Después de cuatro años, el Plan de Vivienda Sindical (PVS) ve la luz. El sábado 17 de octubre se sortearán en Paysandú las primeras 41 casas construidas; están especialmente dirigidas a los trabajadores sindicalistas con ingresos menores a 60 Unidades Reajustables (49.720 pesos), con cuotas que oscilan entre 2.000 y 7.000 pesos por mes y con un plazo de pago de entre 15 y 25 años. Actualmente hay más de 10.000 familias de trabajadores organizados en 230 cooperativas en todo el país, de las que 3.000 ya fueron beneficiadas. A mediados de noviembre se realizará el segundo sorteo, de 50 casas, en Santa Lucía, Canelones.
Según informaron desde el PVS, los recursos financieros para la construcción provienen del Fondo Nacional de Vivienda (FNV), que es administrado en conjunto por las cooperativas y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA). El préstamo que da el FNV permite cubrir 85% del costo de la vivienda; el 15% restante se cubre con horas de ayuda mutua o con ahorro previo.
El responsable del Departamento de Vivienda del PIT-CNT en Paysandú, Álvaro Guigou, contó que el suyo es el departamento con más trabajadores cooperativistas organizados. Actualmente entre 500 y 600 familias sanduceras están en algún punto del proceso del PVS, ya sea para conseguir el préstamo del MVOTMA o en la etapa de construcción.
El 8 de noviembre de 2011 el PVS fue lanzado oficialmente con el objetivo de construir 5.000 viviendas para obreros que no tuvieran acceso al ahorro previo. En diciembre de 2013 se conoció la primera de tres denuncias por estafa contra el PVS, presentada por Susana Nicodella, propietaria de una barraca en Rocha. Según las investigaciones judiciales, el titular del Departamento de Vivienda del PIT-CNT del momento, Eduardo Burgos, dio por lo menos a tres “gestores” la autorización para negociar con empresas privadas la construcción de las viviendas en nombre de la central sindical a cambio de 10% del valor de la obra. La central sindical difundió un comunicado en el que dejaba “expresa constancia de que la organización no tiene ningún contrato, ninguna carta de intención, con ninguna empresa ni intermediario que se arrogue o que invoque actuar en nombre o representación del PIT-CNT en materia del PVS”; realizó una investigación que concluyó que hubo “errores” por “falta de experiencia”, pero descartó dolo. Burgos renunció en julio de 2014.