La sala de conferencias del Ministerio del Interior (MI) estaba llena: había tres televisores, casi diez cámaras, una decena de periodistas, legisladores y miembros del Poder Ejecutivo, todos mirando al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, al subdirector nacional de Policía, Raúl Perdomo, y al ministro del Interior, Eduardo Bonomi. La conferencia de ayer de tarde fue para asegurar que no hubo abuso policial durante la desocupación del Codicen y difundir un video que registra lo sucedido dentro del edificio, filmado por cámaras GoPro que los policías del Grupo de Respuesta Táctica (GRT) de la Jefatura de Policía de Montevideo llevaban prendidas en sus chalecos. Según Bonomi, lo que sí hubo fue una artimaña mediática de Pablo Ghirardo, abogado de varios de los detenidos durante el operativo, que acusó al MI de ser autor de “hechos crueles y humillantes, que son el eje del delito de tortura”, pero no presentó denuncia penal. Debido al “sometimiento de la Policía al escarnio público”, Bonomi anunció que denunciará al abogado por difamación e injurias: “Miente descaradamente”, apuntó.
El ministro dijo que el GRT actuó porque “la ocupación se transformó en impedir el acceso a otras oficinas”, y que ahora, con estas nuevas imágenes “de forma suficiente se puede comparar lo que se dice con lo que pasó”. El video difundido no muestra agresión explícita alguna de ninguna de las dos partes. Bonomi aseguró que cuando el GRT ingresó “no había nadie”, y que por ende “no pudo haber ningún empujón”. En ese sentido, dijo que se llegó al “ridículo de la defensa de una ocupación que no existía” y que pensó “que había quedado claro [que las personas que se ven en el video formando una cadena para impedir el ingreso de la Policía a una de las salas del Codicen] estaban ocultando que no había nadie. Era una excusa”.
Bonomi agregó que decir que “lo que pasó en el pasado es lo que pasó el martes es mentirles a los jóvenes [...]. Ojalá los interrogatorios de 1972, 1973, 1974, 1975, 1976 se hubieran filmado”. “Es una enorme mentira”, dijo y aseguró que “esto es lo más regular que hay, y es como hay que actuar”.
Respecto del informe de la INDDHH que se divulgó el viernes 25 -que respalda la actuación del MI pero también asegura que hubo “casos puntuales” en los que se utilizó innecesariamente la fuerza, concretamente en el caso de Ghirardo-, el ministro dijo que no descarta que haya habido abuso, “pero hay que buscarlo, y yo no he visto”.
Horas antes de esta conferencia de prensa, el Consejo de Ministros respaldó totalmente la actuación del MI durante la desocupación. Según señala un comunicado de Presidencia, se recibió un “pormenorizado” informe sobre los hechos y el desempeño policial, que da garantías de que no fue necesario el uso de la fuerza para lograr la desocupación porque “no se pudo constatar presencia alguna de estudiantes en el edificio al momento del ingreso” del GRT, ni tras la inspección realizada posteriormente en todo el edificio, tal como aseguró Bonomi de tarde.
Otra versión
Apenas terminó de hablar Bonomi, comenzó otra conferencia de prensa. ADES Montevideo informó que ayer presentó una denuncia ante la INDDHH por “el conjunto de hechos irregulares ocurridos a partir del desalojo del Codicen (condiciones de detención, procedimiento policial, citaciones al juzgado, entre otras)”, según el texto presentado. El presidente de ADES, Emiliano Mandacen, aseguró que se reunieron “con parte del Consejo Directivo” de la INDDHH (en particular con Juan Raúl Ferreira y Mirtha Guianze, según pudo saber la diaria) y que se enteraron de que “las declaraciones de Juan Faroppa sobre los hechos en el Codicen corren por cuenta de él”. Mandacen se refirió al informe de esa institución en el que se basa el MI y explicó que no se trata de una posición tomada por su Consejo Directivo, que recién hoy tratará lo ocurrido en el Codicen.
El dirigente sindical también denunció “la criminalización de la protesta” y consideró “inadmisible” que se trate de “encubrir la represión brutal que sufrieron estudiantes y trabajadores tratando de adjudicarles eso a determinados grupos y localizando el conflicto en éstos”. En referencia a las detenciones que se realizaron ayer mientras se desarrollaba una manifestación en apoyo de quienes había sido citados a declarar en el juzgado, el dirigente dijo que “no se están dando las garantías” a los trabajadores citados y repudió el intento de detención de un estudiante universitario “herido” en el desalojo del Codicen, por parte de personas de particular, en un auto particular, que “no se identificaron” y no tenían orden judicial. Este intento de detención fue resistido por el estudiante y por varios manifestantes. Mandacen también expresó su preocupación por “cómo se ha desviado” la problemática que dio origen al conflicto, que es el reclamo por más presupuesto para la educación.
Por su parte, el dirigente Julio Moreira exigió que el MI ponga en conocimiento público “todas la imágenes” tomadas en el desalojo del Codicen y no imágenes editadas “a su conveniencia”. ADES sostiene que hubo diversos grados de violencia policial contra los estudiantes que estaban dentro de la sede, como cánticos, amenazas de que no verían más a sus padres, golpes y plantones. Mandacen calificó a la Guardia Republicana de “Policía militarizada”. ADES comunicó que hoy parará por 24 horas y se reunirá en asamblea a las 15.00 para que “el conjunto de los compañeros decida cómo continuar”.
Poco después se conocieron los procesamientos sin prisión por el delito de “atentado agravado” de cinco personas que participaron en los hechos del martes en las afueras del Codicen.
La presidencia y el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT condenaron “el mecanismo por el cual se detuvo y se intentó detener a un conjunto de militantes” ayer, y exigieron que “no debe ser práctica en el Uruguay ni judicializar ni criminalizar la protesta social o el conflicto”. El comunicado expresa, además, “solidaridad con los gremios estudiantiles y compañeros que están siendo víctimas de la judicialización y estigmatización”, y anuncia “grandes movilizaciones” en defensa de la educación pública.
