El presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Mario Bergara, participó ayer en la apertura de las IV Jornadas de Derecho Bancocentralista, en la que se refirió a las tendencias local e internacional de la regulación del secreto bancario. Sostuvo que el país va en camino hacia una “mayor transparencia” en la materia, en línea con abandonar el enfoque de Uruguay como plaza financiera para pasar a un esquema de desarrollo integral.

Tomando como referencia la Ley de Intermediación Financiera de 1982, que “en la práctica avalaba muchas más cosas que en el texto”, Bergara se refirió a los avances que ha tenido la transparencia financiera en el mercado local. Recordó cómo, en el caso de Uruguay, el secreto bancario fue un “ingrediente importante” de inserción como plaza financiera de la región -principalmente en la relación con Argentina-, pero que, sin embargo, en el contexto actual, “lo que antes era una ventaja comparativa hoy pasó a representar un impedimento para la inserción global”.

“Recién en 2004 nos empezamos a tomar en serio el tema del lavado de activos y financiamiento del terrorismo”, afirmó el presidente del BCU. La reforma tributaria de 2006 habilitó a la Dirección General Impositiva (DGI) a fiscalizar instituciones financieras y denunciar por defraudación bancaria. “La gente decía ‘mi vecino no tiene por qué saber qué es lo que tengo’, pero la realidad es que las deudas que uno contrae no las tiene uno, sino quien le presta el dinero”, consideró Bergara, en alusión a la diferenciación, a partir de entonces, entre créditos y depósitos.

La crisis global de 2008 dio el puntapié necesario para profundizar en esta “nueva tendencia internacional”, cuando algunos países se preocuparon por la transparencia en el manejo de los capitales provenientes de “salvatajes financieros”. “Evidentemente, a partir de 2008 los reflectores se posaron en temas de intercambio de información tributaria, evasión fiscal, actividades de financiamiento al terrorismo y secreto bancario”, resumió.

En 2009, con el creciente desarrollo del mercado de valores en el plano local, se habilitó el intercambio multilateral con reguladores por delitos típicos; por ejemplo, el manejo de información privilegiada. Surgieron también, por ese entonces, presiones desde la Organización para el Crecimiento y Desarrollo Económico (OCDE), para que los países establecieran determinada cantidad de acuerdos de intercambio de información tributaria, en principio 12, hasta que se dieron cuenta de que esto no era sólo un tema cuantitativo, y cambiaron los requerimientos para países relevantes. En el caso de Uruguay: Argentina y Brasil.

“Recién entonces se empieza a atacar el núcleo duro; lo anterior eran retoques al borde”, afirmó Bergara, que en el caso uruguayo ilustró como un cambio desde “un país cuya estrategia se basaba en ofrecer opacidad a la región hacia uno que se encarga de ofrecer transparencia al mundo”. En Uruguay se apostó a un enfoque integral de desarrollo, pasando de concebir el sistema financiero de forma aislada a verlo como sector crucial, buscando a su vez la articulación con el sistema productivo.

En este sentido, el presidente de la autoridad monetaria sostuvo que “la vara [que mide la transparencia] se está levantando todos los días”, y esta adecuación implicará incorporarse al acuerdo multilateral de intercambio automático de información que la OCDE prevé para 2017 -aunque probablemente se postergue a 2018-, “un cambio sustancial en las reglas de juego que continuará con el proceso de erosión del secreto bancario”.

“La consecuencia será una nueva normativa, cambios procedimentales y culturales que deben internalizar todos los agentes del sistema financiero, los gobiernos y los bancos centrales”, dijo Bergara, quien advirtió a “escribanos, contadores e inmobiliarias” que “el nuevo esquema traerá obligaciones para segmentos no financieros, por ejemplo, reportar aquellas operaciones sospechosas”, ya que sus reportes hoy en día “tienden a cero”.

Asimismo, también significará cumplir con una nueva lista de recomendaciones de prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Entre otras, considerar el delito fiscal como precedente del lavado, discutiendo justamente el alcance del delito fiscal; “desnudar” al beneficiario final de sociedades y fideicomisos nacionales -afirmó que con la nominalidad de las Sociedades Anónimas “se hizo una limpieza grande ya”-; el desarrollo de análisis estratégicos en la Unidad de Información y Análisis Financiero del BCU, ya “previsto en el presupuesto”, y asimismo -aunque en Uruguay no tenga mucha cabida-, la proliferación de armas de destrucción masiva.

La próxima evaluación para el país será en 2019; Bergara espera que para entonces el BCU salga fortalecido, ya que “una buena evaluación de esto es el grado inversor en el terreno financiero: un sello internacional imprescindible para la reputación de Uruguay, porque fortalece la credibilidad y recomendación internacional”.