Unas 30 reclusas se alojan en la Unidad de Rehabilitación Nº 9, exclusiva para mujeres con hijos chicos. Desde su creación, en 2010, la cárcel ocupa un predio que el Ministerio del Interior (MI) arrienda en La Teja, pero pronto habrá mudanza: fuentes cercanas a la institución informaron a la diaria que se está estudiando trasladar a las reclusas a un nuevo centro. El equipo que analiza el tema está integrado por la asesora penitenciaria del MI, Rosario Burghi, y representantes del Polo Industrial de la Cárcel de Santiago Vázquez.

El edificio nuevo traerá cambios operativos: “La Unidad Nº 9 tiene un deterioro importante y las habitaciones tienen humedad. Además, los niños adquieren culturas y hábitos que no deben tener en su formación. No es una buena experiencia y no se da en ningún centro del mundo”, dijeron a la diaria desde la Unidad de Comunicación (Unicom) del MI. El plan es construir un nuevo edificio en un predio cercano a la Unidad Nº 5 -ubicada en Colón, donde están recluidas poco más de 400 mujeres- que fue cedido al ministerio, por lo que se ahorraría el alquiler del predio donde funciona hoy El Molino. Aún no está definido si será una subdivisión o un módulo de esa cárcel (un funcionamiento como el que hoy rige en el Comcar) o si se creará una unidad nueva. Lo que sí se sabe es que la mano de obra y algunos materiales provendrán del Polo Industrial, donde alrededor de 300 reclusos fabrican bloques y cepillos, trabajan como albañiles y elaboran productos en madera, aluminio y fibra de vidrio, que hoy se usan para reparaciones en los edificios carcelarios y que a veces se venden para donar las ganancias a la Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia.

El equipo multidisciplinario está estudiando alternativas para que la estadía de los niños en las unidades carcelarias sea cada vez más corta, informaron desde la Unicom. Una de las ideas que se maneja es que sólo se alojen junto a sus madres los más chicos, durante la edad de lactancia, y que luego se transfieran a hogares de acogida del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay o que queden a cargo de otros familiares.

La nueva cárcel integraría el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), que funciona bajo administración civil y que durante el período de gobierno pasado, a partir del artículo 229 de la Ley de Presupuesto para el período 2010-2015, absorbió poco a poco el control sobre las unidades nacionales y departamentales, que antes ejercía la Dirección Nacional de Cárceles del MI. El 1º de octubre pasará a integrar el INR la cárcel departamental de Florida, que depende de la jefatura de ese departamento y que es la última que queda bajo la órbita policial.

El plan para este período va más allá: según el artículo 159 de la Ley de Presupuesto que el Poder Ejecutivo envió la semana pasada al Parlamento, el MI deberá crear una comisión para elaborar en el primer semestre de 2016 un cronograma para que el INR pase a ser un servicio descentralizado que tendrá a la cartera como referente. De todas formas, aunque la gestión pase a manos civiles, la seguridad exterior y el control de los reclusos seguirán a cargo de la Policía, según dijo el titular del MI, Eduardo Bonomi, a la salida del Consejo de Ministros que se celebró en mayo de este año en Melo.