas generales. “El mensaje [de la detención], simbólicamente, es muy sintomático”, interpretó el dirigente.

Lo que irritó a la central sindical fue la postura del Ejecutivo de “recortar” las inversiones y “amordazar” a las empresas públicas, punto compartido por algunos sectores del Frente Amplio (FA), como el Movimiento de Participación Popular, el Partido Comunista del Uruguay (PCU) y Compromiso Frenteamplista. Precisamente, la visión más keynesiana del rol de las empresas públicas, que fue reclamada ayer por el secretario general de la central, Marcelo Abdala, fue anunciada a fines de 2012 por el presidente José Mujica, durante un acto en la sede de la central: “Las empresas del Estado van a gastar e invertir como nunca en el país. Hace rato que podíamos orejear que podía haber tendencia al enlentecimiento de la economía, y llega la hora en que las empresas públicas, recurriendo a las necesidades de la nación, hagan inversión positiva que ayude al futuro del país”.

El otro tema que mina la relación entre las partes son los lineamientos que el Poder Ejecutivo propuso en el Consejo Superior Tripartito del sector privado. La central rechazó las pautas para los ajustes salariales del oficialismo: cuestiona que los aumentos que se propusieron no tienen “vinculación de ningún tipo” con el Índice de Precios al Consumo, que se desvinculan de las perspectivas de crecimiento de la economía anunciadas y que su incorporación al salario se realizará dividida (de forma semestral), lo que determinará una “pérdida de salario real para los trabajadores”. Al igual que con el rol de las empresas públicas, dirigentes del FA criticaron los lineamientos del gobierno, especialmente ex sindicalistas, como Óscar Andrade (PCU), Luis Puig (Partido por la Victoria del Pueblo) y Óscar Groba (Espacio 609).

Si bien en la primera reunión del Consejo Superior Tripartito la central exhortó al gobierno a reconsiderar los lineamientos, fuentes del Ministerio de Economía y Finanzas explicaron que no habrá cambios generales en la pauta, dado que fue aprobada por unanimidad en el Consejo de Ministros. Esta tarde será el segundo encuentro del Consejo Superior, y se espera que las cámaras empresariales den a conocer su postura, aunque Abdala ya cree saber cuál es: “han permanecido muy silenciosos” dado que “están cómodos porque saben que con esos criterios aplican la táctica de no negociar nada por unos meses y luego apelan a la votación”.

Así las cosas, la propuesta de realizar un paro general de 24 horas generó unanimidad en el Secretariado Ejecutivo de ayer, y se espera que sea aprobada sin mayores inconvenientes en la Mesa Representativa del PIT-CNT, que sesionará mañana. La medida está lejos de ser aislada, explicó ayer Abdala, enmarcándola en un “plan de lucha” bajo una consigna que hace referencia al otrora jingle electoral del FA: “Para que los cambios no se detengan, por más presupuesto, más inversión de las empresas públicas, aumentos de salarios y jubilaciones”. Según Abdala, el pueblo “definió que hubiera un gobierno para que los cambios no se detuvieran; y ahora el movimiento sindical, en esa dialéctica entre el impulso y su freno, apunta al impulso”, dado que hubo “algunas señales negativas que, en vez de ayudar, complican”.

Como medidas alternativas económicas para solventar las inversiones públicas, fortalecer los salarios más sumergidos y redistribuir la riqueza, la central propone crear nuevas franjas de Impuesto a la Renta de las Personas Físicas a los salarios más altos, establecer franjas progresivas en el Impuesto a la Renta de las Actividades Empresariales, derogar exoneraciones impositivas la gran capital, utilizar las reservas del Banco Central del Uruguay (“más allá de su nivel óptimo, para estar blindados de cualquier eventualidad”, aclaró Abdala) para invertir y generar trabajo en momentos de dificultades, y estudiar posibles medidas con los depósitos de los uruguayos en el extranjero. Consultado por si el FA debía “tocar privilegios” con los que hasta entonces no se ha metido, Abdala fue gráfico: “Para hacer una tortilla, hay que romper huevos”.