Ayer fue la primera sesión del año de la Comisión Permanente, el órgano legislativo en funciones hasta el final del receso parlamentario, el 1º de marzo. Y para ser la primera, hubo bastante actividad. La oposición (el Partido Nacional y el Partido Colorado, ya que el Partido Independiente y Unidad Popular no tienen representantes en este órgano de 11 legisladores) propuso tres llamados a sala en régimen de Comisión General, y el Frente Amplio los votó. El primero fue al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, en relación al convenio firmado entre los gobiernos de Venezuela y Uruguay por la exportación de lácteos y alimentos al país caribeño.

El acuerdo por la exportación a Venezuela se firmó en julio en Brasilia, pero se modificó en setiembre a partir de otro acuerdo por la cancelación de la deuda por 430 millones de dólares que ANCAP tenía con su par venezolana, PDVSA. Este acuerdo implicaba el pago a PDVSA de 267 millones de dólares en una sola partida, monto que surgió de un préstamo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a ANCAP (deuda que finalmente se condonó a comienzos de año, para reducir el pasivo y capitalizar ANCAP). Pero ese dinero, según el acuerdo alcanzado entre los gobiernos, serviría además para la conformación de un fideicomiso para pagar deudas por 38 millones de dólares por exportaciones ya concretadas a Venezuela y para retomar las exportaciones de lácteos y alimentos a ese país. “Cuando se nos presentó el proyecto, además de decirse que era una buena operación financiera, se dijo que iba a resultar muy beneficioso para retomar el flujo exportador”, explicó el diputado convocante, Alejo Umpiérrez (Todos hacia Adelante, Partido Nacional), que agregó que los 267 millones de dólares “salieron en un giro el 24 de setiembre al China City Bank, supuestamente por requerimientos del gobierno de Venezuela. ¿Por qué? No lo sabemos”.

Respecto de ese giro, en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de Diputados Aguerre respondió que él “no firmaba los cheques del MEF” y que tenía entendido que con ese dinero “se canceló el endeudamiento, tal como se había acordado con Venezuela”. Ante el cuestionamiento de Umpiérrez por el giro de los 267 millones de dólares, explicó: “La interpretación del señor diputado Umpiérrez de que 100% del dinero tenía que quedar en el fideicomiso o de que no tenía que salir de Uruguay no es lo que surge de la letra del acuerdo. El acuerdo establece que los fondos irán a un fideicomiso, y no que va a ir todo junto a un fideicomiso. Todos desearíamos que el dinero no hubiera salido y que hubiera quedado en una cuenta. Habría sido mucho más tranquilizador. Pero lo cierto es que se acordó ese mecanismo”. Después, Venezuela asumió el compromiso de capitalizar el fideicomiso en partidas mensuales de 50 millones de dólares, de las que hasta el momento, según Umpiérrez, llegó sólo una, la de noviembre; “dudamos de que vengan, dada la situación declarada de emergencia económica en Venezuela”, añadió el diputado. Además, dijo que esa partida que llegó no se ha podido repartir en su totalidad, porque faltan firmas del organismo estatal venezolano Corpovex, para concretarlo.

La situación, señaló Umpiérrez, generó que las empresas “empezaran a producir y estoquear mercadería”. Indicó que por ejemplo las empresas lácteas tienen 2.600 toneladas de queso en cámaras de frío, en algunos casos pagando alquiler, y que lo mismo pasa con la leche en polvo, que además “sería difícil de colocar en otros mercados”. Ya fueron embarcadas, también, 2.500 toneladas de arroz.

Ante estas dificultades, Umpiérrez consideró que la solución pasa por que el gobierno “se haga responsable” de las deudas con los productores, “ya que muchos comenzaron a producir bajo la garantía directa del gobierno de que cobrarían y hoy están en una situación financiera crítica”. Detalló que las cooperativas lácteas tienen “giro financiero por un mes más” y que Conaprole lo tiene hasta marzo. “El negocio lo abrió el propio gobierno, de qué forma recupera después ese dinero se verá”, dijo.

Otros temas

Ayer también se aprobaron los llamados en régimen de Comisión General a la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, convocada por el diputado Pablo Abdala (Alianza Nacional, Partido Nacional) para dar detalles de las obras de construcción de la planta regasificadora, sobre la obra del Antel Arena y su fideicomiso y sobre el ajuste de las tarifas de servicios públicos decretado por el Poder Ejecutivo, y el del ministro del Interior, Eduardo Bonomi. En este caso Abdala lo convocó a raíz de las denuncias sobre hechos presuntamente irregulares en la Guardia Republicana, a lo que se sumó el senador colorado Pedro Bordaberry (Vamos Uruguay), para consultarlo sobre la evolución de los delitos de rapiña y homicidio y su nivel de esclarecimiento.