La desaparición del llamado “viento de cola”, los ajustes en las empresas públicas, la discusión presupuestal, las propuestas salariales para el sector privado y los incesantes pedidos por parte del equipo económico del gobierno de una mayor cautela fiscal no hacen más que reavivar el debate en el Frente Amplio acerca de qué política económica debe tomar un gobierno de izquierda. En este escenario, el “grupo de los tres”, conformado por el Movimiento de Participación Popular (MPP), Compromiso Frenteamplista (CF) y el Partido Comunista del Uruguay, busca alentar la adopción de un modelo de políticas contracíclicas que, sostienen, no parece ser el camino adoptado por el gobierno para sortear la actual coyuntura económica. Se trata de tres sectores de peso electoral pero sin incidencia directa en el equipo económico, que formaron parte del llamado “grupo de los ocho”, expresión electoral desmembrada tras las elecciones nacionales.

“Hay un espacio de trabajo que venimos construyendo con lo que quedó del grupo de los ocho. Son sectores que comparten una visión de país, de modelo de desarrollo y de estrategia”, dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Sánchez (MPP).

La idea es, explicó, generar una “mirada de mediano plazo” más que una estrategia de cara al presupuesto.

Tras mencionar la crisis internacional de 2008 y 2009, el documento preliminar elaborado por estos tres sectores observa que si bien actualmente transcurre un proceso internacional “similar” a aquél, existen “señales que indican caminos que hasta ahora no hemos recorrido”. Entre ellos se enumera el recorte del gasto público y de las inversiones de las empresas públicas, los “lineamientos salariales conservadores”, que “pueden transformarse en elementos procíclicos no previstos”.

Los sectores buscan, en cambio, una política económica que permita “amortiguar” el enlentecimiento presente y “siente las bases del crecimiento futuro”. Para ello, estos sectores políticos proponen una serie de herramientas como el uso de las reservas internacionales, la reducción del “gasto tributario” o una modificación en la carga tributaria.

El texto también critica los lineamientos salariales del sector privado, ya que éstos deberían crecer a un ritmo similar al Producto Interno Bruto (PIB), pero mientras se espera que los primeros se incrementen 4% en términos reales durante los próximos tres años, las expectativas de expansión de la economía ascienden a 8%.

“Una evolución como la planteada conduciría inequívocamente a una caída de la masa salarial como proporción del PIB total del país”, se sostiene en el documento, que concluye que en los lineamientos propuestos “subyace la idea de que los salarios deben ser la variable principal a ajustar para reducir las presiones inflacionarias”.

El sector incluso advierte que en un “contexto de enlentecimiento del crecimiento del PIB, una política fiscal de austeridad puede implicar un deterioro aún mayor de las cuentas públicas”, lo que puede achicar la economía más allá de lo previsto.

Reservas y modificaciones tributarias

El documento sostiene que el Banco Central del Uruguay tiene uno de los niveles de reservas más altos de su historia, cercano a 17.890 millones de dólares, y si bien existe un “porcentaje importante de las reservas que corresponden a obligaciones de este banco con el sector público y privado, el volumen actual “permitiría hacer frente” a estas exigencias, y además “existiría una sobreacumulación de aproximadamente dos mil millones de dólares”.

La coincidencia es muy grande, incluso en el monto, con la propuesta que el ex ministro de Desarrollo Social Daniel Olesker, que actualmente se desempeña para el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, realizó en julio de este año y ratificó recientemente. La iniciativa del ex jerarca lo llevó a enfrentarse con actores de primera línea del actual gobierno, como el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García. Ambos son del Partido Socialista.

El texto también ahonda en la necesidad de reducir el llamado “gasto tributario” (recaudación que se deja de percibir por franquicias o exoneraciones impositivas), que en 2013, se sostiene, supuso más de 6% del PIB, equivalente a 3.330 millones de dólares (según valores del PIB de 2014). La utilización de esta alternativa permitiría desarrollar una política contracíclica “sin cargarla en forma completa a un aumento de una vez de la deuda”.

La biblia y los impuestos

El documento recuerda que el programa del FA habilita a “seguir avanzando en el nuevo sistema tributario alterando selectivamente la presión tributaria sin afectar la competitividad sectorial”, cargando “a la población de más alto ingreso, a los sectores con ganancias extraordinarias o poderosos patrimonios, al consumo importado de bienes suntuarios o competitivos con la producción nacional con una muy baja calidad” y llama a “considerar además un uso más selectivo de la promoción de inversiones”. El presidente Tabaré Vázquez sostuvo durante la campaña electoral que su gobierno no iba a crear nuevos impuestos, algo que repitió cuando presentó el proyecto de ley de presupuesto a los parlamentarios oficialistas el lunes 31 de agosto, ante los planteos de legisladores. Pero según el senador de CF Leonardo de León, todo lo propuesto se plantea en el marco del programa del FA, e incluso “no se plantean nuevos impuestos”. Esto último es una de las diferencias de la propuesta del “grupo de los tres” con la de Olesker, sostiene.

Respecto de las inversiones que el Estado debe afrontar, se estima que en caminería rural debe invertirse cerca de 2.100 millones de dólares, tanto para las vías de uso intenso como las de uso moderado y leve. También se estima que el Estado debe llevar adelante una “provisión de infraestructura básica urbana” de entre 1.340 y 2.536 millones de dólares. El plan en total abarcaría cerca de 4% del PIB y lograría atenuar la “variación cíclica actual del crecimiento, y también levantar restricciones que tiene la economía para un mayor crecimiento futuro”.