Cerca de 100 expertos en derecho ambiental y funcionarios gubernamentales de alto nivel de diferentes países están reunidos en Uruguay desde el lunes hasta el viernes para evaluar la aplicación del Programa Montevideo IV (2010-2020). Se trata de un plan del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) que surgió de una reunión en Montevideo en 1981 y tiene como objetivo orientar a los gobiernos sobre los acuerdos internacionales necesarios para proteger el medioambiente.
El PNUMA se había formado en la década de 1970 y fue en aquella reunión en Montevideo que por primera vez se incluyó el tema del derecho ambiental. “Nadie pensó que el Programa Montevideo iba a durar 30 y tantos años. El primer programa duró diez años, hubo un segundo, nadie sabía si iba a haber un tercero, y hoy Naciones Unidas lo tiene como permanente”, explicó a la diaria Marcelo Cousillas, director de Asesoría Jurídica de la Dirección Nacional de Medio Ambiente. Uruguay se postuló para que el grupo de expertos volviera a reunirse en Uruguay y el PNUMA acompañó: “Es un reconocimiento para el país porque cuando Naciones Unidas busca fortalecer un programa que tiene más de 30 años resuelve volver a la fuente, recobrar el espíritu pionero de su nacimiento. Han pasado muchas cosas, el país tiene una política ambiental, ha hecho otras reuniones y ha tomado otras actividades con Naciones Unidas, que reconoce que Uruguay está muy bien colocado en el contexto internacional”, dijo Cousillas, destacando que Uruguay lideró el único convenio que se negoció desde Río+20 (2012) hasta ahora, que es el Convenio de Minamata sobre el Mercurio, firmado en 2014.
En estos cinco días los expertos evaluarán la aplicación de la cuarta edición del Programa Montevideo y harán ajustes de aquí a 2020. Cousillas aclaró que en las revisiones intermedias “no se le hacen grandes cambios al texto”, pero sí se priorizan temas y “se hacen recomendaciones al PNUMA para que en los próximos cinco años lo aplique de determinada manera”. Adelantó que los temas que más se han comentado en estos dos primeros días de la reunión fueron: cambio climático, derechos humanos y medio ambiente, agua y “algo de comercio y medioambiente”.
Con la participación en estas reuniones, países como Uruguay pueden acceder a apoyos técnicos y líneas de cooperación internacional; Cousillas comentó que Uruguay está conversando con el PNUMA sobre una línea de cooperación por el tema de la legislación en materia de residuos. El quid de este programa es establecer estrategias desde el punto de vista jurídico y legal.
Cuestión de justicia
Ayer, en una conferencia, estuvo entre otros oradores Alejandro Iza, miembro de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, quien se centró en el agua. Alegó que es un tema de justicia social y de justicia ambiental, y resaltó que tiene cuatro dimensiones: ambiental, política, económica y social. Advirtió que son muchos los países cuyos parlamentos “tienen trabada una ley de aguas”. Valoró que la legislación debe entender al agua como un bien de uso público, apuntar a consagrar el acceso equitativo, la protección de su calidad, la participación ciudadana en la gestión del recurso, y que se debe considerar cuáles son los grupos más vulnerables.
Cousillas valoró que Uruguay tiene un Código de Aguas que data de 1978, y que a partir de la reforma constitucional de 2004 se creó la Ley 18.610, de Política Nacional de Aguas, “que nos puso a tiro con muchas de las cosas”, como la participación y las comisiones de cuenca.
Dinah Shelton, profesora emérita estadounidense en Derecho, también se refirió al cruce de pobreza y medioambiente, que no sólo se da en los países pobres, comentó. Fue clara al presentar un ejemplo que muestra la forma en que el cambio climático puede impactar en las personas. Reseñó que en 1991 hubo un incendio en una zona residencial de Oackland, California, donde más de 3.000 hogares fueron destruidos; pese a la dimensión del accidente, murieron 28 personas. De inmediato aparecieron las compañías de seguro y la ayuda en los traslados; los habitantes fueron alojados en hoteles de lujo y cinco años, después el valor de la propiedad se duplicó. Esa resolución contrastó con la del huracán Katrina, que impactó en Nueva Orleans en 2005. No había transporte, hubo miles de muertos y aún hoy no se ha reconstruido la zona y muchas personas siguen sin hogar. “Nueva Orleans es ahora mucho más blanca”, transmitió al comentar que la mayoría de los muertos eran afrodescendientes.
Aguas transfronterizas
Iza cuestionó a los pocos países que han ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales, que se firmó en 1997 y entró en vigencia en 2014. Sugirió atender especialmente las cuencas transfronterizas; si se considera que 148 estados tienen cuencas transfronterizas (superficiales y acuíferos), es “insuficiente” la legislación interna de cada país.
Consultado sobre estos puntos, Cousillas mencionó que Uruguay tiene tratados con Argentina por el Río de la Plata, el frente marítimo y el río Uruguay, y con Brasil por la Laguna Merín. También hizo referencia a la ratificación de un convenio firmado en 2014 por los cuatro países del Acuífero Guaraní. “Tenemos una estructura jurídica que tal vez haya que agiornar, pero que nos permite un nivel de actuación destacado”. Reconoció que Uruguay todavía no ha ratificado el convenio de 1997, firmado hasta ahora por 30 países; justificó que “no tiene una fuente de financiamiento muy clara, por lo que a muchos países en vías de desarrollo no les ofrece una instancia de cooperación muy clara”, ya que no saben si podrán aplicarlo ni si contarán con cooperación técnica. “Ahora que entró en vigencia, es probable que esas cosas empiecen a cambiar”, consideró.