Adriana Umpiérrez coincidió con la denuncia que había hecho la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) y calificó lo ocurrido el 24 de julio en el centro Ceprili del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), cuando 35 funcionarios ingresaron al módulo C a reducir violentamente a dos internos, como tortura. De los 26 funcionarios para los que pide procesamiento, la fiscal considera que 16 son autores o coautores de torturas y diez, cómplices. Esta última es la figura por la que pide el procesamiento de Joselo López, presidente del Sindicato del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (SUINAU) y vicepresidente del PIT-CNT, quien no participó en la acción de represión directamente pero estuvo presente, y fue quien, luego de difundido el video, intentó justificar el accionar de los funcionarios diciendo que estaba dentro del protocolo de actuación. También pide el procesamiento, como autor o coautor, del director del Ceprili, Alfredo Rivas, y del subdirector, entre otros jerarcas del Sirpa.
La fiscal pidió que todos los procesamientos sean con prisión, debido a que “los derechos en juego eran de suma trascendencia”, porque refieren precisamente “a una obligación del Estado de reeducar que se está dejando abiertamente de lado por los funcionarios encargados”, y por la “notoria alarma social” que generaron los hechos.
Además, Umpiérrez solicita que se abra otra causa aparte para estudiar lo que pasó antes del video, es decir, en el intento de fuga de algunos internos del pabellón B, que ocurrió a las 16.30 en el Ceprili y durante el que, según denunciaron los jóvenes, fueron víctimas de tortura. “Los gurises fueron golpeados, a uno lo desmayaron, los dejaron más de dos horas en el piso amarrocados, engrilletados en el barro, en el frío, les tiraron agua; más o menos lo que es rutinario, lamentablemente”, explicó la abogada de los internos, Verónica Carneiro, ayer en rueda de prensa. Algunos de los funcionarios que después aparecerían en el video también participaron en estos hechos, que, según el escrito de la fiscal, motivaron lo que ocurrió esa noche. A raíz del intento de fuga los funcionarios se movilizaron y llamaron a representantes del sindicato, entre ellos a López.
Empezar a ver
Integrantes de listas minoritarias del SUINAU repudiaron los hechos difundidos en el video y aclararon que “se trata de una minoría” de funcionarios. Ayer, en un debate organizado por la Asociación de Estudiantes de Educación Social Juan Quevedo (lista 1886), también rechazó las afirmaciones del presidente del SUINAU, Joselo López, y de “la corriente mayoritaria” de que “así se actúa normalmente”, y dijeron que “sí existe un protocolo” desde 2008, pero además “está el protocolo del sentido común”, porque “no pueden entrar 30 personas a reducir a dos que habían tirado lo que tenían en la mano”. Opinaron que con los pedidos de procesamiento quizá cambie la visión de la mayoría de los funcionarios, que “no ven lo que pasó” y sólo “imputaron” a uno.
Más que malos tratos
Aunque los funcionarios negaron que haya sido una reunión sindical, “de hecho se gestó la misma”, afirma la fiscal en el escrito, y marca que se les trancaron las puertas a los internos y no hubo guardia de urgencia. Por la desatención a raíz de esa reunión es que dos internos del pabellón C rompieron el candado de su celda y la tapa del patio, lo que motivó que acudieran los funcionarios. Los primeros en entrar fueron el director del centro, Rivas, y el funcionario Walter Barboza, pero después de unos segundos terminaron entrando 35 funcionarios. “Es allí donde operan una serie de conductas que ingresan individual y colectivamente en la definición legal de tortura, sometiendo a los internos a sufrimientos físicos y mentales, que se ajustan sin esfuerzo a lo definido como ‘tratos crueles, inhumanos y degradantes’. Las conductas son dinámicas, y van desde los golpes de puño o puntapié, el uso de elementos químicos (gas de extintor) dentro de pequeños recintos donde estaban los jóvenes, retiro de sus pertenencias de las habitaciones y sujeción en el piso de manera degradante, con la cara hacia el suelo”, detalla la fiscal. “‘Malos tratos’ viene a ser una definición genérica”, explicó la fiscal en la conferencia de prensa que brindó para explicar su pedido, donde dijo que lo que pasó en el Ceprili es “más complejo que simple malos tratos”. También cuestionó la requisa que realizaron los funcionarios: “Una vez reducidos los dos jóvenes en una actividad que no demora más de un minuto, sin que existiera ningún otro elemento de peligro [...] se inicia por el personal, en el desmedido número ya reseñado, lo que se denomina como una ‘requisa’, que significó la apertura y el ingreso a la totalidad de las habitaciones del módulo, sacando a los jóvenes, que eran esposados y engrilletados permaneciendo todo el margen de tiempo” en el patio. Sobre el uso del extintor, explicó que si bien los funcionarios argumentaban que había fuego en una de las celdas, los internos lo niegan, y no se registraron vestigios de ese incendio en la inspección ocular. Incluso el director del centro negó que hubiera habido fuego, y en el informe la fiscal detalla que el uso del extintor provocó convulsiones y un ataque de asma a uno de los internos. Además, añade que concurrió el Suat pero no se le prestó asistencia médica “frente al procedimiento represivo”.
La fiscal explicó que quienes “actuaron directamente” son considerados autores o coautores, aunque no diferencia quién es quién en esta etapa. Sobre los considerados cómplices, el escrito dice que son “los que en principio no se evidencia una conducta directa en los hechos, en realidad en una disquisición muy fina, porque todos, en mayor o menor medida, registraron una conducta, pero en esta etapa se valoran como voluntades de ayuda conscientes con su presencia y aquiescencia a la escena, robusteciendo el grupo”. Sobre los indagados para los que no pide pronunciamiento, otros nueve funcionarios, la fiscal aclaró que eso no es definitivo.
En espera
La defensa de los acusados presentará sus descargos en audiencia hoy a las 15.00. El juez Gustavo Iribarren podría tomar una resolución hoy, aunque tiene 45 días para hacerlo. Natalia Fleitas, abogada del director del Ceprili, acusado como autor o coautor de las torturas, consideró “excesivo” el pedido de la fiscal. Se quejó de que por “alguna actitud desmedida por parte de otros funcionarios, son todos juzgados por el mismo artículo”, en referencia al 22 de la Ley 18.026, que establece el delito de torturas. Para Juan Fagúndez, uno de los abogados del SUINAU, la figura penal imputada “no es la adecuada a la situación”. Según datos del Poder Judicial, hay cinco procesados por este delito.
En tanto, los dirigentes del PIT-CNT se reunieron ayer con la cúpula del SUINAU, pero prefirieron no opinar sobre la solicitud de la fiscal, a la espera del pronunciamiento del juez. El secretario general de la central sindical, Marcelo Abdala, dijo que cuando esté el fallo habrá que “convocar al Secretariado Ejecutivo”, y opinó que no es necesario que se reúna el Congreso del PIT-CNT en caso del cambio de autoridades. “El congreso eligió a la Mesa Representativa, pero es la mesa la que elige al Secretariado”, consideró.