Legisladores de todos los partidos con representación parlamentaria, excepto Unidad Popular, firmarán hoy un proyecto de ley que busca regular la asignación de publicidad oficial. El proyecto fue elaborado por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, que lo presentó en junio. En una actividad organizada hace algunas semanas por el Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones y el Acceso a la Sociedad de la Información en América Latina, el presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Sánchez (Espacio 609), había adelantado que el proyecto sería ingresado con firmas no sólo de los parlamentarios del Frente Amplio (FA).
Quienes firmarán hoy el proyecto de ley, con una única exposición de motivos, serán Sánchez y los diputados Julio Battistoni (Espacio 609, FA), el nacionalista Pablo Abdala (Alianza Nacional), el colorado Ope Pasquet (Batllismo Abierto) y el independiente Iván Posada. Consultado por la diaria, Pasquet indicó que en la exposición de motivos se explicita que el proyecto busca poner el tema en la agenda parlamentaria, por lo que no implica “estar de acuerdo en todos los puntos y comas de su redacción”. Consideró que es una propuesta “bien lograda y bien rumbeada”, que propone “bases de transparencia” para la asignación de publicidad desde organismos estatales.
En una línea similar, Posada señaló que se trata de “una muy buena base de discusión” y que la comisión de Constitución y Códigos debería tratar el proyecto posteriormente. El diputado resaltó la necesidad de que el tema comience a discutirse en el Parlamento, porque ha estado en la agenda de todos los partidos, “pero no se le ha hincado el diente”. Consultado al respecto, Abdala también dijo que es “una buena base para dar la discusión” y que su firma “no compromete en absoluto la posición del Partido Nacional”.
El proyecto de ley considera a la publicidad oficial como “una herramienta de los organismos públicos para informar, comunicar y explicar a través de los medios de comunicación social” sobre sus servicios y políticas que impulsan. Además, establece que la información que se transmita mediante ese mecanismo “debe ser veraz, objetiva, clara, transparente, necesaria, oportuna y relevante para la población”. El texto también prohíbe su utilización como castigo o premio a medios y periodistas, no permite la publicidad oficial durante campañas electorales y obliga a organismos públicos, medios y agencias de medios a publicar la pauta que contratan o reciben.