La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA), promulgada el 29 de diciembre de 2014, está vigente pero no se aplica. Y a juzgar por lo dispuesto por el Poder Ejecutivo en el proyecto de ley de presupuesto quinquenal, su institucionalidad no estará operativa, al menos, en los próximos dos años.

La ley SCA crea un Consejo de Comunicación Audiovisual como órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo encargado de aplicar y fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de la ley. Además, el Consejo tenía la tarea de desarrollar un observatorio audiovisual sistematizando los datos estadísticos principales referentes a las empresas, agentes y consumidores del sector, elaborar los reglamentos y pliegos de bases y condiciones que regirán los llamados a interesados en usufructuar frecuencias y asesorar al Ejecutivo en la decisión de asignación. Para su constitución requería la previsión presupuestal de los cinco cargos correspondientes a los integrantes del Consejo, así como dinero para gastos operativos. Pero en la ley de presupuesto no hay ninguna mención a la ley SCA. “Estamos esperando a ver qué pasa con los recursos” de inconstitucionalidad presentados contra la ley ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ), dijo a la diaria una fuente del Ejecutivo, explicando la omisión. La decisión se alinea con la posición del presidente Tabaré Vázquez, quien anunció que aguardará el fallo de la SCJ para reglamentar la norma.

En cambio, el diputado frenteamplista Carlos Varela (Asamblea Uruguay), quien presidió la Comisión de Industria, Energía y Minería de Diputados cuando se aprobó la ley, consideró que el Ejecutivo debería haber previsto recursos para la implementación de la norma. “La ley está aprobada, y si bien Tabaré resolvió no reglamentarla, debería, por lo menos, hacerse la previsión presupuestal”, valoró. No obstante, acotó que prefiere conocer las razones del gobierno antes de adoptar una posición sobre el tema.

En la misma línea está la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD), integrada, entre otras organizaciones, por la Asociación de la Prensa Uruguaya, el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) y la Universidad de la República. La coalición solicitará una entrevista a la ministra de Industria, Carolina Cosse, para conocer las razones de la omisión. “Si no se constituyen los organismos, la ley es papel mojado”, advirtió José Imaz, integrante de la CCD. En estos días, la coalición les hará llegar a los legisladores las previsiones mínimas que a su entender debería haber en el presupuesto para implementar la ley SCA: los salarios de los integrantes del consejo, diez cargos técnicos y cinco administrativos, una partida para gastos anuales y la habilitación del pase en comisión de funcionarios públicos de otros organismos para integrarse al consejo.

Además, Imaz hizo notar que no hay ningún dinero previsto para la transición de la televisión analógica a la digital, por ejemplo, los subsidios -anunciados por el gobierno anterior- a los decodificadores que permiten recepcionar la nueva tecnología.