Ayer se conoció el auto de la jueza Ana de Salterain por el que procesó a cinco personas por su participación durante el desalojo del Codicen, el miércoles 23. La jueza considera que las conductas de los cinco procesados se ajustan al delito de atentado, que en el artículo 171 del Código Penal se define como el que se comete “usando violencia o amenaza contra un funcionario público”, y lo pena con entre tres meses de prisión y tres años de penitenciaría.
El documento detalla cómo fue el operativo de desalojo, y ubica los delitos fuera del edificio del Codicen. Relata que los policías del Grupo de Reserva Táctica, que ingresaron por una puerta lateral, llegaron hasta el hall de entrada del edificio y, tras intercambios de palabras, intentaron desalojar a los manifestantes que se encontraban dentro (entre ellos, el abogado Pablo Ghirardo y la dirigente de Plenaria Memoria y Justicia Irma Leites) y cerrar la puerta de entrada. “Por largo rato se mantiene la situación de forcejeo de unos y otros. Hasta que desde fuera comienzan a lanzar todo tipo de objetos”, indica. En esa situación, los policías pidieron ayuda a la Guardia Republicana. Es allí que, según la resolución judicial, “los manifestantes comienzan a agredirlos verbalmente y físicamente, mediante el lanzamiento de piedras, carteles, baldosas que arrancan de la vereda y todo tipo de objeto que encuentran, que impactan en los funcionarios y también en otros manifestantes”.
La jueza dispuso que los procesados, integrantes del sindicato del taxi, de la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República, de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay y de la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria, realicen 200 horas de trabajo comunitario. El dictamen señala que la indagatoria sobre Leites y Ghirardo continúa, y no dice nada sobre los restantes detenidos.
Uno de los abogados de los detenidos durante el desalojo, Daniel Parrilla, ratificó que presentaron una denuncia contra los policías, en la que se toma como referencia la descripción del delito de torturas establecido en la Ley 18.026. De esta forma responde al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, quien el lunes aseguró que no había denuncia presentada, lo que, a entender de Parrilla, “generó mucha confusión”. El abogado estaba esperando la notificación del auto de procesamiento para evaluar si recurrir o no la resolución de la jueza.
En tanto, ayer el directorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos se reunió para analizar el informe emitido sobre el desalojo en el Codicen, pero se pasó a un cuarto intermedio.