La foto de un niño sirio de cuatro años pagando 130 pesos por un paquete de garrapiñada en la plaza Independencia conmocionó a la opinión pública internacional. Desde ayer, las cinco familias sirias que recibieron asilo en Uruguay en 2014 se instalaron frente a la Torre Ejecutiva para reclamarle al gobierno que les facilite la salida de Uruguay. Uno de los ciudadanos sirios aseguró que les mintieron: “Nos dijeron muchas cosas que no se cumplieron. Nos dijeron que era un país muy barato, y es caro: el dinero no alcanza”. Un fiscal de la Corte Internacional de Justicia adelantó que actuará de oficio para procesar por crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad a quienes les dijeron a los sirios que Uruguay era barato. “Es un acto de extrema crueldad contra un grupo de personas que están pasando por una situación desesperada”, afirmó.

Si bien desde el gobierno aseguraron que se va a hacer “todo lo posible” por solucionar la situación de los refugiados, a nivel extraoficial se supo que el presidente Tabaré Vázquez está “determinado” a impedir que los sirios logren irse de Uruguay. “Las oleadas migratorias se generan por contagio. Si dejamos que estos sirios se escapen y lleguen a lugares en donde el nivel de vida es mejor, como Siria o Irak, decenas de miles de uruguayos van a querer seguir su camino”, explicó una fuente de Presidencia de la República.

Es que hasta la fecha, las medidas tomadas por el gobierno para evitar un desplazamiento masivo de uruguayos hacia el exterior, como fijar tarifas prohibitivas para los taxis del aeropuerto de Carrasco o incitar los frecuentes paros de controladores aéreos, han dado resultado, pero se teme que si la inflación llega a 10% la desesperación lleve a la población a tomar medidas extremas. “Ha habido casos de homosexuales que prefieren arriesgarse a ser capturados por la organización jihadista Estado Islámico en Irak antes que seguir pagando 26 pesos para viajar en un ómnibus que pasa a cualquier hora y es manejado por un energúmeno que escucha a Petinatti”, aseguró el funcionario consultado.