Durante los próximos 30 días el PIT-CNT no tendrá vicepresidente. Quien ocupa ese puesto, Joselo López, no ejercerá su cargo durante ese lapso, en el cual una comisión que conformará la central analizará su accionar y el del Sindicato Único del INAU (SUINAU) en los hechos ocurridos la noche del 24 de julio en el hogar Ceprili del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), dados a conocer la semana pasada por un video. El movimiento sindical deberá determinar si lo hecho por el dirigente y el sindicato “se ajusta o no a la ética y los principios del movimiento sindical”, expresó el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira.

La propuesta de la investigadora fue realizada ayer en el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT por el sindicato que el propio López representa allí, la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado. La comisión se llamará oficialmente Ética y Propuesta, según una resolución que emitió ayer el Secretariado, y además de analizar los hechos, trabajará sobre “propuestas concretas de cara al futuro”, con el objetivo de preservar los derechos humanos tanto de los adolescentes como de los funcionarios. El cuerpo estará integrado por la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, la sala de abogados de la central, la Comisión de Militantes y Fundadores de la ex CNT, y delegados de las cuatro corrientes representadas en el Secretariado. Si bien se espera que este cuerpo se pronuncie en 30 días, dirigentes del PIT-CNT mencionaron que, de ser necesario, se podría extender su plazo. Ayer el SUINAU pegó primero y presentó una extensa documentación referida a las condiciones de trabajo de los funcionarios del Sirpa, a la “no existencia” de un protocolo de actuación claro y a las denuncias que el propio sindicato realizó durante todos estos años sobre las condiciones de reclusión de los jóvenes, dijeron integrantes del Secretariado.

Además, el propio López fue quien propuso autoexcluirse de su cargo de vicepresidente del PIT-CNT y del Secretariado Ejecutivo para dar “transparencia” a la investigación, explicó el dirigente Ricardo Cajigas, integrante de la misma corriente sindical, la lista 41. La resolución del PIT-CNT tuvo 12 votos a favor y una abstención. La voz disidente fue la del dirigente de la Federación de Empleados y Obreros de la Bebida, Richard Read, quien a priori era el que se había mostrado más crítico con el accionar de Joselo López y el SUINAU.

La central también emitió una resolución en la que deplora las “agresiones que se ponen de manifiesto en el video que ha trascendido” la semana pasada y “ratifica la orientación” del PIT-CNT en “la defensa integral de los derechos humanos”. El movimiento sindical reclama “cambios radicales” en la institucionalidad del Sirpa “para que estos sucesos lamentables no vuelvan a ocurrir”. También se expresa la necesidad de crear un ámbito de diálogo con las autoridades de este organismo y del Ministerio de Desarrollo Social, además del SUINAU y del PIT-CNT, para trabajar en la mejora institucional del Sirpa en varios aspectos, como su metodología para la rehabilitación, su infraestructura, las características de su personal, las condiciones de trabajo de sus funcionarios y de la reclusión de los adolescentes en conflicto con la ley, entre otras cosas.

Será sólo un rumor

Ayer, en medio del debate del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, se dio a conocer que tres internos se habían fugado del Hogar Ceprili. En un principio, la presidenta del Sirpa, Gabriela Fulco, había sostenido a Canal 10 que los tres menores debían declarar a la Justicia por el caso del video, pero luego se comprobó que la información era incorrecta y las autoridades del Sirpa se rectificaron. El dato no pasó inadvertido en la sesión del Secretariado de la central. Cajigas propuso que la central se expresara respecto de la “maniobra” de la presidenta del Sirpa, aunque la acción no prosperó. Fuentes del Sirpa indicaron que, para lograr fugarse, los internos debían pasar por seis puertas y tres de ellas estaban abiertas, aseguraron.

Fuera de protocolo

La fiscal Adriana Umpiérrez, que investiga los hechos acontecidos en Ceprili el 24 de julio, dijo que algunas de las actitudes que se ven en el video “no pueden ajustarse a ningún protocolo”. “Es evidente que los adolescentes infractores son personas que están en conflicto con la ley, sabemos que son personas a veces difíciles [...] pero, justamente, el personal y los técnicos tienen que estar adaptados a esa demanda, para algo están en ese puesto”, declaró la fiscal, consultada por la prensa a la salida del juzgado. Ayer declararon como testigos ocho jóvenes internos en Ceprili. Estaba previsto que lo hicieran 12, pero los últimos testimonios se suspendieron porque “los adolescentes estaban desde muy temprano en la sede” y “si bien se les había conseguido alimento, reclamaban otras necesidades y ya estaban un poco agotados”, explicó la fiscal. Las audiencias con los jóvenes se retomarán el lunes. Para este miércoles, jueves y viernes está previsto que declaren 36 funcionarios, en tandas de 12.

Según informó Umpiérrez, la defensa de los jóvenes solicitó que se garantizara su seguridad, teniendo en cuenta que conviven con los funcionarios denunciados, y la fiscalía remitió el pedido a los lugares de internación, para que se adopten “todas las medidas de seguridad”.

Otra de las declarantes ayer fue Natalia Fleitas, abogada que concurrió en representación del director de Ceprili, Alfredo Rivas. La profesional declaró que su defendido estuvo presente en el lugar de los hechos y que aparece en el video intentando convencer a los jóvenes de que arrojen los pedazos de baldosas que tenían en la mano, solicitud a la que los adolescentes acceden, antes de que se produzca el ingreso de los funcionarios. Fleitas dijo que su defendido “deslinda responsabilidades” porque “no está involucrado en ningún acto de violencia”. “Él, en todo momento, intentó entablar un diálogo con los menores para que se calmaran”, manifestó la abogada.

Por otro lado, las autoridades de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que declararon el lunes, le presentaron un informe al juez en el que constatan, en base a inspecciones al centro, que el personal de Ceprili “carece de la capacitación necesaria para desempeñarse de manera efectiva y segura”. Además, señalan que los jóvenes “manifestaron que durante los episodios de fugas, al ser recapturados, siempre sufrirían lesiones causadas por el personal interviniente”. “De hecho en la última oportunidad, a uno de ellos le habrían roto los dientes incisivos centrales superiores [paletas] de una patada, otros describieron cómo eran reducidos colocándoles medidas de sujeción en muñecas y tobillos y después les golpeaban”, indica el informe. “También dieron cuenta de que a pesar de ser derivados a médico forense por orden judicial para ser examinados, el mismo habría hecho caso omiso y en algunas oportunidades ni siquiera habían sido escuchados por el juez competente”, añade el documento. El 24 de julio, uno de los adolescentes lesionados sufrió la pérdida parcial de los incisivos centrales superiores a causa de los golpes.