El jueves el intendente de Salto, Andrés Lima, fue violentado verbalmente por unas 100 personas, a la salida del edificio municipal. Lo increparon porque anunció -desde antes de asumir- que una comisión especial está estudiando unos 500 puestos de trabajo que fueron creados bajo la administración colorada. La intención de Lima, según explicó el intendente al diario El Pueblo de Salto, es despedir a algunas de las personas que “tuvieron cargos de confianza, ediles que renunciaron para ser funcionarios de la administración, punteros políticos, que son aquellos que marcaban tarjeta pero que cumplían las horas de trabajo fuera de la Intendencia. Lo mismo para aquellos que fueron contratados en 2015 contra normativas en plena campaña electoral sin consentimiento del sindicato, algunos de ellos son los rompehuelgas de los trabajadores de recolección”, entre otros. Sin embargo, aseguró que “todavía no hay números. Sería un manejo irresponsable porque implica generar alarma social entre los trabajadores, una vez que estén las conclusiones lo anunciamos, pero mientras estamos trabajando no contribuye ir diciendo”, afirmó.
Ante los agravios, la Intendencia de Salto (IS), por un lado, y la Policía Departamental iniciaron investigaciones de oficio. Además, uno de los acompañantes de Lima, el chofer de la IS Alberto Acosta, fue agredido físicamente y también realizó una denuncia.
Según dijo Lima a El Observador, considera que el episodio violento demuestra “intolerancia y apresuramiento”. “Apresuramiento porque se están analizando 500 designaciones directas que se hicieron el año pasado, se están analizando los vínculos contractuales, pero todavía no hay una resolución”. Intolerancia porque “si alguno de estos trabajadores considera que está incluido en la lista de cese, lo correcto hubiera sido pedir una reunión para analizar la situación y no lo que pasó la semana pasada”, explicó, y agregó: “Si algo me ha caracterizado es el diálogo”.