La Intendencia de Montevideo (IM) aclaró ayer, mediante un comunicado, que el decreto sobre etiquetado de alimentos transgénicos está vigente y que no se suspendió su aplicación, sino que la norma está en proceso de “revisión”. La puntualización implica un matiz importante respecto de la información que brindó la directora de Salud de la comuna, Analice Berón, al semanario Brecha el viernes, que informó que se habían suspendido los análisis de alimentos y las sanciones impuestas por la anterior administración. “Cuando se dijo que estaba en suspenso, nos referimos a que para resolver si tenemos que modificar algunos aspectos del decreto, primero debemos pasar por el intercambio de información con el gobierno nacional y a partir de entonces resolver si con la Junta Departamental se cambiarán algunos aspectos”, dijo ayer Berón en el comunicado difundido por la comuna sobre el mediodía.
Fabiana Goyeneche, directora de Desarrollo Social, departamento del que depende la División Salud, explicó a la diaria que “hace falta una puesta a punto por parte de una administración que recién está asumiendo”, y que lo que se resolvió por “estos días” es no aplicar nuevas sanciones, “simplemente porque es una norma muy innovadora y muy reciente”. El Decreto Nº 34.901 y su modificativo, Nº 35.099, establecen la obligatoriedad de declarar los productos alimenticios que tengan componentes transgénicos en más de 1% de cada uno de sus ingredientes e identificarlo en su empaque; hasta el momento, se han declarado cerca de 600 ante la comuna y se han impuesto multas, de hasta cinco unidades reajustables, por nueve productos en infracción.
Goyeneche aclaró que esta revisión no se debió a un hecho concreto y que no implica “una voluntad de retroceder ni de detener el proceso, sino de asegurar la aplicación precisa, con garantías”, del decreto. Para esto la comuna solicitó la opinión sobre la regulación de etiquetado a nivel nacional y departamental al Gabinete Nacional de Bioseguridad, integrado por varios ministerios y encargado de la aprobación de eventos transgénicos. Se realizó una consulta a la Asesoría Jurídica de la IM para “prever los frentes que se pueden presentar cuando hay regulaciones que tienen tanta incidencia, tan innovadoras y que implican un cambio tan drástico en la regulación”, y la inquietud también se transmitirá al Congreso de Intendentes y a la Defensoría del Vecino. “En función de esas novedades, seguiremos adelante o evaluaremos si hay que extender algún plazo” para que las empresas se ajusten al mecanismo, explicó la jerarca, que descartó que se haya pensado en alguna modificación del decreto.
Opinó que, exista o no el etiquetado, “no hay un riesgo para los consumidores en su alimentación”, aspecto evaluado por el Gabinete de Bioseguridad al aprobar los eventos transgénicos. No obstante, reconoció que existe “el derecho de consumir informado”. “Por supuesto que nosotros somos amigos de la transparencia y la información”, sostuvo. Consultada sobre si hubo contactos con el Poder Ejecutivo por este tema desde su asunción, contó que fue tema conversación con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, “y planteamos que íbamos a hacer este período de informes”. El objetivo, dijo, es resolver las acciones que se deberán tomar durante esta semana.
Atentos
En tanto, ayer las organizaciones Slow Food, Consumidores y Usuarios Asociados, la Red de Agroecología y Graneco (una red de productores orgánicos) se reunieron con la defensora del Vecino, Ana Agostino, para presentar una denuncia sobre el tema, preocupados por la posibilidad de que se dejara de aplicar el decreto. Agostino trasladará el pedido de informes por escrito, pero ayer, en una reunión con el intendente, Daniel Martínez, le transmitió el planteo. Martínez le informó que el decreto sigue vigente y está a estudio, ante lo que Agostino planteó que se hará el seguimiento correspondiente: “Si decidieron tomar este período está bien, pero debe existir un plazo para tener una respuesta definitiva”, consideró.
Laura Rosano, coordinadora de Slow Food, dijo que le pedirán una entrevista a la directora de la División Salud para saber si se está cumpliendo el decreto, para consultar si esta revisión “conlleva un alto en los análisis y las multas y, si nos dicen que se sigue aplicando, encontrar la forma para verificar que sea así”. Por su parte, el edil blanco por el Partido de la Concertación Diego Rodríguez elevó un pedido de informes a la IM sobre el tema.