Durante más de cinco horas, senadores del oficialismo y la oposición llevaron a cabo la “segunda ronda” de preguntas al directorio de ANCAP y sus asesores, que concurrieron ayer al Parlamento. Desde la petrolera estatal, reiteraron la responsabilidad del Poder Ejecutivo por haberles impedido trasladar la totalidad de los costos a las tarifas -rezago que, según estiman, se arrastra desde 2011-, lo que motivó el llamado al entonces ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, a explicar las razones de tal decisión en representación del equipo económico.
La comisión investigadora recibió la semana pasada al presidente de ANCAP, José Coya, acompañado del resto del directorio y tres asesores: el ex vicepresidente del ente Germán Riet y los gerentes de Servicios Jurídicos y Compartidos Leonardo Bianchi y Hubert Arbildi, quienes en su disertación explicaron que 800 millones de dólares de la pérdida de la estatal obedecen a decisiones del equipo económico, ya que al “impedirles” trasladar los costos totales del combustible -presuntamente para evitar un aumento de la inflación-, la refinería tuvo que asumir esa pérdida. El déficit de ANCAP ascendió en 2014 a 323 millones de dólares.
Según contaron diversos legisladores a la diaria, el directorio de ANCAP, al ser consultado sobre este aspecto, lo “ratificó contundentemente”. “Lo que queda pendiente es decir qué hubiera implicado trasladar todos los costos”, dijo a la diaria el independiente Pablo Mieres, quien planteó a los integrantes de la comisión citar “lo antes posible” al entonces ministro Lorenzo.
Los legisladores del Partido Nacional Álvaro Delgado y Jorge Saravia (Todos hacia Adelante) compartieron ese planteo. Consultaron al directorio acerca de cuál sería el precio del combustible si se les hubiera permitido incluir en la tarifa los costos mencionados, respuesta que Coya prometió para el próximo encuentro, aunque adelantó que en ese caso la rebaja de 6% que ANCAP hizo a principios de enero podría haber ascendido a 14%.
Por su parte, el frenteamplista Rubén Martínez Huelmo consideró que “no hay ningún delito en esto”: “Por algo ANCAP y UTE dan sus recursos a Rentas Generales”, justificó. “Es parte de la naturaleza del Poder Ejecutivo utilizarla en esta impronta, que tiene que ver con la conducción macroeconómica”. Respecto de la propuesta de citar a Lorenzo, dijo que “se consultará a la bancada”.
En referencia a “la otra mitad de la pérdida”, Mieres sostuvo que la atribuyen a “errores genéricos de gestión”, respuesta de Coya que consideró “muy vaga”. Por otro lado, también se le cuestionó al directorio que frente a los 169 millones de dólares de déficit en los que incurrió la estatal en 2013, recién aprobaran los correctivos en octubre de 2014, seis meses después de haber recibido el balance, y en una fecha “muy curiosa”, afirmó.
La comisión -que cuenta con 120 días para investigar- se reunirá mañana para recibir a Enrique Rubio, quien disertará sobre una investigación de los negocios del ente realizados en Argentina entre 2002 y 2003. El martes se retomarán las rondas de preguntas al directorio; Saravia estima que en esa oportunidad se tratarán los temas “más álgidos”, como los vínculos comerciales con Brasil, que remiten al negocio de la cal.