La empresa Frigorífico Pesquero del Uruguay Sociedad Anónima (Fripur) comunicó ayer oficialmente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) “la inviabilidad de continuar operando”. Los socios propietarios, los hermanos Máximo y Alberto Fernández, y sus asesores legales se reunieron con el titular del MTSS, Ernesto Murro, y le anunciaron la decisión, según informó a la diaria el responsable de la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), Juan Castillo.

El jerarca dijo que de inmediato se convocó con carácter de “urgente” a un “ámbito tripartito” que se reunirá hoy a las 16.00 en la Dinatra. “Que la empresa comunique a los trabajadores lo que sea necesario y que éstos hagan su demandas”, dijo Castillo.

También ayer, “los mandos medios” de Fripur notificaron a los trabajadores de la planta de fileteado que “se va a trabajar hasta el miércoles, ya que ese día ya no habrá materia prima”, explicó el delegado del comité de base de Fripur del Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines, José Umpiérrez.

El conglomerado industrial tiene 960 trabajadores en planilla, de los cuales 80% son mujeres jefas de hogar, que ganan entre 15.000 y 17.000 pesos mensuales, según la antigüedad. Fripur opera en toda la cadena de producción de la merluza y el cangrejo rojo, desde la captura en alta mar hasta el envasado de productos congelados, pasando por todos los procesos intermedios. Posee más de 20 barcos, una planta de procesamiento y una fábrica de harina de pescado.

Alberto Fernández, el accionista menor de Fripur, fue noticia en 2009, cuando le prestó su avión privado al entonces candidato a la presidencia por el Frente Amplio, José Mujica, para que viajara a Brasil durante la campaña electoral.

Pocos meses después se supo que la banda presidencial que Tabaré Vázquez le pasó a Mujica el 1º de marzo de 2010, en la asunción presidencial, la pagó Fernández. Cuando se conoció eso, el abogado Gustavo Salle solicitó a la Justicia investigar la vinculación de Fernández con Mujica; sin embargo, en 2011, la jueza especializada en crimen organizado Graciela Gatti archivó el caso.

En mayo de 2013, durante la visita de Mujica a China, el entonces presidente tenía en agenda conseguir un inversor para Fripur. Dos empresas chinas se interesaron en ese momento por la pesquera.

Aguas profundas

Ayer, luego de reunirse con los empresarios, Murro recibió a una delegación de los trabajadores. “Nos informó que los propietarios van a presentar el cierre de la empresa y que se convocó a una tripartita para oficializar la situación. Se labrará un acta y veremos qué posición adopta el Poder Ejecutivo”, expresó Umpiérrez. Los trabajadores fueron convocados a acompañar a la delegación que participará en la reunión tripartita, por lo que se concentrarán hoy frente a la Dinatra.

Fripur se presentó a concurso hace un año porque no podía hacer frente a las deudas que tiene con el Banco República (BROU), su principal acreedor, otras entidades financieras y organismos públicos como el Banco de Previsión Social y la UTE.

Según Umpiérrez, en el correr del año “no se pudo llegar a realizar una reunión de acreedores, y la jueza que tomó el concurso decidió que la empresa era viable e impuso un interventor para controlar el movimiento financiero donde entendió que estaba la falla”. Uno de los “detonantes” de la situación habría sido una intimación de la UTE -a la que la empresa pesquera le debe medio millón de dólares- en la que comunica a Fripur que, de no recibir el pago, dejará de suministrarle energía el 20 de agosto. De ocurrir este extremo, la empresa no podría mantener más productos congelados en las cámaras, que están embargadas hasta por el propio Estado.

Con los trabajadores, Fripur mantiene una deuda de salarios vacacionales desde hace dos años. Desde el sindicato se denuncia que los empresarios solicitaron préstamos al BROU y otros bancos para remodelar la flota pesquera y modernizar la infraestructura, pero ese dinero “nunca fue invertido” en Fripur. De hecho, sólo cuatro de los 20 barcos están funcionando. Los Fernández también tienen negocios ganaderos, forestales e inversiones en parques eólicos.

En distintas reuniones con autoridades del Poder Ejecutivo, los empresarios plantearon que necesitaban cinco millones de dólares para evitar el cierre, pero que carecían de garantías para conseguir el dinero por el embargo genérico que recae sobre la producción, planta, barcos, insumos, etcétera. El pasivo de la empresa ascendería a 70 millones de dólares.

Los trabajadores están analizando diversas alternativas para conservar las fuentes de trabajo. Para Umpiérrez, la posibilidad de convertirse en un emprendimiento autogestionado es “difícil”, porque se trata de una empresa “muy grande”. “Es un pulpo. Habría que conseguir un socio que pueda invertir. Es la única empresa habilitada para la pesca de la merluza y tiene el monopolio del cangrejo rojo. Para conseguir materia prima no ha tenido problema. Las dificultades son otras”, manifestó.