El 24 de diciembre se cumple otro natalicio: dos años atrás, el Poder Ejecutivo promulgaba la Ley de Regulación de la Marihuana, Nº 19.172, que 14 días antes había aprobado el Senado sólo con votos oficialistas, después de un largo proceso de trabajo entre el gobierno y varias organizaciones sociales. Pero a pesar de que el texto -y los sucesivos decretos reglamentarios- legalizaron el autocultivo y los clubes de membresía (además del cultivo y el uso medicinal) y de que el Decreto-ley 14.294, aprobado por la dictadura en 1974, despenalizaba el consumo de cannabis, en estos casi dos años de legalidad de plantas y 42 años de libertad para fumar hubo varios casos ilegales de detenciones, allanamientos e incautaciones de plantas.

Con el objetivo de informar a los oficiales sobre esas no tan nuevas normas, se presentó el jueves el Protocolo de actuación policial sobre Ley de marihuana y sus derivados, que el Ministerio del Interior (MI) elaboró en coordinación con organizaciones sociales como la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, Proderechos, el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay, la ONG El Abrojo y Movida Cannábica Florida-Uruguay. Con letras negras sobre fondo verde adornado con típicas chalas, de las que no se fuman, las 13 páginas del documento explican las prohibiciones y los derechos que incorporó la ley y establece los procedimientos sobre cómo actuar ante denuncias relacionadas con la tenencia de plantas.

“La población uruguaya o con residencia permanente, mayor de edad, puede acceder al cannabis por tres vías”, se aclara (el subrayado es del texto), y se detallan las dos vías que hoy están funcionando, a las que se suma la venta por medio de las farmacias, que podría entrar en efecto en el primer semestre del año que viene, siempre y cuando el Instituto de Regulación y Control del Cannabis otorgue en setiembre las licencias a las empresas cultivadoras, como anunció la semana pasada Milton Romani, secretario de la Junta Nacional de Drogas (JND). Se detalla la cantidad máxima de producción mensual para consumo doméstico (480 gramos), siempre y cuando haya registro, y el alcance de los clubes (hasta 45 miembros y 99 plantas).

Armar entre todos

“El protocolo es un ejemplo de diálogo entre el MI y las organizaciones sociales”, afirmó Martín Collazo, vocero de Proderechos, en diálogo con la diaria. En base a un texto inicial que presentó el ministerio, las organizaciones sugirieron cambios y agregados. “Es importante que se aclare que en el espacio público se aplican las mismas normativas para el uso de marihuana que para el tabaco”, comenta Collazo, y cuenta que el sábado, en Florida, la Policía le retiró a un grupo de jóvenes unas flores que estaban fumando. “Por suerte, estaba el activista Julio Rey [integrante de Movida Cannábica Florida-Uruguay]; hicieron la denuncia a Asuntos Internos y les devolvieron las flores”.

Pero ése no es un caso aislado. En el verano de 2014, un cultivador de El Pinar sufrió 24 horas de detención y la requisa de seis plantas. Fue un caso más de un limbo veraniego entre la aprobación de la ley y su reglamentación, pero hubo casos similares este año: hace dos meses, la Policía allanó -sin orden- un club que estaba debidamente registrado. “Es una violación al artículo 11 de la Constitución”, denunció Collazo, en referencia al fragmento de la carta magna que dice que el hogar es un “sagrado inviolable” y que el protocolo de actuación policial transcribe. “El allanamiento a un hogar, la incautación y/o destrucción de plantas de cannabis sólo podrá realizarse por orden judicial”, aclara el texto.

También quedaron en el texto final otras sugerencias de Proderechos y el resto de las organizaciones: se aclara que las plantas son objetos frágiles que hay que incautar con cuidado (y dejar constancia en actas de su cantidad, altura, ancho y “nivel de secado” de sus flores) y que las semillas, desmorrugadores y otros accesorios son objetos de propiedad privada que pueden ser denunciados en caso de robo como cualquier otro. El protocolo completo está disponible en http://ladiaria.com.uy/UIO.

Una (ley) seca

Martín Collazo, de Proderechos, habló con la diaria sobre las restricciones al consumo de alcohol que Tabaré Vázquez anunció la primera semana de su gobierno. Hubo conversaciones entre Proderechos y Juan Andrés Roballo, prosecretario de Presidencia y, por ende, presidente de la JND. “Nos parece un error contraproducente prohibir el uso de alcohol en el espacio público”, comentó Collazo; la organización también está en contra de la prohibición de vender alcohol después de las 22.00 en almacenes y supermercados.