La discusión respecto del etiquetado de alimentos transgénicos se reanudó hace un mes, cuando las nuevas autoridades de la Intendencia de Montevideo (IM) plantearon revisar el decreto aprobado en 2013.

La IM formuló diez preguntas a la Comisión de Gestión de Riesgo del Gabinete de Bioseguridad, y ayer el grupo dio por concluida la consulta. Según supo la diaria, se resolvió formar un grupo ad hoc para el estudio de normativas y un subgrupo específico de etiquetado. El hermetismo con que trabajó el grupo fue importante. Alejandro Nario, director nacional de Medio Ambiente, se limitó a decir a este medio que la posición del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente fue favorable a mantener el etiquetado, considerando el derecho de los consumidores a estar informados; también le pareció razonable cambiar el diseño de la etiqueta, como ahora propone la IM, para que no sea estigmatizante.

Con ese escenario de fondo, el VI Congreso Iberoamericano de Nutrición, que se desarrolla desde el martes hasta mañana, incluyó un espacio para abordar el “Análisis de la seguridad de los productos transgénicos con fines alimenticios”.

Uno de los expositores fue Marco Dalla Rizza, ingeniero agrónomo y coordinador de la unidad de Biotecnología del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), quien defendió la contribución de la transgénesis en la agricultura. El INIA solicitó en 2012 al Gabinete de Bioseguridad autorización para la manipulación transgénica de especies de papa y de tomate con fines de investigación, y en 2013 recibió la aprobación para trabajar en laboratorios e invernáculos. El objetivo es incorporarles a las plantas “receptores de membranas” que cuando perciben la presencia del patógeno desencadenan el sistema de defensa natural de la planta”, detalló Dalla Rizza en diálogo con la diaria. Aclaró que no es una toxina y que se está evaluando la transferencia de ese gen para combatir “bacterias que son terribles, que son consideradas agentes de bioterrorismo por los sistemas de algunos países, porque pueden devastar la producción en poco tiempo y permanecer en el suelo por muchos años”. Alegó, además, que incorporar resistencia genética “es la forma más genuina de controlar patógenos cuando no hay otros medios de control”. Como resultado, adelantó que en la aplicación del gen en la papa están encontrando “resultados promisorios bastante novedosos”. Dalla Rizza defendió la investigación -aplicada a la realidad de cada país- y dijo que los productos transgénicos han logrado incrementar la productividad, reducir el uso de pesticidas y disminuir el efecto invernadero.

Lara Tarocco, ingeniera alimentaria e integrante del Departamento de Fiscalización del Ministerio de Salud Pública (MSP), reseñó que desde 2012 el equipo analiza el impacto de organismos vegetales genéticamente modificados en la salud (únicamente los eventos que están autorizados para ser comercializados en Uruguay, que son el maíz y la soja). Dijo que la transgénesis traspasa los límites naturales, y que eso da “cierto margen de incertidumbre”. Reseñó que hace 20 años que se utiliza la transgénesis para la producción de alimentos y que “pasan muchos años hasta que la ciencia logra encontrar evidencias de repercusiones e impactos negativos en la salud”; eso fue lo que sucedió con el uso de plaguicidas en la producción primaria, “que fueron retirados luego de muchos años de uso”, y con las grasas trans, “que se usaron durante mucho tiempo hasta que se llegó a evidencia epidemiológica suficiente para correlacionar el consumo elevado de grasas trans y las enfermedades cardiovasculares”. Afirmó que no están instalados los sistemas de vigilancia epidemiológica “como para poder afirmar que no existen impactos negativos, repercusiones sobre la salud, del consumo de transgénicos”.

Agregó que los organismos vegetales genéticamente modificados creados hasta ahora persiguen un interés agronómico, no nutricional; por ejemplo, que la planta tolere el glifosato, y también que se le incorporen proteínas cry, que son toxinas para insectos. Acotó que hay estudios que detectaron que “algunas proteínas cry no fueron totalmente degradadas a nivel grastrointestinal” y presentan efectos hematotóxicos. Tarocco señaló que “es necesaria una reevaluación toxicológica de los residuos aceptados” en alimentos, y recordó que el glifosato fue catalogado recientemente por la Organización Mundial de la Salud como “probable carcinógeno para humanos”. Por eso sugirió “incluir en la evaluación de riesgos el análisis de los residuos de plaguicidas, especialmente de herbicidas”, algo que no se hace en Uruguay.

Tarocco dijo que no se cuenta con “suficiente información” como para aceptar los organismos genéticamente modificados “con total seguridad, ni para rechazarlos con total certeza”. Por eso resaltó la necesidad de “realizar estudios independientes” y fomentar los mecanismos que permitan implementar la trazabilidad en el proceso de fabricación de los alimentos.