La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) incrementará su presupuesto 13,8% en el quinquenio. Se destinarán importantes partidas (140 millones de pesos en 2016 y 240 millones de pesos anuales a partir de 2017) para cubrir los aguinaldos y cargas legales de funcionarios contratados mediante diferentes modalidades, algo que le ha significado al organismo importantes pérdidas por juicios laborales; para cubrir con el pago de esos juicios autoriza el gasto de 300 millones de pesos en 2016 y 2017. Por otra parte, presupuestará al personal contratado mediante el régimen de vacancia autorizado en 1990 (Comisión de Apoyo). Crea para los funcionarios no médicos un “incentivo por presentismo” que será financiado por medio del “incentivo por asiduidad”, que existe desde 1992; si bien esa partida se incrementará en 50 millones de pesos, la Federación de Funcionarios de Salud Pública discrepa con la iniciativa, porque ASSE reglamentará la forma de pago, y quien tenga una inasistencia perderá la partida entera, mientras que hoy sólo pierde el equivalente a cada jornal que no trabaja.

En cuanto a la creación de cargos, se destinan 50 millones de pesos en 2016 y una partida anual de 200 millones a partir de 2017 para crear cargos asistenciales y de apoyo para implementar los proyectos priorizados por la administración.

Tal como estaba previsto, se creará el Centro Asistencial Penitenciario: se destinarán 15 millones de pesos en 2016 y 50 millones anuales a partir de 2017 para financiar cargos asistenciales y de apoyo.

Con la intención de revertir la alta fuga de auxiliares y licenciados en enfermería hacia instituciones privadas, ASSE invertirá 175 millones de pesos anuales para implementar una reestructura de funciones, remuneraciones y condiciones laborales de esos recursos. Se autoriza al organismo a contratar personal “en todas las modalidades vigentes para desempeñar funciones de guardia retén”.

La cobertura de vacantes es otro aspecto al que se brinda atención: se transferirán al Fondo de Suplencias hasta 60 millones de pesos anuales provenientes de créditos resultantes de descuentos a funcionarios, se faculta a ASSE a celebrar contratos temporales de derecho público (no superiores a tres años) para atender necesidades que no pueda cubrir con sus funcionarios, y otros oferentes podrán cubrir servicios tercerizados imprescindibles cuyos contratos se hayan interrumpido. Se crearán también cargos de apoyo para la implementación y extensión de los sistemas de información (20 millones en 2016 y 35 millones anuales a partir de 2017). Dinero recaudado por el Fondo Nacional de Salud se destinará a complementar sueldos por “alta dedicación o pago variable contra cumplimiento de metas o indicadores de desempeño”.

Por otra parte, se habilita a ASSE a implementar planes piloto en sus unidades ejecutoras “para profundizar y expandir la descentralización de la gestión”.

En cuanto a salud mental, se explicita que a la Colonia Etchepare, que ahora se llamará “Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Sicosocial”, se transferirán “los cometidos, derechos y obligaciones, recursos humanos y los bienes muebles e inmuebles” afectados al uso de la Colonia Santín Carlos Rossi, que se suprime como unidad ejecutora. Los créditos destinados a inversiones aumentarán en 50 millones en 2016 y 100 millones anuales de 2017 en adelante; el articulado no menciona las prioridades, pero sí la exposición de motivos del proyecto de ley, que habla de mejora edilicia, equipamiento en distintos centros y remodelación de centros de salud mental.

En la exposición de motivos se destaca que se fortalecerán las Unidades Docentes Asistenciales que se desarrollan en conjunto con la Universidad de la República, así como el convenio de complementación de ASSE con el Hospital de Clínicas.

Rol rector

El Ministerio de Salud Pública (MSP) recibirá un incremento presupuestal de 6,7%. Su organigrama tendrá varios cambios. Se fortalecerá la Junta Nacional de Salud (Junasa), que pasará a ser una unidad ejecutora y contará con un director general; se suprimirá la Dirección General del Sistema Nacional Integrado de Salud y el presupuesto de esa dirección se reasignará a la Junasa. Se creará una Dirección General de Coordinación que articulará con las dependencias del MSP de todo el país, así como con los prestadores públicos y privados del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). La Red Integrada de Efectores Públicos de Salud, creada en 2010, pasará a depender de la nueva Dirección General de Coordinación.

El Fondo Nacional de Lucha contra el Sida financiará el suministro de medicamentos para el tratamiento de la enfermedad de usuarios del SNIS. En la exposición de motivos se destaca que se fortalecerá el área de inspección de la Dirección General de la Salud, así como el gobierno electrónico: se creará el Sistema de Historia Clínica Electrónica Nacional, se buscará coordinar las emergencias móviles y se trabajará con receta médica electrónica.