La discusión sobre qué hacer con los inmuebles ruinosos o abandonados viene desde hace varios períodos, y éste no es la excepción. Ayer la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados recibió al intendente de Montevideo, Daniel Martínez, quien planteó la necesidad de contar con “herramientas legales” para poder utilizar las viviendas abandonadas para hacer realojos, y destacó que el número de inmuebles en esta situación es muy importante.
Sobre este punto hay bastante discusión. Si bien el censo 2011 que realizó el Instituto Nacional de Estadística determinó que había cerca de 50.000 casas desocupadas, el dato se ha ido depurando. Según un informe de la Defensoría del Vecino de 2014, en Montevideo había cerca de 500 viviendas abandonadas, y según dijo ayer el intendente, sólo en los municipios B (que abarca, entre otros, los barrios Ciudad Vieja, Centro, Barrio Sur, Parque Rodó, Aguada y La Comercial) y C (Prado, Capurro, Reducto, Arroyo Seco, La Figurita, Mercado Modelo y Jacinto Vera) hay 389 inmuebles vacíos.
La diputada Susana Pereyra (Frente Amplio) contó que sobre este tema profundiza un grupo interinstitucional integrado por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, la Agencia Nacional de Vivienda, la Intendencia de Montevideo (IM) y el Ministerio de Desarrollo Social. Según explicó la directora de Acondicionamiento Urbano de la IM, Silvana Pissano, se estudia la viabilidad jurídica, la financiera y la arquitectónica de los inmuebles “para poder transformarlos en viviendas de interés social, ya sea reciclando o mediante su sustitución por nuevas construcciones”. En un comunicado de la comuna se informa que mientras no exista una ley, de todas formas el gobierno departamental dispone de instrumentos para, a corto y mediano plazo, abordar los inmuebles ya relevados. Serían 80, cuyas deudas con la IM superan el valor catastral.