A medida que pasan las horas siguen surgiendo versiones y datos acerca de lo que ocurrió adentro del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) antes y durante el desalojo del edificio. El movimiento estudiantil organizó ayer una nueva marcha que llegó hasta el edificio que estuvo ocupado; allí se leyó una proclama en la que afirman que se generó un “falso discurso” por parte de medios de comunicación, el gobierno y “la derecha tradicional”. La versión de los estudiantes plantea que la mesa de negociación con el Ministerio de Economía y Finanzas que solicitaban les fue negada en reiteradas oportunidades, y que el martes a las 18.00, quienes ocupaban comenzaron a solicitar apoyo a “gremios, sindicatos y organizaciones sociales” ante un “inminente desalojo”. La proclama agrega que cuando los integrantes de las organizaciones fueron llegando al lugar encontraron un “gran dispositivo policial”, a pesar de que se estaba avanzando en un acuerdo con las autoridades del gobierno. Una vez que la Policía ingresó al edificio por la puerta trasera y bloqueó el acceso al edificio de padres y otros manifestantes, señalan que “ante la desesperación” de los estudiantes de secundaria, se formó un cordón para “facilitar la salida y proteger a los estudiantes que se estaban retirando”. “Mientras las fuerzas de choque en formación avanzaban intentando romper ese cordón, retiraban, apaleaban y detenían compañeros”, agregaron los estudiantes. Según señalan, muchos de los ocupantes se “refugiaron” en la Facultad de Ciencias Sociales, donde los heridos fueron atendidos, y muchos de ellos eran menores de edad que “habían sido golpeados brutalmente”.
El movimiento estudiantil rechaza el proceder de los ministros del Interior, Eduardo Bonomi, y de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, y pide la renuncia de ambos, mientras que exige “juicio y castigo” para los representantes directos y políticos del operativo. En la proclama, también plantearon que el Poder Ejecutivo busca correr “el foco del conflicto”, que para los estudiantes es “la política económica que exonera al capital y promueve el ajuste, desfinanciando la salud y la educación, promoviendo un presupuesto austero”. Además, exigen a la Justicia el cese de las “indagatorias persecutorias” hacia quienes fueron detenidos.
Otras causas
En la proclama que los estudiantes de secundaria ocupantes leyeron en la manifestación del miércoles, también apuntaron hacia “oportunistas que se aprovecharon de la situación” para llevar a cabo una lucha que responde a intereses políticos que les son ajenos. En diálogo con la diaria, uno de los estudiantes consideró que existió un “aparateo” en la asamblea minutos antes del ingreso de la Policía al local. Según la fuente, hay estudiantes de secundaria que pertenecen a grupos con “otros fines político partidarios” que pretenden ingresar a los gremios y llevar adelante esa línea política, algo que es “repudiado” por buena parte de los estudiantes que ocuparon. Según relató, cerca de las 21.00 había quienes querían desocupar el edificio porque entendían que la medida de ocupación ya no era útil a la causa y ya se habían conseguido avances, principalmente con legisladores.
Según evaluaba una parte de la asamblea, ya no había más avance posible con el Poder Ejecutivo y era momento de dejar el edificio; consideraban que el único argumento para seguir ocupando era el de “resistir ante el gobierno”. Según el estudiante, la otra parte de la asamblea entendía que “irse en ese momento era rendirse ante las fuerzas del orden”. Finalmente, la asamblea resolvió mantener la ocupación por 30 votos a 23. La fuente dijo también que a raíz de esa definición y la forma en que fue tomada, hubo algunos estudiantes que se fueron, otros que se quedaron por respeto a la decisión colectiva y otros que intentaron salir pero no pudieron, a raíz del cordón de manifestantes que estaba en la puerta. Acerca del respaldo del Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (SUATT) y de Plenaria Memoria y Justicia, señaló que apoyaban la causa de los estudiantes y que nunca votaron en una asamblea. Según dijo, los únicos que votaron fueron estudiantes de secundaria, y tenían únicamente voz los estudiantes de otros gremios y docentes.
Los estudiantes que ocuparon se reunirán en asamblea el sábado para analizar cómo sigue la marcha del conflicto. El lunes serán recibidos por la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados, y según explicó a la diaria Benjamín Peulla, estudiante del liceo Zorrilla, el planteo irá por el lado de sacar recursos para la educación de los que el Estado renuncia a nivel de exoneraciones fiscales a grandes empresas y la educación privada.
Judicializado
Ayer declararon ante la jueza del caso, Ana de Salterain, 11 de los 12 manifestantes detenidos en la noche del martes; el restante, explicó uno de sus abogados, Daniel Parrilla, no pudo declarar porque sufrió un golpe muy fuerte en la cabeza. Todos ellos declararon en calidad de indagados, pero Parrilla explicó que además los 12 presentaron una denuncia contra la Policía por la violencia sufrida durante el operativo. “Entendíamos que correspondía que ante el expediente no quedaran como indagados solamente sino como denunciantes, para dejar de manifiesto que ellos habían sido los agredidos y no los agresores”, dijo Parrilla a la diaria. Aunque los abogados Parrilla e Isabel Cammarano, de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, y Pablo Ghirardo no establecen el delito, enmarcan la denuncia en la Ley 18.026, que en su artículo 22 establece el delito de tortura.
En las declaraciones de ayer se describen las agresiones que recibieron los manifestantes por parte de los policías: “Fueron detenidos, humillados, golpeados y los desnudaron” antes de pasar la noche detenidos, dijo Parrilla, que considera que los testimonios, las constancias médicas y los informes de los médicos forenses son “prueba contundente de que avalan la denuncia que hicimos”. Según contó, los detenidos en la noche del martes fueron liberados en la mañana del miércoles, luego enviados ante médicos forenses, y después los llevaron a sus respectivos centros médicos para que fueran atendidos. Parrilla contó que hay algunos de los manifestantes que tienen “hasta cuatro y cinco puntos en la cabeza”, y que uno de los informes forenses determina un período de 10 a 15 días de recuperación por “la entidad de las lesiones”.
El abogado contó que sus defendidos son 11 varones y una mujer, y que entre ellos hay estudiantes universitarios, del IPA, de Formación Docente de Treinta y Tres, algunos profesores (entre ellos Emiliano Mandacen, el presidente de la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria de Montevideo) y tres integrantes del SUATT. Ayer El Observador publicó que al menos tres de los detenidos tenían antecedentes penales, dato que Parrilla negó. Si bien el abogado reconoció que durante el operativo “hubo una situación de enfrentamiento”, aseguró que sus defendidos “no participaron en la refriega, lo vieron después por los videos”. “Lo que se habían propuesto era garantizar la seguridad física de los chiquilines, que los chiquilines salieran del edificio, y cuando la Policía va, algunos por Libertador y otros por Colonia, los agarran, les pegan y los ponen contra el piso. En la mayoría de los casos eso ocurre a los tres o cuatro minutos luego de que llegaran. No tuvieron ocasión ni tiempo de participar en ninguna refriega”, afirmó.