El jueves 29 el titular del Ministerio de Salud Pública (MSP), Jorge Basso, les entregó a los presidentes de las comisiones de Salud del Senado y de Diputados, Marcos Carámbula y Luis Gallo, los “Aportes para los contenidos de una Ley de Salud Mental en Uruguay”. Esos insumos resultan de un trabajo de tres meses que reunió a organizaciones de la academia, de profesionales, usuarios, familiares y de instituciones públicas y de derechos humanos.
Las bases de la nueva ley hacen hincapié en la promoción de la salud mental y en la prevención de los trastornos mentales. Apunta a “garantizar la atención integral en salud mental en el ámbito del Sistema Nacional Integrado de Salud” desde un modelo comunitario.
Se insiste en el trabajo interinstitucional para facilitar la inclusión de personas con trastornos mentales en la comunidad. El texto habla de promover la inclusión laboral, la generación de emprendimientos autónomos y cooperativas, programas de trabajo protegido y el reintegro a las personas al lugar de trabajo, con los ajustes necesarios. Hay compromiso para diseñar planes de vivienda para personas con trastornos mentales severos, que contemplen “una gama de modalidades residenciales”, con diferentes propuestas habitacionales, “desde las más protegidas a las más autónomas”. Hay un compromiso para garantizar el acceso a la educación y la cultura. Se asume que las personas tienen discernimiento para tomar decisiones “hasta que se demuestre lo contrario”, y se explicita que “la designación de un curador no debe implicar que la persona pierda todo su poder de decisión, la posibilidad de actuar por sí misma en toda circunstancia, ni su dignidad”.
Modelo de atención
Se apunta a “un modelo comunitario de atención integral en salud mental, sustentado en un paradigma de recuperación”. “Se prohibirá el ingreso de nuevos usuarios a estructuras asilares” y “se impulsará la desinstitucionalización con un proceso progresivo”. Las estructuras asilares “deberán adaptarse a los objetivos y principios expuestos, hasta su destitución definitiva por los dispositivos alternativos”, dice el texto. Contempla la necesidad de redireccionar recursos humanos y financieros para crear “alternativas de inclusión residencial y comunitaria”. El abordaje se apoyará en equipos interdisciplinarios.
Se recurrirá a la hospitalización en situaciones agudas, intentando que la persona permanezca en el sanatorio durante el menor tiempo posible, pero “sin límite temporal de cobertura por parte del prestador de salud”, como ocurre ahora.
Se piensa en implementar estrategias de abordaje y rehabilitación centradas en las necesidades de cada persona, en coordinación con las posibilidades de cada familia. El proyecto contempla cómo y cuándo puede hacerse la hospitalización involuntaria (que sólo será con fines terapéuticos); para eso se buscará la conformidad de un familiar cercano o un representante, la firma de dos médicos y el abordaje posterior del equipo interdisciplinario. Los recursos humanos deberán tener formación específica en salud y guiarse por principios de humanización y sensibilización.
Revisor
El documento prevé la creación de un órgano de supervisión y revisión que deberá “proteger los derechos humanos de las personas con trastornos mentales en el ámbito de los servicios asistenciales”, vigilar el cumplimiento de la ley, supervisar e inspeccionar ámbitos, tomar conocimiento dentro de las 24 horas de la internación involuntaria -podrá comprobar luego la situación de las personas internadas- y recibir denuncias. Se propone que el órgano funcione en la órbita del MSP y que esté integrado por un psiquiatra, un psiquiatra pediátrico, un médico legista, un licenciado en enfermería, un psicólogo, un trabajador social, un abogado designado por el Ministerio Público y Fiscal, otro abogado designado por la Institución Nacional de Derechos Humanos, un representante de los usuarios, uno de familiares y uno del MSP.
Pero hay quienes plantean que ese órgano no debería funcionar dentro del ministerio. La semana pasada el grupo de Salud Mental Comunitaria de la Universidad de la República invitó a la presidenta del Órgano Revisor de los Derechos Humanos de la Ley de Salud Mental de Argentina, Graciela Iglesias. En diálogo con la diaria, Iglesias expresó que el órgano que dirige es autónomo y tiene asiento financiero en la Defensoría General de la Nación. Consultada por la posibilidad de que en Uruguay el órgano revisor de la futura ley se ubique en el ámbito del MSP, opinó que no debería ser así, porque “hay una disposición en el manual de legislación de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud que, con toda claridad, habla de cuáles son las funciones específicas de un órgano de revisión, cuyas características son independencia, autonomía e intersectorialidad”. Sostuvo que, de lo contrario, “quien va a ser monitoreado, quien tiene que recibir los dictámenes, los estándares y los requerimientos sería el mismo que supervisa”.
Gerardo Núñez, diputado del Partido Comunista, dijo a la diaria que en las próximas semanas la bancada bicameral del Frente Amplio se reunirá con autoridades del MSP y luego citará a las organizaciones sociales. Con esos aportes comenzará a elaborar el proyecto de ley. Núñez también señaló la necesidad de que el órgano revisor tenga mayor independencia y mayor poder de acción. Dijo que a fines de 2015 o comienzos de 2016 se podría aprobar la nueva ley.