La noticia se conoció el viernes, por medio del semanario Brecha: la nueva directora de Salud de la Intendencia de Montevideo (IM), Analice Berón, informó que desde hace dos semanas está suspendida la aplicación del decreto que regula el etiquetado de alimentos transgénicos, lo que implica que no se realizarán análisis de alimentos ni se aplicarán las sanciones resueltas por la anterior administración a unos diez productos. “Se trata de una decisión política. No estamos pidiendo derogar el decreto, queremos revisarlo y ponernos a tono con el gobierno nacional”, declaró al semanario Berón, que añadió que se quiere discutir el tema en el Congreso de Intendentes, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
Montevideo es hasta ahora el único departamento del país que exige a las empresas de la industria alimenticia que expliciten en sus empaques si sus productos contienen componentes transgénicos en más de 1% de cada uno de sus ingredientes. El decreto se aprobó en diciembre de 2013, se modificó en junio de 2014, en ambas oportunidades por unanimidad en la Junta Departamental, y, tras varias reuniones con las empresas afectadas, este año comenzó su aplicación por parte de la división Salud de la IM, entonces liderada por Pablo Anzalone. Ante el Servicio de Regulación Alimentaria, cerca de 600 productos fueron declarados por contener componentes transgénicos, y se les aplicaron multas a nueve productos que contenían transgénicos y no habían sido declarados ni habían solicitado plazo.
Laura Rossano, coordinadora de la organización Slow Food, dijo a la diaria que hoy, junto con representantes de Redes Amigos de la Tierra, Consumidores y Usuarios Asociados-Uruguay, entre otras organizaciones, se reunirán con la Defensoría del Vecino, a cargo de Ana Agostino, para presentar una denuncia y obtener información sobre la suspensión anunciada. “Si fue una resolución, entonces tenemos diez días para recurrirla. La norma fue un decreto aprobado por la junta; no se puede suspender así nomás. Queremos obtener la información y ver de qué forma jurídica actuamos”, explicó. Agostino confirmó que se reunirá hoy con las organizaciones y que, en función de lo que le transmitan, hará un pedido de informes a la comuna.
Rossano consideró que la suspensión sería “muy negativa” con respecto al trabajo que las organizaciones sociales y la academia vienen desarrollando. Recordó que en 2013 presentaron un anteproyecto de ley sobre etiquetado de transgénicos en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, y continuaron el trabajo a nivel departamental. “Nuestro plan era conseguir decretos de este tipo en todos los departamentos, hasta lograr un etiquetado nacional”, señaló, y puntualizó que otros 64 países, entre ellos los de la Unión Europea, Japón y Brasil, aplican estas mismas exigencias. Pedirán entrevistas con Berón y también con Daniel Martínez. “En una ‘decisión política’ avasalladora e imperativa, la nueva Dirección de Salud de la Intendencia de Montevideo, a cargo de la doctora Analice Berón, barre de un plumazo, no sólo el proceso de etiquetado de alimentos con componentes transgénicos, sino el derecho real y vital del ciudadano consumidor: saber lo que comemos. El proceso por el cual la Intendencia de Montevideo aprobó el etiquetado de alimentos con componentes transgénicos, fue fruto del trabajo de un equipo”, cuestiona Slow Food en un comunicado.
Fuentes del gabinete departamental explicaron a la diaria que aún no hay una resolución formal sobre el tema, aunque lo que se busca es, efectivamente, mejorar “la coordinación y la complementariedad” con el gobierno nacional, aspecto que se analizará esta semana.