La Intergremial judicial convocó ayer una conferencia de prensa antes de una reunión que mantendrá hoy con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro. Lo que unió a las asociaciones de Funcionarios Judiciales, de Actuarios Judiciales, de Defensores de Oficio, de Magistrados y de Magistrados Fiscales fue el conflicto con el Poder Ejecutivo por el aumento salarial que reclaman desde 2011, a raíz de la Ley de Presupuesto de 2010, que, a su entender, generó el aumento salarial de los trabajadores del Poder Judicial al equipararlos a los sueldos de los ministros de Estado.
“Los trabajadores judiciales recibimos este beneficio salarial durante tres meses y medio, generando un derecho adquirido”, afirmó ayer el secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales, Carlos Fessler. Luego devino una serie de leyes modificativas de la que originó el conflicto, y declaraciones de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que mantuvo la postura de que corresponde el aumento por el enganche salarial consagrado en distintas leyes, mientras que el Ejecutivo argumentó que el Legislativo no aprobó la ley con el objetivo de alcanzar a los funcionarios judiciales sino sólo a los cargos que explicitaba.
En 2014 se aprobó la Ley 19.310, que establecía un aumento de 8%, pero los trabajadores reclaman el aumento de 26% y se respaldan en una sentencia judicial, apelada por el Ejecutivo y todavía en proceso, que obliga a compensar a 4.000 trabajadores. En su pedido presupuestal, la SCJ solicita un aumento para sueldos que equivaldría a un incremento de 21,6%.