El anuncio del gobierno de decretar la esencialidad de los servicios educativos dividió en dos al sistema político. La medida no supuso un corte tajante entre gobierno y oposición. Tanto dirigentes del Frente Amplio (FA) como de los demás partidos tomaron posicionamientos que dividieron las internas partidarias.

El ejemplo más claro de esta división se dio en el propio oficialismo, que en lugar de abroquelarse detrás del decreto anunciado por la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, fue donde se generó el grueso de las críticas a la medida. En busca de recomponer la resquebrajada relación entre el movimiento sindical y el FA, el Secretariado de esta fuerza trabajará en un espacio de mediación entre el gobierno, el PIT-CNT y los sindicatos de la educación, para intentar recuperar el diálogo entre las partes.

Durante la reunión que el presidente Tabaré Vázquez mantuvo con la bancada de legisladores oficialistas y el Consejo de Ministros para presentar el proyecto de ley de presupuesto quinquenal, el mandatario anunció que declararía la esencialidad de los servicios educativos. En ese mismo momento obtuvo una respuesta del diputado socialista Gonzalo Civila, que le dijo que discrepaba con la medida, que consideró equivocada por afectar la unión del llamado “bloque de los cambios”. El presidente, dijeron fuentes que estaban en el encuentro, respondió que lo central en la situación eran los estudiantes y su derecho a recibir educación.

Otras voces en el oficialismo no sonaron tan discordantes con la medida, aunque tampoco la respaldaron. El senador Rafael Michelini (Nuevo Espacio) sostuvo que el gobierno debe “extremar esfuerzos para encontrar una solución en la que haya un equilibrio entre los derechos de los maestros y profesores y el derecho de los niños a su educación”. La senadora de Asamblea Uruguay Daniela Payssé recordó que Vázquez había planteado durante la campaña que, de ser necesario, iba a tomar esta medida. “Es una facultad del Poder Ejecutivo que se decreta para encaminar una situación que está compleja. No es novedad”, dijo. En tanto, el senador de la lista 711 Leonardo de León afirmó que “está bien utilizar la esencialidad en algunas áreas del país”. Evitando pronunciarse sobre la medida, sostuvo: “Acá en el centro de todo tienen que estar los gurises. Habrá que analizar si los sindicatos no tenían alternativas y tenían que ir sí o sí a este conflicto tan largo que habían anunciado”.

Las críticas al gobierno abundaron. Para el diputado comunista Óscar Andrade la decisión fue “un desastre” y “aborta cualquier posibilidad de acuerdo”. Se trata, aseguró, “de la peor decisión posible”. La senadora del MPP Ivonne Passada dijo, en la misma línea, que “no es el mejor camino mientras se busca el diálogo”. “Cuando más problemas hay, más hay que dialogar”, resumió. En tanto, Sebastián Sabini, también del MPP, llamó en Twitter a “trabajar para que se levante este decreto, no ayuda ni al conflicto ni a la educación”.

Además, el sector Casa Grande emitió una declaración en la que advierte que la medida “puede entorpecer innecesariamente las legítimas negociaciones por el presupuesto de la educación”. La pronunciación también advierte que la declaración “pueda ir contra convenios suscritos por el Uruguay en la Organización Internacional del Trabajo”.

En la misma línea, el grupo frenteamplista M764 emitió una declaración en la que afirma que “ni el peor [Julio María] Sanguinetti se animó a usar” este instrumento.

Desde enfrente

El decreto sobre la esencialidad también dividió las aguas en filas opositoras. Entre los nacionalistas, el senador Luis Lacalle Pou se mostró contrario a la medida. “Exageradas medidas para reclamo justo, exagerada reacción del gobierno, empieza por la última alternativa. FA alentó esta situación”, escribió en Twitter. En tanto, el senador Jorge Larrañaga dijo a la diaria que “entre los derechos a tutelar, hay que defender el derecho de que los hijos de los uruguayos se eduquen”. “No es aceptable que pague el más pobre”, agregó. El senador dijo no haber visto el decreto, pero interpretó que “va en una línea que comparto, en cuanto a defender el derecho de que la gente pueda educar a sus hijos”.

En filas coloradas, el senador José Amorín sostuvo que hay que priorizar “salvaguardar el derecho a la educación”. Si bien dijo no conocer en detalle las negociaciones, sostuvo que en última instancia es necesario “intentar todas las medidas para que se dicten clases en forma normal”. En tanto, el también senador colorado Pedro Bordaberry recomendó aprobar su proyecto de ley, que establece un mínimo de 200 días de clase obligatorios, y así “no tenemos que recurrir a esencialidades no del todo claras”.

El Partido Independiente y Unidad Popular cuestionaron la medida. El senador Pablo Mieres consideró que no hay marco jurídico para llevarla a cabo, y el diputado Eduardo Rubio opinó que es “un atropello injustificable”.