Los dos sindicatos más fuertes de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) han sufrido duros reveses judiciales de un año a esta fecha. El 18 de julio de 2014, uno de los dirigentes más importantes de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), Alfredo Silva, fue procesado sin prisión por “conjunción de interés público con privado”. El dirigente ocupaba en aquel entonces el cargo de director de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) en representación de los trabajadores de salud pública y recibió el respaldo expreso de su sindicato: “Se lo procesa porque sin recibir provecho propio y sin existir engaño, incidió desde su cargo […] en la contratación de una cooperativa de trabajadores que acababan de quedar en la calle”, decía un comunicado de la FFSP.

Ahora Joselo López, secretario general de COFE, presidente del Sindicato Único del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (SUINAU) y, por lejos, la figura más conocida de ambas organizaciones sindicales, es la principal cara visible del fallo que el juez Gustavo Iribarren emitió el viernes, a raíz del video difundido el 5 de agosto de los hechos ocurridos en el Centro de Privación de Libertad (Ceprili), en el que se visualizaba cómo varios funcionarios del INAU reducían a los internos. Desde COFE no se dudó en respaldar el accionar de López, a pesar de que el dirigente fue procesadocomo cómplice de torturas.

Junto con López, otros 25 funcionarios del INAU fueron procesados. El dirigente dijo el viernes que se trató de “un operativo político que se ha trabajado al más alto nivel”. Ayer López continuó con sus conjeturas y argumentó, en diálogo con Canal 12, por qué considera que se trata de un “operativo”. Como ejemplo de ello, citó las declaraciones de dos autoridades que en la escala jerárquica se encuentran por encima de la fiscal del caso, Adriana Umpiérrez: la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, que había considerado que López debía ser destituido de su cargo en el PIT-CNT, y el fiscal de Corte, Jorge Díaz, que pidió llegar “hasta las últimas consecuencias en la situación”.

En una declaración emitida el viernes, COFE manifestó “su más profunda indignación y dolor, ante un fallo totalmente viciado, que se presenta permeable a las presiones del poder político”. Según se establece allí, “comparar las acciones de los trabajadores [...] con los delitos de lesa humanidad cometidos por los criminales de la dictadura cívico-militar es producto de un plan macabro y reaccionario”. COFE también destaca la “loable actitud” de López, que presentó su renuncia a la vicepresidencia del PIT-CNT “antes de conocer el fallo judicial”. A raíz de la decisión judicial, funcionarios del SUINAU instalaron una carpa frente al Ceprili y el jueves realizarán un paro en protesta por el fallo judicial, al que califican como resultado de una “maniobra de naturaleza política”.

La renuncia de López fue presentada el 20 de agosto, luego de que la fiscal pidiera su procesamiento con prisión. El Secretariado Ejecutivo la aceptó el viernes. Otros ocho funcionarios del INAU fueron procesados sin prisión y 17 irán a la cárcel por torturas.

Entre tanta denuncia de operativo de desprestigio sindical, el PIT-CNT no desentonó. Además de aceptar la renuncia de López, el Secretariado Ejecutivo de la central se reunió el viernes y emitió una declaración en la que cuestiona duramente el fallo judicial: “La resolución adoptada corta por el hilo más fino, que son los trabajadores, que si bien tendrán su cuota parte de responsabilidad, no son la única ni la de mayor relevancia jerárquica. Aplicar el delito de tortura, que es de extrema gravedad, es querer buscar la responsabilidad de un lado y esconder y mirar para un costado las otras responsabilidades”.

Tanto el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, como el secretario general, Marcelo Abdala, cuestionaron el fallo. “No lo comparte la mayor parte de la sociedad”, interpretó Pereira en el portal del PIT-CNT, y aseguró que “hay mucha gente desesperada por desacreditar al movimiento sindical, pero hace tiempo que lo vienen haciendo. No es una cuestión de un día o dos, es algo sistemático”.

Sigue deliberando

La comisión de Ética y Propuestas que creó la central sindical para dirimir si el comportamiento de López y el SUINAU se apartó de los estatutos del movimiento sindical continuará funcionando y, de hecho, sesionará hoy mismo.

“No tenía que decidir absolutamente nada de lo que decidió el Poder Judicial, sino que debía definir si había una falta ética” en el video del hogar Ceprili, expresó el dirigente sindical Ricardo Cajigas, de la misma corriente sindical que López, la lista 41, e integrante de dicha comisión. En tanto, Ricardo Ibarburu, representante de la corriente sindical Articulación en ese cuerpo, sostuvo que la labor de la comisión “no es hacer un juicio ni una investigación”, sino simplemente evaluar el comportamiento de los involucrados en los hechos que aparecen en la filmación.

Sin embargo, otros integrantes del Secretariado Ejecutivo cuestionaron la posibilidad de que esta comisión siga funcionando, al menos en lo que refiere a los aspectos éticos del accionar de López y del SUINAU. “No creo que tenga sentido cuando hay un procesamiento de la Justicia. No se puede suplir el papel del juez”, dijo un integrante del Secretariado Ejecutivo, quien, sin embargo, expresó que el grupo sí podría continuar trabajando para su otro cometido: elaborar propuestas para mejorar la protección de los derechos humanos tanto de los trabajadores como de los internos.

Otro desafío pendiente de la central será encontrar un sustituto para la vicepresidencia del PIT-CNT. El cargo, entienden desde la lista 41, le corresponde a esta corriente sindical. Por lo pronto, el lugar de López en el Secretariado Ejecutivo será ocupado por el dirigente de la FFSP Martín Pereira. Un integrante de ese órgano ilustró que la sucesión del procesado dirigente en el PIT-CNT no será fácil: “Al menos en el corto plazo, no creo que haya disposición para nombrar un vicepresidente”, estimó.