La Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados recibió ayer a una delegación de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL). El presidente de ese ámbito parlamentario, el frenteamplista Óscar Andrade (Partido Comunista), dijo que se trata de una industria que está en una situación “complicada”, y desde el Parlamento se está trabajando en la elaboración de un proyecto de ley que considere la integración de los trabajadores del sector al directorio del Instituto Nacional de la Leche, para “tener un ámbito en el que discutir las políticas”, y que también establezca que “cuando tenés determinadas libertades fiscales, como estas empresas que decidieron cerrar”, haya mecanismos para que los objetivos de la ley de inversiones se cumplan.
En referencia a la estadounidense Schreiber Foods, que cerró su planta en San José, Andrade dijo: “No puede ser que una empresa que hace un año tenía tomada la decisión de retirarse avise un día antes de hacerlo, generando un colapso en toda la cadena láctea”. Pero además de este “tema más general”, también está la situación concreta de las dos empresas que cerraron, a las que “hay que convocar para instalar ámbitos de negociación”, agregó el legislador.
La comisión también recibió a representantes de la empresa avícola Tenent, que en mayo fue sancionada con la clausura de uno de sus establecimientos de cría de pollos, ubicado en Canelones. Si bien la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social (IGTSS) tomó la medida a raíz de la situación de las instalaciones eléctricas de los galpones, los trabajadores que fueron enviados a seguro de paro denunciaron la presencia masiva de ratas. El viernes, los legisladores de la comisión realizaron una recorrida por tres establecimientos de la firma. Andrade contó que se detectaron edificaciones en mal estado e “instalaciones eléctricas en condiciones precarias”, especialmente en las viviendas donde residen los trabajadores. El diputado explicó que se deberá legislar para evitar que los trabajadores sean enviados a seguro de paro por una clausura, algo que, por ejemplo, está regulado en otras ramas, como la construcción. “Lo que vamos a tratar de hacer como comisión es un seguimiento de la situación y de los dos expedientes que la empresa tiene abiertos”, agregó.
Además de la IGTSS, también inspeccionó el establecimiento el Ministerio de Salud Pública. “La idea es que no esté en el centro de la cuestión el despido de los trabajadores, teniendo en cuenta que estamos hablando de una rama de actividad que no tiene una historia de espacio sindical muy fuerte”, dijo Andrade. Otro de los aspectos en los que se pretende incidir es en la prevención y regulación, ya que no existe normativa que establezca cómo se deben manipular los productos químicos en este rubro.