Martín Sanguinetti es economista. Junto con su colega Pablo Messina ha estudiado el gasto presupuestal de Uruguay en educación en comparación con otros momentos de la historia uruguaya y con los demás países de la región y del mundo. Durante unos meses, Sanguinetti y Messina también asesoraron a la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes). Entrevistado por la diaria, Sanguinetti explicó que su análisis es útil para reconstruir el escenario de gasto en educación desde 1961, con un indicador concreto, la prioridad macroeconómica, es decir, el porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) que se destina al sector.

Según Sanguinetti, la educación pública uruguaya empezó a “perder recursos” en 1968, con la sanción de la ley de educación, situación que se profundizó con el golpe de Estado, en 1973, cuando el gasto en educación “se desplomó”. La tendencia de caída en el gasto continuó hasta 1995, cuando empezó “un proceso de recuperación que dura hasta nuestros días y que los gobiernos progresistas lo han incrementado bastante”. “La recuperación del gasto en educación desde 2005 a esta parte fue importante en esa mirada histórica, pero recién en 2014 se recuperaron los mismos niveles de gasto que en 1968, especialmente en la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y la Universidad de la República (Udelar)”, explicó.

Es que, desde 2005, los sindicatos de la educación se quejan de que se consideren dentro del rubro educación gastos ya existentes, como la educación militar y policial, los Centros de Atención a la Infancia y la Familia, y el Plan Ceibal, ejecutado desde Presidencia de la República. Sanguinetti señaló que esto se debió a la intención del gobierno de pasar a mirar la asignación presupuestal por área programática. Sostuvo que “no es que esté mal”, sino que “lo que está mal es decir que se llegó a una meta [la de 4,5% del PIB para la educación] cuando no se llegó”. “Más cuando ANEP y la Udelar necesitan de 6% del PIB como mínimo, por las carencias históricas, para pagar salarios dignos, mejorar infraestructura y expandirse”, agregó. También dijo que, como históricamente se consideró a la ANEP y a la Udelar las instituciones encargadas de la educación pública, si se tiene en cuenta esa nueva composición del sector educativo, también habría que contabilizar los otros programas e instituciones en la comparación histórica del gasto.

Desde antes

Para el economista, los años de rezago presupuestal “son un problema” para la educación, principalmente porque en este tiempo hubo políticas expansivas en el sector. Por ejemplo, dijo que en la ley de educación de 1968 se planteó que el ciclo básico pase a ser universal, lo que hizo que desde ese año la matrícula de secundaria se cuadruplicara. Además, consideró que, junto con la salud y la vivienda, la educación suele ser “variable de ajuste” cuando hay una crisis. Para Sanguinetti, “el espacio fiscal no es una cosa técnica”, sino “una construcción política e histórica que ocurre por pujas sociales”.

Planteó que es necesario estudiar los impuestos, que representan 80% de los ingresos del Estado. “No es lo mismo que los impuestos recaigan sobre el consumo a que lo hagan sobre el capital o el patrimonio, en términos de estabilidad de ingresos. Uruguay tiene una estructura tributaria por la que la mayoría de los ingresos del Estado vienen vía impuestos al consumo, principalmente por dos mecanismos, el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto Específico Interno, que implican 62% de los impuestos que recauda la Dirección General Impositiva”, explicó.

Según dijo, el resto de los tributos son al trabajo, por medio del Impuesto a las Retribuciones de las Personas Físicas (IRPF), que representa 12% de la recaudación, e impuestos al capital, que son el Impuesto al Patrimonio, el IRPF categoría 1 y el Impuesto a las Rentas de la Actividad Económica. Además de que en las crisis el consumo baja, el economista señaló que los impuestos al consumo no tienen un potencial distributivo, porque los más pobres tienden a endeudarse para consumir y los ricos ahorran, por lo que se están cubriendo del impuesto, mientras que los otros están pagando impuestos por encima de sus posibilidades. Sostuvo que los impuestos al capital tienen la potencialidad teórica de gravar a quienes tienen mayor patrimonio o más renta, que se supone que en las crisis tienen más posibilidades de pagar.

Exonerados

Otro tema son las exoneraciones tributarias, que, según los cálculos de Messina y Sanguinetti, rondan 1,7% del PIB. El artículo 69 de la Constitución establece la exoneración de impuestos a las instituciones de enseñanza privada, que, además de no pagar impuestos, no pagan los aportes patronales a la seguridad social, renuncia fiscal que representa 0,45% del PIB. A esta situación se suma que, excepto las empresas públicas, las instituciones de la administración central, incluidas las de educación pública, pagan un “sobreaporte a la seguridad social”. “No pagan 7,5%, sino 19,5%; por tanto, hay una buena plata que se destina a educación que en realidad es un subsidio encubierto a la seguridad social”, consideró Sanguinetti.

El economista defendió el pedido de Fenapes de que los docentes grado 1 con 20 horas semanales ganen 30.000 pesos, en el entendido de que también trabajarían más horas fuera del aula para tareas de coordinación entre profesores y con el medio, propuesta que implicaría incrementar el salario 72%. Según Sanguinetti, los docentes en Uruguay hoy consiguen una remuneración aceptable para el promedio de la economía. “Para una economía tan desigual como la uruguaya, ganar el promedio es una cosa bastante buena, pero para conseguir eso los docentes trabajan muchas horas de aula. La mitad de los docentes tiene al menos dos trabajos y trabajan en promedio 50 horas semanales”, sostuvo. Esta situación contrasta con la de los países que presentan mejores resultados en educación, donde el promedio de horas aula de los docentes es de 19 a la semana. Recordó también que, cuando se compara la carrera docente con otras carreras profesionales para las que se estudia una cantidad similar de años, si bien la labor docente parte de una perspectiva salarial apenas por debajo de la de otras profesiones, a largo plazo los otros profesionales terminan ganando montos muy superiores.