La Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines y el Sindicato Único de Trabajadores del Arroz y Afines (SUTAA) propusieron ayer, en la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, que se legisle con el fin de que las empresas rurales que tengan “prácticas antisindicales” pierdan los subsidios o exoneraciones otorgados por el Estado. En particular, se denunció “la metodología” de realizar “evaluaciones periódicas” de los delegados sindicales, que están aplicando en forma sistemática los empresarios del sector arrocero, que reciben subsidios. En referencia a las denuncias presentadas ante la Justicia por despidos antisindicales, amparadas en la Ley de Libertad Sindical, Marcelo Amaya, dirigente del SUTAA, dijo que “la jurisprudencia no da respuesta” y puso como ejemplo el caso de Daniel Silvera, delegado del Sindicato de Peones de Estancia y protagonista de un spot de la campaña electoral del Frente Amplio que fue despedido hace siete meses, recurrió a la Justicia, y aún no ha sido reintegrado.