La Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas (UTHC) no aceptará el ingreso de pacientes privados de libertad al hospital “hasta que no se establezcan las debidas condiciones”. Así lo resolvió el sábado la mesa representativa del gremio, que hoy tendrá una asamblea general. El problema se produjo el sábado, cuando un recluso le quitó el arma a uno de los policías que lo custodiaban, le disparó en el abdomen, tomó a una licenciada en enfermería de rehén y huyó escaleras abajo del piso 10 del Hospital de Clínicas (HC); subió a un taxi pero fue identificado por otro policía y poco después fue capturado.
El Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) emitió un comunicado en el que precisó que el recluso contaba con esposas y grilletes, tal como lo dispone el protocolo de seguridad para quienes tienen características de alta peligrosidad. Aclaró que las normas internacionales disponen la permanencia de dos custodias por recluso, que “no deben abandonar en ningún momento la guardia”. Ésa fue una de las fallas, porque cuando se produjo el incidente uno de los policías había ido a realizar los trámites del alta médica. Pero además hubo “un exceso de confianza de quienes custodiaban, los que procedieron a despojar de las esposas al recluso en momentos en que se tramitaba su alta médica, para facilitarle las tareas de abandono de la sala y retiro de sus pertenencias”, expresó el INR. Tras dispararle al policía, el recluso le quitó el juego de llaves con el que se liberó de los grilletes. El policía fue operado de inmediato y permanece en el CTI del Clínicas, donde espera para ser intervenido nuevamente.
La UTHC justificó su resolución por “la inseguridad a la cual están expuestos nuestros compañeros y la falta de garantías para el cumplimiento de nuestra labor”. En diálogo con la diaria, María Montañez, dirigente de la UTHC, reconoció que “el protocolo existe, pero no siempre se cumple a rajatabla”. Integrantes de la UTHC dialogaron el fin de semana con dirigentes de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, que este año afinaron junto al Ministerio del Interior (MI) los protocolos para la atención de personas privadas de libertad. Según Montañez, la dirección del HC estuvo de acuerdo en suspender temporalmente el ingreso de personas privadas de libertad y en buscar soluciones junto al MI. El gobierno prevé crear un hospital penitenciario, que se ubicará en la cárcel Santiago Vázquez; Montañez dijo que el gremio desconoce por ahora cuál sería la capacidad de atención -aparentemente tendría 40 camas- y el tipo de intervenciones que puedan hacerse allí.
Cuestión de posibilidades
Al igual que lo había hecho la Comisión Directiva del HC el martes, el miércoles el Consejo de la Facultad de Medicina expresó su “máxima preocupación” por la propuesta presupuestal del Poder Ejecutivo para el quinquenio, que para 2016 propone otorgar “sólo el 13%” de lo solicitado. La resolución del consejo, difundida el viernes, detalla que los sucesivos presupuestos insuficientes otorgados quinquenios atrás vuelven “insostenibles” las condiciones de docencia y asistencia, y que eso hace peligrar la continuidad de la institución. Hace suyas las expresiones de la Comisión Directiva cuando mencionó las “expectativas” generadas por el compromiso del gobierno de apoyar la reconversión del hospital universitario. Los consejeros expresaron, por unanimidad, que con los fondos propuestos se verá afectada la calidad de atención, los servicios, el cumplimiento de normativas laborales y “el desarrollo real de la investigación básico-clínica en nuestro país”. La resolución señala que el aumento de crédito para el convenio de complementación asistencial con la Administración de los Servicios de Salud del Estado (55 millones para 2016 y 110 millones a partir de 2017) “no sustituye la impostergable inserción del Hospital de Clínicas al SNIS [Sistema Nacional Integrado de Salud]” e insiste en “la necesidad de recibir recursos específicos del sector salud”.
El consejo consideró, además, que “difícilmente se cumplirán los compromisos electorales” de cumplir con la asignación de 6% del Producto Interno Bruto para educación y 1% para investigación y desarrollo. Bregó por la concreción de la reforma de la planta física del HC -estimada en 104 millones de dólares- y manifestó que “existen recursos en el país que permitirían financiar el justo reclamo del HC y la Udelar”, para lo que sugieren “rever la política tributaria del Estado”.