En su primer discurso como presidente en cadena nacional, el 1º de marzo, Tabaré Vázquez adelantó el interés de crear un Sistema Nacional de Competitividad (SNC), enfocado en la aplicación de las tecnologías para agregar valor a la producción nacional y en una mayor inserción en los mercados internacionales. El plan cobró forma de una ley que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento cuatro días después, que definía la integración del SNC: representantes de los ministerios de Relaciones Exteriores, Economía y Finanzas, Trabajo y Seguridad Social, Turismo, Ganadería, Agricultura y Pesca, y Transporte y Seguridad Social, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y otros organismos como la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), la Corporación Nacional para el Desarrollo y el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias.

Rápidamente llovieron críticas al proyecto. En abril, a Vázquez le llegó una carta que expresaba preocupación, firmada por el rector de la Universidad de la República, Roberto Markarian, el presidente de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay, Rodolfo Gambini, y Eduardo Migliaro, presidente del Consejo Nacional de Innovación Ciencia y Tecnología. El texto, al que accedió El Observador, manifestaba la misma inquietud que se había planteado en el Consejo Directivo Central (CDC) de la Udelar (“centrar el sistema de ciencia, tecnología e innovación en la competitividad lo vuelve muy restrictivo pues deja afuera los aspectos educativos, sociales, culturales, sanitarios de la ciencia que, además de los económicos, deben atenderse”) y agregaba descontento con que el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) no formara parte del sistema. En mayo, el PIT-CNT planteó interés por tener voz en el SNC y el CDC de la Udelar se posicionó en contra del proyecto, con un argumento similar al de Markarian.

El 21 de mayo, Vázquez firmó un decreto que blanqueaba haber surgido de conversaciones con Markarian, Gambini y Migliaro, y que integraba a los tres en una comisión asesora para “profundizar la articulación” entre los organismos dispersos del área de innovación, ciencia y tecnología. En representación del Estado participaron Juan Andrés Roballo, prosecretario de Presidencia, y el presidente del Plan Ceibal, Miguel Brechner. También se sumó Fernando Brum, presidente de la ANII, organismo que brindó el apoyo administrativo, técnico y logístico.

El resultado de los tres meses de trabajo se plasmó en el artículo 17 de la Ley de Presupuesto 2015-2020, que propone crear la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología en la órbita de Presidencia, con cometidos que reflejan el interés de la comisión asesora en la investigación y en el ángulo educativo.

El jueves Roballo defendió el artículo ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados. Apuntó que se trata de un gasto mínimo, porque su infraestructura corre por cuenta de Presidencia. Según adelantó Brechner a la diaria, el artículo de la Ley de Presupuesto es un resumen de una serie de informes que la comisión envió al Ejecutivo. Para el presidente del Plan Ceibal, las competencias del SNC y la secretaría no se van a pisar, y habrá coordinación entre los dos organismos.

Antimateria

A Iván Posada, diputado del Partido Independiente, no le parece tan buena idea, y se encargó de dejarlo claro en la comisión. Las críticas, que subrayaron otros legisladores de la oposición como el colorado Conrado Rodríguez y el nacionalista Pablo Abdala, disparaban a lo que se entiende como un intento ilegítimo de concentrar demasiadas potestades extra en Presidencia, órgano blindado al control parlamentario.

“Estas normas deben ser consideradas proyectos independientes”, dijo Posada a la diaria. “La comisión es de Hacienda y Presupuesto, y eso es lo que deberíamos abordar exclusivamente. Corresponde que este proyecto sea remitido a la Comisión de Ciencia y Tecnología [del Senado, que aún no tiene integración definida] para que sea desglosado, para que se le dediquen los trámites necesarios, como su estudio y el llamado de ministros a comisión”. El diputado argumenta que, según la Constitución, el presidente debe actuar en conjunto con uno o más ministros o junto con el Consejo de Ministros, y que las competencias de la Secretaría de Ciencia y Tecnología podrían integrar la órbita de la Dirección Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología del MEC. “Es una práctica que sobre todo ha tenido un particular desarrollo en estos últimos diez años, aunque también hay antecedentes de gobiernos anteriores”, denunció. En la sesión de la comisión, Posada también dirigió dardos a la creación de otra secretaría, la de Ambiente, Agua y Cambio Climático, que, según coincidieron el diputado independiente, el colorado Rodríguez y Eduardo Rubio, representante por Unidad Popular, superpone tareas con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

“Históricamente, los temas de ciencia y tecnología han estado en ámbitos ministeriales y no fueron experiencias exitosas”, contestó Brechner en diálogo con la diaria. Una semana antes, en comisión, Roballo también había fundamentado la integración de la secretaría a Presidencia: “Ésta es una acción proactiva del gobierno, que obedece a una preocupación directa del presidente de la República en la materia”. El prosecretario adelantó que se está trabajando en un proyecto de ley que va a definir el perfil del secretario de Ciencia y Tecnología; entre el 1º de enero de 2016 y la fecha en que se resuelva ese detalle, la responsabilidad recaería en alguno de los funcionarios actuales de Presidencia. La futura norma también detallará el presupuesto de la secretaría; la ley de Presupuesto no prevé partidas nuevas, así que habrá que sacar de los recursos que actualmente se contemplan para Presidencia y sus unidades ejecutoras.