Buena parte del intercambio entre la delegación del Ministerio de Salud Pública (MSP) y los legisladores, el lunes, en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados giró en torno a los artículos 425, 438 y 439 del proyecto de Ley de Presupuesto Quinquenal. El Poder Ejecutivo busca limitar la responsabilidad del Estado y de las instituciones de salud a brindar aquellas prestaciones y medicamentos que están contenidos en el Formulario Terapéutico Médico o en los Programas Integrales de Salud.

El titular del MSP, Jorge Basso, defendió los tres artículos y afirmó, según consta en la versión taquigráfica, que “no hay ningún país en el mundo que tenga cobertura universal de todos los medicamentos de alto costo”. Dijo que además de considerar la efectividad basada en la evidencia científica de los medicamentos, es necesario guiarse por el costo-efectividad, que es lo que da “sustentabilidad al sistema”. Puso como ejemplo el caso de Reino Unido, que “acaba de dar de baja a 14 medicamentos oncológicos y 24 tratamientos precisamente por no cumplir con el concepto de costo-efectividad”, y mencionó que países como Inglaterra, Holanda, Suecia y Corea del Sur consideran que aquellos medicamentos cuyo costo esté por encima del valor de tres Producto Interno Bruto per cápita “sólo pueden ser ingresados si se negocia con la industria para que bajen los costos”. Destacó que recientemente los países de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) comenzaron un proceso de compra conjunta de medicamentos “de altísimo costo” y que el Fondo Nacional de Recursos (FNR) ya empezó a aplicar junto con la industria farmacéutica la herramienta de “riesgo compartido” en que una de las dos partes financia el tratamiento por determinado tiempo.

Alicia Ferreira, directora general del FNR, defendió los tres artículos y la base de la que se parte, puesto que según la Organización Panamericana de la Salud, el listado de prestaciones y medicamentos de Uruguay es “uno de los grupos de prestaciones más abarcativos de la región”, indicó. Enumeró que el FNR brinda prestaciones como “trasplantes de corazón, de riñón, de médula ósea, de hígado, que son costosísimos y en muchos países del mundo no están financiados”, así como medicamentos para el cáncer de mama, como Trastuzumab y Fulvestrant, que no tienen costo para los pacientes, algo que no ocurre en países como Estados Unidos. Ferreira mencionó que Uruguay proporciona gratuitamente dos o tres de los medicamentos que Reino Unido excluyó de la cobertura universal porque ponían en riesgo el financiamiento del sistema.

“Nos parece bien que este tema se discuta y se analice”, expresó el ministro sobre el final de su comparecencia. Consideró que “no encarar su discusión no le hace bien a la sociedad”, y señaló que, “sin duda, este tema no es de los jueces, de los médicos o de los economistas, sino de la sociedad en general”. En relación con eventuales modificaciones de los artículos, agregó: “Estamos dispuestos a mejorar la redacción, pero el país necesita sostener una política sanitaria a partir de una propuesta que consolide que los medicamentos que ingresan -que son financiados por toda la sociedad y apuntan a ayudar a los pacientes que tienen patologías que no tienen cura, pero pueden mejorar la calidad de vida o prolongársela- estén basados en fundamentos científicos de costo-efectividad, sosteniendo el sistema de salud”.

Sin nombres

Al ser consultado por la diaria Homero Bagnulo, médico y ex presidente del FNR (2000-2005), consideró que no fue lo mejor incluir estos artículos “sin una discusión previa”, opinó que “debiera darse una discusión mucho más amplia”, que “merece una discusión a nivel de la sociedad”, y dudó: “No sé si una ley de presupuesto es el mejor lugar” para incorporarlos. Expresó que es un tema que se está discutiendo en todo el mundo y que hay argumentos de un lado y del otro, pero que “las soluciones no son ni blancas ni negras”. Lamentó que la discusión se esté dando “con nombre y apellido” -en relación con el financiamiento de medicamentos de alto costo que han salido en la prensa, como una excepción que se le hizo al hijo de un ex senador o el de un niño cuya familia reclamaba un medicamento-, porque eso desvirtúa lo que se tiene que discutir: la regulación.

Hechos esos reparos, Bagnulo advirtió que el FNR ha detectado casos de pacientes cuyos abogados no proporcionaron toda la información en cuanto a los ingresos de las personas, cuando en realidad tenían posibilidades económicas de costear los tratamientos. Cuestionó que los jueces y los estudios jurídicos no pregunten a los laboratorios y a los despachantes de aduana cuáles son los costos reales de los laboratorios, y planteó que “en tantos juicios, alguna vez podrían haber citado a la industria farmacéutica”.