Como en tantos otros planos, en materia de cambio climático Uruguay también es una hormiga que camina entre gigantes. Alcanza con repasar las portadas de los grandes medios para advertir que en los descuentos de la cumbre del clima que se realizará a fin de año en París todas las miradas apuntan a China y Estados Unidos, esos dos países que comparten el ranking entre los mayores contaminantes del mundo y que, en consecuencia, buscarán mostrar al mundo una señal de compromiso con metas ambiciosas para la adaptación al cambio climático.

En este escenario, Uruguay aspirará a renovar sus credenciales de país negociador y a predicar con el ejemplo. Por eso, el gobierno presentó a principios de mes una ambiciosa propuesta que, además de consolidar una “imagen país”, permitiría obtener una parte del fondo verde que se repartiría en caso de que la cumbre concluya con final feliz.

Las contribuciones nacionales (INDC, por sus siglas en inglés) de Uruguays para la reducción de gases de efecto invernadero al año 2030 fueron refrendadas por el Consejo de Ministros del 7 de setiembre, y puestas a consideración de la sociedad civil en una consulta pública el viernes 18 de setiembre, en el salón de actos del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA). Mínimamente difundida (apenas mediante un llamado publicado en la web y el envío de correos electrónicos), la convocatoria devolvió una postal típica de un país que se vende al mundo como “Uruguay Natural” pero que, en los hechos, no moviliza multitudes en la discusión de los asuntos ambientales. Apenas unos 15 representantes de la sociedad civil, algunos ciudadanos muy informados y medios de comunicación contados con los dedos de una mano asistieron a la audiencia. “No parece haber interés en que ésta sea una gran movida: no hay convocatorias masivas”, lamentó Laura Marrero, representante del Centro Uruguayo de Tecnologías Apropiadas (Ceuta) a la diaria.

Así y todo, unas 13 organizaciones de la sociedad civil presentaron un extenso documento con su posición en relación con las contribuciones presentadas por el gobierno. En él, critican la “escueta” información proporcionada por el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático (SNRCC) en la última y única reunión previa a la consulta del viernes, que tuvo lugar el 17 de agosto. En el documento, la sociedad civil propone que Uruguay, “como país de renta media, tome el rol de liderazgo y realice una propuesta con altos niveles de ambición y compromiso que incluya una diferenciación entre los países en desarrollo”. Ésa, dirá más adelante el escrito, es “la única posibilidad real que tiene el país de incidir en la concreción de un acuerdo efectivo”. Para ello, además, proponen que Uruguay renuncie a los fondos internacionales para cubrir sus necesidades de mitigación y adaptación, “promoviendo con su actitud un ejemplo a ser replicado por el resto de los países de similares condiciones”. En este sentido, las organizaciones plantean que Uruguay debe financiarse las metas establecidas para que los países más pobres puedan acceder al fondo verde. La oferta del gobierno, entiende Marrero, “está ligada al desarrollo productivo, pero descolgada de la dimensión ambiental”.

La oferta del gobierno toma como eje la idea de que Uruguay será en 2030 un país sumidero, lo que traducido al criollo implica que absorberá más gases que los que emite. Esta predicción, que aparece como uno de los caballitos de batalla de las contribuciones nacionales, genera dudas en la sociedad civil “sobre su cálculo y proyección”, en la medida en que gran parte de los bosques del país está vinculada a la forestación.

El gran ausente, sostienen los representantes de la sociedad civil en el documento, es el transporte, “principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel nacional, con 48% de las emisiones de dióxido de carbono, la tercera parte del consumo final de energía y aproximadamente 70% del consumo de derivados del petróleo”. Mario Caffera, de la Sociedad Amigos del Viento, otra de las firmantes de la declaración, dijo a la diaria que el del transporte es “el gran debe” en la contribución país presentada por el gobierno, y se preguntó por qué el Ministerio de Transporte y Obras Públicas no forma parte del SNRCC. En su documento, la sociedad civil insiste en sugerir “políticas de desestímulo al transporte particular privado” y “la recuperación del transporte ferroviario”.