La comuna capitalina informó ayer que después de un período de análisis, el área de Salud concluyó que los decretos que establecían el etiquetado de alimentos que tuvieran componentes transgénicos, aprobados durante el anterior período de gobierno, “no requieren ser revisados y mantienen plena vigencia”. Desde que asumió la nueva administración, la comuna había suspendido la aplicación de sanciones en el marco de esta normativa. La directora de Salud de la Intendencia de Montevideo (IM), Analice Berón, explicó a la diaria que no habrá modificaciones en el decreto pero que sí se va a revaluar el diseño de la etiqueta actual.
“En este tiempo hemos estado investigando, contactándonos tanto con la academia como con asociaciones civiles, y hay bastante controversia sobre si ésa es o no es la etiqueta más adecuada”, comentó, y resumió que el argumento “más pesado” para proponer el actual diseño, un triángulo amarillo con una T negra, fue que era el mismo diseño que se usa en Brasil, lo que permite mantener el empaque en los alimentos importados desde allí. “La finalidad del etiquetado es informar al consumidor sobre qué alimentos está consumiendo y sobre el origen del alimento que consume, no es decirle una cosa que no es cierta. Si nosotros decimos que ese alimento se puede vender no estamos diciendo que es tóxico, si no, no podríamos autorizar su venta. Muchas veces esto puede llevar a confusiones”, profundizó Berón. La jerarca añadió que en Brasil se está reviendo el diseño de la etiqueta. Para modificarla se hará un llamado a concurso, para el que ya se están elaborando las bases.
Otro aspecto que puso en marcha la comuna fue la convocatoria a otros laboratorios a acreditar el análisis de componentes transgénicos en los alimentos. La no existencia de laboratorios testigos había sido una de las demandas de las empresas. “Eso nos preocupó, porque el único laboratorio donde se podía analizar es el nuestro, el de Bromatología, a pesar de que no es un proceso ni muy complejo ni muy costoso; el tema es que no hay laboratorios que hayan manifestado su interés en acreditarse ni en tener esta técnica”, explicó la jerarca. Berón consideró que es correcto que haya laboratorios testigos, “como en cualquier otro procedimiento”, y relató que desde la comuna hicieron contactos con laboratorios privados y con el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (Latu), que se ofreció a colaborar en la acreditación. “Estamos en ese camino”, señaló.
En ambos casos, señaló la directora, el objetivo es “que no queden huecos, que no haya dudas, que la aplicación del decreto tenga el mayor marco de legalidad posible”.
Una de las consultas que había dispuesto la comuna fue a la Asesoría Jurídica de la IM, que indicó que el decreto no genera contradicciones con leyes nacionales ni con normas regionales. También se elevó la consulta al Gabinete de Bioseguridad, integrado por seis ministerios, “con el fin de sumar perspectivas, en una temática en la que Montevideo está innovando a nivel nacional”. Si bien la Comisión de Gestión de Riesgo del gabinete se reunió a raíz de esta consulta, todavía no envió su respuesta.
La comuna se tomará unos meses -no hay plazo definido, puntualizó Berón- para que se establezca un nuevo diseño y para acordar con las empresas a partir de cuándo se comenzará a exigir el nuevo etiquetado. “Terminado el plazo hay que hacer el recall, el retiro de los alimentos que no tienen etiqueta. Hay que acordar, porque la idea tampoco es que se tiren alimentos”, concluyó la jerarca.