Les siguen pegando

El viernes, mientras las autoridades del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) asistían a la interpelación, y tras conocerse el procesamiento de 26 funcionarios del Sirpa por torturas, trabajadores del Centro de Privación de Libertad (Ceprili), del Centro de Ingreso, Estudio, Diagnóstico y Derivación (CIEDD) y del CMD 1 -ex centro Ser- empezaron a abandonar sus lugares de trabajo y a dejar los centros prácticamente vacíos, denunciaron a la diaria abogados de los jóvenes recluidos allí. El sábado, los funcionarios de esos centros acudieron al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para hacer una entrega simbólica de llaves, y comenzó la negociación con las autoridades; en esas horas la carencia de personal se acentuó, lo que llevó al gobierno a declarar la esencialidad para los tres centros.

La directora del Sirpa, Gabriela Fulco, explicó a la diaria que tanto en el CMD 1 como en el CIEDD y el Ceprili quedaron el sábado entre dos y tres funcionarios por centro, y en algunos de ellos, llegada la tarde, no quedó ninguno. Explicó que la esencialidad declarada el sábado sólo obligaba a que hubiera una “guardia mínima” para dar comida a los internos y trasladarlos a enfermería, pero después “se paralizan todas las actividades, lo que determina un encierro de 24 horas para los privados de libertad, que deberían ser el foco de atención de todas las partes”. “Si nos importan los jóvenes, no hay que hacer cosas que les generen un perjuicio”, agregó.

La situación más compleja ocurrió en el CIEDD: al no haber ningún funcionario, los jóvenes rompieron los candados de las celdas y empezaron a circular, destrozando la infraestructura del lugar. Según explicó Fulco, previa autorización del juez, las autoridades solicitaron el ingreso de la Guardia Republicana porque, “al quedar el servicio sin funcionarios -y los jóvenes saben eso-, empezaron a protestar, a romper cosas, a gritar y a hacer un llamado de atención sobre su situación. Hubo quema de colchones, ruptura de candados, y dado el nivel de las rupturas, fue necesario trasladar a 19 jóvenes al CEDD Burgues, a un celdario que no estaba siendo utilizado”. El traslado comenzó a las 23.00 y terminó a las 2.00. Según denuncia el sindicato del INAU (SUINAU), los jóvenes fueron golpeados por la Guardia Republicana y los funcionarios constataron esta situación recién “en la mañana, tarde”, explicó a la diaria el secretario general del sindicato, Carlos Salaberry. El dirigente aseguró que los funcionarios constataron que los jóvenes tenían marcas de golpes y que uno de ellos tenía un corte en la cabeza, por lo que se le hizo una sutura de varios puntos. “Desde que llegaron [al CEDD], a las 2.00, estuvieron esposados hasta que en la mañana, tarde, los funcionarios constataron las lesiones y nos convocaron [a las autoridades del SUINAU]. Quisimos dejar constancia de que los trabajadores no tenían nada que ver, por lo que labramos un acta con el responsable de salud del Sirpa, y con el abogado, mañana, la vamos a transformar en denuncia”, explicó Salaberry, y comentó que el sindicato “enteró a legisladores y otras personas de la situación que estaba planteada”. Una de esas “otras personas” fue el director nacional de Trabajo, Juan Castillo, a quien Joselo López le comunicó que tenía “testimonios, fotos y pruebas de que en el traslado hubo abusos”, según contó Castillo a la diaria.

En la tarde del domingo los jóvenes fueron vistos por un médico del Sirpa, que está elaborando un informe, y también recibieron la visita de integrantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), de diputados de la comisión de Legislación del Trabajo y de Fulco. Alertados de lo sucedido por funcionarios del INAU, los diputados frenteamplistas Luis Puig (Partido por la Victoria del Pueblo) y Óscar Andrade (Partido Comunista) recorrieron ayer el CEDD Burgues y dialogaron con los jóvenes. Más tarde, se sumaron Fulco y el diputado colorado Fernando Amado. “Les dieron una paliza enorme, hay varios lastimados. Los gurises nos dijeron textualmente: ‘Nos subieron adentro del ómnibus y nos cagaron a palos’. Da pena verlos: hay uno de 15 años que parece de diez, al que le pegaron con una saña... Y durmieron sin colchones, esposados y engrillados”, relató Puig. El legislador opinó que esto debería motivar “una indignación similar” a la generada con el video del Ceprili. “Acá se siguen violando los derechos humanos de los gurises y de las personas privadas de libertad en general. Hay que empezar un proceso en el que se entienda que con golpes y con encierro no se va a solucionar la situación. Acá hay responsabilidades de todos lados: de los funcionarios, pero también de una campaña sistemática de la derecha para estigmatizar a esos gurises, y también del Parlamento, de todos los partidos, por haber votado el aumento de las penas, que generó mayor hacinamiento y la idea de que el encierro es la solución”, sostuvo Puig. Agregó que si las autoridades del Sirpa no hacen la denuncia penal por estos hechos, la harán los legisladores de la comisión.

Responsabilidades

Respecto del abandono de los lugares de trabajo el viernes y el sábado, Salaberry admitió que un trabajador no puede retirarse hasta que otro tome su turno. Acotó que “el viernes lo que pudo haber habido es que entre los procesados hubiera un turno completo en alguno de los servicios”. “Capaz que no hubo previsión de quién tenía que tomar el turno, pero vacío, vacío nunca quedó”, manifestó. Acerca de lo sucedido en el CIEDD, donde los jóvenes destrozaron el lugar, Salaberry dijo que ese día hubo una asamblea, que los funcionarios “le entregaron las llaves a la administración” y que “los tres centros estaban intervenidos por la Guardia Republicana”, por lo que deslindó responsabilidades por lo sucedido.

Fulco, en cambio, puso el foco en la actitud de los funcionarios. “¿Cuál es el origen? El abandono del servicio, porque acá no vamos a poner foco en las protestas de los jóvenes, [lo que hicieron los funcionarios] es como abandonar a un paciente en el quirófano. Son situaciones de extrema vulnerabilidad; es impensable que alguien deje así un centro”, cuestionó la jerarca. Dijo que hoy las autoridades evaluarán si corresponde tomar alguna medida interna contra los funcionarios que abandonaron los centros. Respecto de la agresión de la Guardia Republicana, Fulco señaló que después de tener los partes médicos y de tomar actas a los jóvenes, algo que llevará todo el día de hoy, las autoridades del Sirpa eventualmente presentarán una denuncia penal. “Algunos de los jóvenes estaban lastimados, y aparentemente eso ocurrió durante un traslado”, indicó la jerarca. Por otra parte, confirmó que cuenta con custodia policial desde el viernes, tras los procesamientos de los funcionarios por una causa en la que fue la denunciante junto con la INDDHH.

El famoso protocolo

El sábado, el SUINAU resolvió comenzar una huelga por tiempo indeterminado y exigió la renuncia de Fulco. Esa misma noche, el MTSS decretó la esencialidad, en atención a un pedido que el Sirpa había realizado el jueves, según supo la diaria. En la tarde del sábado, autoridades del MTSS, del INAU y del Sirpa, y representantes del PIT-CNT, la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado y el SUINAU -entre ellos el propio Joselo López- se reunieron y acordaron aceptar la propuesta de SUINAU y del PIT-CNT de instalar un ámbito de trabajo en el MTSS, con los actores presentes, para analizar, según consta en el acta, “eventuales modificaciones al protocolo de actuación de los funcionarios del INAU”. También se acordó evaluar “el personal necesario en cada dependencia”, el establecimiento de un “programa de trabajo para todos los centros del Sirpa” y “mecanismos mínimos que aseguren la integridad física del personal”. Este ámbito de trabajo comenzará a trabajar hoy a las 11.00 y al 28 de agosto deberá presentar una propuesta. Con estos puntos acordados, ayer de tarde el SUINAU se reunió nuevamente en asamblea y levantó la huelga, y por tanto también quedó sin efecto el decreto de esencialidad.