A las nuevas autoridades de la Intendencia de Montevideo (IM) no les convence la normativa aprobada por la gestión anterior, que estableció que “los alimentos que han sido manipulados genéticamente o que contienen uno o más ingredientes provenientes de éstos que superen el 1% del total [de los] componentes deberán ser etiquetados”. Los decretos de la medida fueron aprobados por la Junta Departamental de Montevideo en junio y diciembre de 2013; la reglamentación, aprobada por el Ejecutivo comunal en setiembre de 2014, estableció el diseño del etiquetado, un triángulo amarillo con una T en negro, y su entrada en vigor: a partir del 1º de enero de 2015.
“Más de 500 productos fueron declarados hasta la fecha en el Servicio de Regulación Alimentaria y continúan presentándose otros”, informaba el sitio web de la IM el 18 de junio. Si bien en enero ya se debía estar usando la etiqueta, la IM otorgó plazos mayores, que llegaron a ser de hasta 180 días, “para empresas que manifestaron su decisión de reconvertir los productos sustituyendo los componentes transgénicos por otros que no lo fueran”, decía el informe. Pero los análisis del Laboratorio de Bromatología y la Facultad de Ciencias ya habían encontrado irregularidades: nueve “productos alimenticios que no declararon organismos genéticamente modificados ni solicitaron plazos para el etiquetado”, entre ellos hamburguesas, frankfúrters y harinas de maíz. A esas empresas les correspondía una primera sanción de cinco unidades reajustables.
Un mes después cambiaron las autoridades. El semanario Brecha difundió el 6 de agosto que la nueva directora de la división Salud de la IM, Analice Berón, había suspendido la aplicación del decreto: esto incluía los análisis, la fiscalización del etiquetado y las sanciones a las firmas que incumplieron los plazos. Días después, la IM aclaró que el decreto continuaba vigente y que su aplicación no estaba suspendida sino “en revisión”. Para eso, la IM solicitó una opinión sobre la regulación de etiquetado a nivel nacional y departamental al Gabinete Nacional de Bioseguridad, que es el que autoriza nuevos eventos transgénicos así como la política nacional en el tema; a la Asesoría Jurídica de la IM; al Congreso de Intendentes y a la Defensoría del Vecino.
El Gabinete Nacional de Bioseguridad no se ha expedido; según supo la diaria, mañana se reunirá la Comisión de Gestión de Riesgo, un grupo técnico del gabinete en el que están representados delegados de los ministerios que lo integran: de Ganadería, Agricultura y Pesca; Salud Pública; Economía y Finanzas; Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; Relaciones Exteriores; Industria, Energía y Minería. La reunión tratará sólo este tema. La cancillería presentará un informe comparado de la legislación sobre etiquetado transgénico a nivel mundial. Otras secretarías tienen algunos materiales preparados, pero básicamente concurrirán para formular preguntas o tomar anotaciones que luego permitan continuar la discusión técnica a la interna ministerial. En 2008 el Gabinete Nacional de Bioseguridad se había comprometido a implementar el “etiquetado voluntario” de alimentos transgénicos. Parte de la consulta al gabinete, pero también a Jurídica de la IM y al Congreso de Intendentes, busca evaluar la coherencia entre las normas departamentales y nacionales.
Consultada por la diaria, Berón declaró que “se hizo la consulta a Jurídica porque había opiniones de que se contraponía a lo nacional y podíamos incurrir en errores jurídicos. Hasta donde hemos podido consultar, no estaríamos incurriendo en ningún error jurídico”. Según Berón, siguen haciéndose los análisis, pero no hay plazos límite establecidos para el etiquetado porque “se está revisando si la etiqueta es correcta”. Lo que está en la mira de la IM es el triángulo amarillo, más que nada por su forma, detalló, aunque aclaró que no hay una decisión tomada. Agregó que “el etiquetado se va a pedir, el reglamento no se va a cambiar y está vigente, lo que no hemos fijado aún es el plazo de la exigencia, que es lo que esperan las empresas que fueron notificadas”.
En estos días se conocerán más detalles de esta decisión; el edil Diego Rodríguez, del Partido de la Concertación, hizo un pedido de informes a la IM el 9 de agosto para conocer el motivo y el plazo de la suspensión de sanciones, los alimentos transgénicos que están en el mercado, las sanciones aplicadas hasta ahora y respecto del derecho de la población a saber si los alimentos que consumen son transgénicos. La IM tiene plazo hasta el 29 para responder, dijo Rodríguez.
Laura Rosano, de la organización Slow Food, indicó a la diaria que hasta ahora las industrias uruguayas son las que más han etiquetado, a diferencia de las transnacionales. En esto de la cuestión departamental, Rosano manifestó que hay otras dos intendencias interesadas en implementar el etiquetado transgénico: Maldonado y Lavalleja.