Seguramente el asesinato del planchero de La Pasiva de 8 de Octubre y Garibaldi, ocurrido en la madrugada del 13 de mayo de 2012, fue el que más consecuencias simbólicas provocó durante el período de gobierno pasado. Las imágenes de las cámaras de seguridad del local, que mostraron cómo un par de menores de edad rapiñaron un local de la cadena de bares más popular de Uruguay y ejecutaron de un tiro a Gastón Hernández, fueron repetidas innumerables veces en los canales de televisión. Las consecuencias políticas del crimen llegaron hasta la Torre Ejecutiva, y de varias formas.

La más notoria fue el diseño, por parte del gobierno de José Mujica, de una estrategia para combatir la violencia en la sociedad, llamada “Por la vida y la convivencia”, que se presentó 37 días después de aquel homicidio. Mucho menos tardó en llegar a la sede del Poder Ejecutivo una multitudinaria manifestación. En la tarde-noche del lunes 14 de mayo, más de 2.000 personas coparon la plaza Independencia, en un confuso episodio de reclamo por más seguridad que además de a dirigentes de la oposición incluyó a algunos dirigentes frenteamplistas, como los por entonces diputados Alejandro Sánchez, Aníbal Pereyra, Susana Pereyra (esposa del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, quien era el principal chivo expiatorio de la convocatoria), Ivonne Passada y Julio Bango, además de dirigentes del PIT-CNT como Fernando Pereira y Fernando Gambera.

Usando un megáfono, una mujer leyó una proclama en la que se reclamaba que el gobierno defendiera a los “trabajadores honestos” y que el país tuviera “paz” para “trabajar, producir, tener y criar a nuestros hijos, sentirnos parte del mismo país para todos”. Se trataba de Romana Ferrer, una dirigente colorada que administraba el sitio web del Congreso Ideológico del Partido Colorado y era afín al senador Pedro Bordaberry, por entonces el principal impulsor de la baja de la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años. Aquel episodio le dio visibilidad a Ferrer. Dos años después, en las internas coloradas, la dirigente presentó su propia lista, la 1122, en Montevideo, apoyando a Bordaberry. Los resultados le fueron esquivos: de las 27 listas que se presentaron en Montevideo, la 1122 salió última, con 104 votos.

Quien aparecía en el séptimo lugar de aquella lista, Francisco Buscaglia, figura en varios afiches como uno de los tres convocantes que dan la cara para invitar a una concentración y marcha que comenzará mañana a las 18.00 en la plaza Cagancha y que llegará, una vez más, a la Torre Ejecutiva, nuevamente con proclama incluida. La frase de cabecera de la convocatoria es “no más trabajadores asesinados” y se pide expresamente a quienes concurran que no asistan con identificativos de partidos políticos.

Buscaglia, sin embargo, debió bajarse de la organización debido a compromisos laborales, explicaron los otros dos organizadores. “Va a apoyar pero como un trabajador más”, dijo María Eugenia Stahl, militante del Partido Independiente (PI) que actúa como organizadora a título personal, según explicó a la diaria. Por si acaso, el senador del PI, Pablo Mieres, aclaró: “Nosotros no estamos promoviendo esto”.

El otro organizador es Ruben Jorge Castro, un jubilado de 67 años que se autodefine “batllista”. Ha participado en varios actos del sector Batllistas de Ley y ha sido un fiel seguidor de las marchas que se realizaron en los últimos años para protestar contra la inseguridad. Fue electo convencional departamental en Montevideo por la lista 15305, liderada por el diputado Conrado Rodríguez, pero a principios de año se distanció del diputado, y ahora, asegura, no está realizando militancia partidaria, aunque todavía “saca fotos” en algunos actos. “¿Por ser dirigentes políticos no tenemos derecho a organizar una marcha? Acá no tienen que ver los líderes partidarios. La decisión la tomé yo y no le pregunté a nadie”, aclara. “Querer sacar rédito político de un muerto es de gente miserable”, dijo Stahl.

La gota que desbordó el vaso y “terminó de colmar la paciencia de los uruguayos” esta vez fue el asesinato de un policía emboscado por dos menores el viernes 7 de agosto en Santa Catalina, afirmó Stahl. Los organizadores resaltan que la cifra de casi 40 muertos en lo que va del año por rapiñas es indignante: “Me hablan de México, de Venezuela y de Brasil, pero acá van 37 personas asesinadas por ajustes de cuentas. ¿Estamos en Angola?”, se preguntó Stahl, que dijo: “No es necesario ser un militante político para que te caliente lo que estamos viviendo”.

A juzgar por las explicaciones de Castro, queda claro que la elección de la palabra “trabajadores” en la consigna de la convocatoria no refiere a un concepto de clase: “El término lo cubre todo: policías, taximetristas, el dueño de la panadería o el empresario que va a poner la plata de los sueldos, cualquiera de estos casos son trabajadores”.

Como era de esperarse, la militancia política activa y organizada no fue impermeable a la marcha. Militantes jóvenes de la agrupación nacionalista Ni me callo ni me voy, liderada por el ex candidato a alcalde del Municipio CH Martín Elgue, repartieron volantes ayer de mañana en la feria de Tristán Narvaja convocando a participar en la convocatoria. “El 18/8 Ni me callo ni me voy marcha contigo”, decían los volantes.