La bancada de diputados del Frente Amplio (FA) se reunió ayer para comenzar a intercambiar acerca del mensaje presupuestal enviado por el Poder Ejecutivo y definir ejes de trabajo y ámbitos de resolución. Los miembros de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda informaron que entre el 4 y el 6 de octubre comenzarán a votar el proyecto artículo por artículo, por lo que el plazo para discutir cambios es exiguo. Por otra parte, se hizo hincapié en que el FA debe llegar con la discusión interna resuelta, ya que se estima que los 49 diputados de la oposición van a votar en contra de la iniciativa del Poder Ejecutivo y serán necesarios los 50 votos del FA para que se apruebe.

El diputado suplente del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) Carlos Coitiño explicó que existen “tres zonas” en las que se pueden generar diferencias internas: en primer lugar, en iniciativas que tiendan a ampliar los recursos con nuevos impuestos o ajustes a los ya existentes; en segundo lugar, si se realizan reasignaciones sin ampliar el monto presupuestal; y en tercer lugar, si se establecen reasignaciones en las partidas que regirán a partir de 2016. Coitiño prefirió no adelantar los artículos que el PVP quiere discutir, pero manifestó su preocupación por la inclusión en el presupuesto de iniciativas que podrían haber sido planteadas por separado, ya que el mensaje no sólo distribuye recursos, sino que también crea organismos, cargos y programas, entre otras propuestas.

Gonzalo Mujica (Espacio 609) explicó que “se habló de núcleos de preocupación, de sectores”. “Los obvios: educación, salud, el tema de la Caminera [la disposición que establece que la Policía Caminera pase a depender de la Guardia Republicana], el de los medicamentos de alto costo para la salud para pacientes terminales, el [Instituto de Investigaciones Biológicas] Clemente Estable”, enumeró. “No hay propuestas, simplemente son los temas en los que nos gustaría meter el dedo”, agregó. Mujica afirmó que la mayoría de los diputados del FA creen que no hay que acompañar la propuesta del Congreso de Intendentes de suspender la exoneración de la contribución inmobiliaria rural “si no hay votos del Partido Nacional”.

Cuánto hay

En principio, se acordó comenzar a trabajar en base al mensaje enviado por el Poder Ejecutivo, aunque se plantearon dos interpretaciones sobre los montos a tener en cuenta para posibles redistribuciones. El incremento presupuestal es de aproximadamente 1.100 millones de dólares, pero el Ministerio de Economía y Finanzas planteó que dos tercios ya están comprometidos en distintos gastos fijos decididos por anteriores administraciones, lo que deja un espacio fiscal de sólo 470 millones. El Frente Liber Seregni (FLS) planteó que se discuta tomando como base ese monto, mientras que la mayoría de los sectores no comparte esta visión. De todas maneras, los legisladores saben que “los márgenes de maniobra” son escasos, y la idea es que si se establecen modificaciones, esto se haga en acuerdo con el Poder Ejecutivo, para “no comprometer el cumplimiento del programa del FA”, tal como lo pidió el presidente Tabaré Vázquez, dijo un diputado.

Daniel Caggiani, del Movimiento de Participación Popular (MPP), dijo que en principio no se maneja la posibilidad de que haya un mensaje complementario del Poder Ejecutivo, y que el acuerdo de trabajar en base al proyecto enviado desde el gobierno “tiene en cuenta que es por el período de dos años”. El MPP, el Partido Comunista y la Lista 711 elaboraron un documento en el que proponen una serie de políticas contracíclicas, como el aumento de algunos impuestos a sectores de alto poder adquisitivo y la eliminación de algunas exoneraciones. Caggiani explicó que ésa no es la discusión que se está dando ahora y que el documento apunta a generar un debate en el FA para definir “cómo se puede obtener recursos por otras vías” y de “qué sectores deben provenir” para cuando haya que ajustar este presupuesto.

El diputado Sergio Mier (Liga Federal Frenteamplista) dijo que recién la semana que viene “la bancada va a empezar a unificar criterios”, y este viernes se realizará otra reunión en la que se espera que los sectores hagan propuestas concretas sobre los artículos que quieren discutir. Agregó que la propuesta del diputado Víctor Semproni (Congreso Frenteamplista) de cobrar una tasa a las llamadas realizadas por celulares para financiar un aumento a los salarios más sumergidos de las Fuerzas Armadas “es respetable”. “No es un impuesto, es una tasa a la telefonía celular que permitiría aumentar el sueldo al personal sumergido y evitar la no incorporación de vacantes. Hay que afinar un poco más la propuesta pero estoy de acuerdo”, añadió.

El lunes se reunió el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Socialista y recibió de parte del diputado Gonzalo Civila un informe sobre los contenidos del mensaje presupuestal y acerca de cómo está funcionando la comisión parlamentaria que lo analiza. Sin embargo, el organismo no tomó posición y continuará analizando el tema el lunes.