“Señores jueces y señores del jurado, recorrí 15.000 kilómetros, traje documentos oficiales y quisiera entregarlos. Para nosotros, que no hemos tenido justicia en Uruguay, la acumulación de informaciones, aunque eso no sea un juicio histórico, es importante. [...] Insisto en que me dejen entregar documentos para que en un lugar del mundo exista toda la información que demuestre que Andrés Humberto Bellizzi es una víctima de crímenes de lesa humanidad”. El periodista Roger Rodríguez afirmó esto ante la jueza de la III Corte d’Assise de Roma, Evelina Canale, a cargo del juicio que investiga la coordinación represiva del Plan Cóndor en Uruguay, Chile, Paraguay, Brasil, Bolivia y Argentina.

La apelación del periodista uruguayo imprimió un giro al juicio que después de más de dos horas de testimonio se había trancado en un forcejeo entre la Corte, la fiscalía y las partes, justamente sobre la adquisición de ulterior documentación. Al regreso en Aula tras un receso, la Corte se mostró más dispuesta y accedió a aceptar los documentos. Rodríguez refirió que, sobre la base de investigaciones que él hizo, Bellizzi fue condenado a desaparecer ya en 1974 cuando participó, el 2 de junio, en un acto público de denuncia y resistencia a la dictadura uruguaya en Buenos Aires. Los 101 asistentes fueron detenidos en una operación conjunta entre argentinos y uruguayos, y todos fueron fichados, como demuestra un documento que fue entregado a la Corte. “Ese operativo, llamado Operación Gris, determinó la producción de un informe que fue entregado al SID -Servicio de Inteligencia y Defensa-. Además de los nombres y referencias personales de los detenidos, había una lista de panfletos encontrados en el lugar. Ese registro se convirtió en un elenco de seguimiento de futuras víctimas del Cóndor”, contó el periodista, que leyó los nombres de uruguayos incluidos en la lista y luego desaparecidos, entre ellos Daniel Banfi y Juan Pablo Recagno, víctimas del presente juicio. Y continuó: “Todo hace entender que Bellizzi, secuestrado en abril de 1977, fue llevado, junto a su compañero de trabajo Jorge Goncálvez Busconi, al centro de detención ‘Club Atlético’, que en ese entonces funcionaba como base del Cóndor. Anoche me conecté con Hugo García Rivas, un desertor del Ejército uruguayo que escribió un libro, ‘Confesiones de un torturador’; me proporcionó los nombres de los uruguayos que operaban en el ‘Club Atlético’ en la época de la detención de Bellizzi: Carlos Calcagno, Armando Méndez, Eduardo Ramos, Glauco Yannone, Eduardo Ferro y Vicente Alaniz. Éstas son la personas responsables de la desaparición de Bellizzi. Están vivos, no como Contreras que en este juicio es el único citado para la muerte de Bellizzi, y podrían ser enjuiciados. García Rivas me dijo que está a disposición de la Corte para llevar aquí su testimonio”.

Rodríguez explicó cómo el nombre del capitán Jorge Tróccoli, acusado en este juicio, surgió a raíz de una entrevista en 1996 en la revista Posdata en la cual dos informantes indicaban a Tróccoli y Juan Carlos Lacerbeau como responsables de acciones de inteligencia y como jefes de la tortura a un grupo de militantes de los Grupos de Acción Unificada (GAU) en 1977. “Además de la documentación que certifica la presencia de Tróccoli en Buenos Aires en los días del operativo en contra de los GAU, traje documentos que demuestran la presencia de Tróccoli en Puerto Belgrano, donde operaba un centro clandestino de detención”, siguió Rodríguez. “Es un legajo personal de Tróccoli donde consta su traslado y se documenta su asignación durante los años 1978-1979 a la base Belgrano”, afirmó el periodista.Las preguntas sobre Tróccoli involucraron a otro de los imputados en el juicio, Ricardo Chávez, que, según explicó Rodríguez, estaba a cargo de la logística del Fusna (unidad de Fusileros Navales) en 1977-1978, en el mismo momento en que se realizaba la represión en contra de los GAU. El abogado de Chávez, Riccardo Brigazzi, trató de demostrar que su defendido desconocía los hechos; Rodríguez sugirió que el militar “se presente delante de la Corte a aportar su testimonio”.

El aporte del periodista fue fundamental también para explicar el funcionamiento del Plan Cóndor: “El sistema de espionaje tenía un mecanismo de cables codificados. Entre ellos se llamaban Cóndor 1-2-3-4-5. Encontramos el documento que descifra el código, que es simplemente alfabético: Argentina es 1 y Uruguay es 5. Cuando un sospechoso era detenido en un país extranjero se informaba el país al que pertenecía. Luego se armaba una operación y viajaban oficiales del país de pertenencia del sospechoso que participaban en la captura operada por la Policía local. Los nativos interrogaban y los locales se ocupaban de la custodia. Los niños venían repartidos como botín de guerra y se intercambiaban en diferentes países para hacer más difícil encontrarlos. Sobre la desaparición había una regla: ‘cada uno se hace cargo de su propia basura’, según lo que me contó una fuente reservada. Eso explica el traslado de prisioneros”.

En conversación con la diaria Rodríguez subrayó: “La estrategia del fiscal Capaldo era la de hacer un juicio a la coordinación política del Plan Cóndor, pero la Corte parece más inclinada a un juicio criminal y no político. Además, los responsables políticos están desapareciendo por razones de edad y sería necesario enjuiciar a los autores materiales de los hechos, que son más jóvenes”. Rodríguez sostuvo que hay que “proteger y hacer público” el juicio que se está llevando adelante en Roma, porque “también la verdad es una forma de justicia”.