Hay más de una versión sobre el incidente de ayer. Tan es así, que para el Centro de Propietarios de Automóviles con Taxímetro del Uruguay (CPATU) no fue un incidente. Se sabe que pasó ayer de mañana en la calle Sarmiento, frente al Gusano Loco del Parque Rodó. Un taxista de la empresa Radio Taxi 141 pasó por ahí y vio una camioneta adornada con el logo de la empresa, que no transporta pasajeros pero sí cumple una función de promoción: va parando por distintos puntos de la ciudad para ofrecer información a los transeúntes sobre los pasos para ser usuario o proveedor del servicio. El taxista avisó por la radio a los colegas que andaban en la vuelta y pronto llegaron unos 40 taxis con sus conductores -además de Óscar Dourado, presidente de CPATU-, que ocuparon toda la cuadra y rodearon a la camioneta para que no se pudiera ir. Más tarde cayeron inspectores de tránsito, que intercambiaron palabras en altos decibeles con los taxistas. Entonces la historia se bifurca.
“Encontramos a una camioneta de Uber robando, concurrimos en este momento con nuestras herramientas de trabajo a cuidar el derecho del trabajo y convocamos a la Policía para que concurra a detener al ladrón”, relató el gremio en un comunicado que difundió pocas horas después. “Los taxistas nos defendemos de quienes nos quieren robar nuestro trabajo”, sigue el texto. Javier Fardin, secretario de CPATU, contó a la diaria que, además de discar el 911, los trabajadores contactaron al Banco de Previsión Social y al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que no intervinieron.
“No puede ser que esta empresa de transporte que dice ser de tecnología no respete la reglamentación uruguaya”, opina Fardin. Para el gremialista, se generó “un estado de nerviosismo” entre los taxistas ante la amenaza a sus fuentes de trabajo.
Cruzar en roja
Para los representantes de Uber en el país, el clima estuvo marcado por mucho más que nerviosismo. La empresa comunicó a los medios que los trabajadores, coordinados por la patronal, atacaron “de manera física y verbal” a quienes estaban en la camioneta, “uruguayos que buscan ganarse la vida”.
“Lo último que Uruguay necesita es violencia [...] contra quienes buscan ofrecer un servicio de transporte seguro y confiable para moverse libremente por la ciudad”, dice el texto. La versión de Uber afirma que fueron ellos quienes llamaron a la Policía, y que los inspectores de tránsito multaron a varios taxistas por cortar la circulación de la calle. La chilena Soledad Lago, gerenta de Comunicación para el Cono Sur, dijo que se trató de actos “intimidatorios”.
Dos de las personas que trabajaban para Uber ayer durante el presunto incidente radicaron una denuncia en la Seccional 5ª, a título personal, aunque aclararon que nadie resultó lesionado. “Es una mentira de principio a fin”, retrucó el secretario de CPATU sobre las acusaciones de violencia.
No hay particular buena onda entre la gremial y la multinacional. Cuando Uber se instaló en Montevideo, comenzó a tantear el panorama, capacitó a una primera oleada de 3.500 conductores y luego los lanzó a la calle. El debate público se centró en cuál es el rubro de la empresa y, por ende, qué normativa regularía su actividad. El venezolano Gonzalo Araújo, gerente de la empresa para Asuntos de América del Sur, visitó al intendente Daniel Martínez a fines de noviembre -cuando los coches ya recorrían las calles- y argumentó que Uber no trabaja en el área del transporte sino en la de la tecnología, ya que es una aplicación para celulares que cumple la función de contactar pasajeros y particulares.
Pero la patronal del taxi no compartía esa visión. CPATU condenó la llegada de la empresa por tratarse de competencia desleal y “salvaje”. En eso coincidió con el Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (SUATT), dos voces que rara vez están de acuerdo. Las dos críticas también apuntaban a la Intendencia de Montevideo (IM): que se permita llevar pasajeros a conductores sin libreta profesional y que no se exijan las “chapas”, habilitaciones para taxis que pueden costar entre 80.000 y 100.000 dólares. Hoy, con 6.000 postulantes para choferes, la empresa lleva casi dos meses en actividad sin regulación de por medio y, según pudo saber la diaria, hubo sólo cuatro multas por parte de la IM, que sigue fiscalizando. En esos casos, Uber ofrece a los conductores asesoramiento y ayuda monetaria.
“Creemos profundamente en la capacidad de llegar a un acuerdo por medio del diálogo”, dijo la gerenta en un comunicado. Ese diálogo incluyó la reunión con el intendente, pero también opiniones del gobierno nacional. El presidente Tabaré Vázquez se mostró preocupado por el tema y anunció que se crearía una comisión interministerial para evaluar alternativas, que aún no se pronunció. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, señaló que el fenómeno Uber puede resultar atractivo ante un servicio de taxis que “ha decaído mucho”. La empresa también realizó dos presentaciones en las comisiones de Transporte de la Cámara de Diputados y la Junta Departamental de Montevideo. Javier Barrios, el edil del Partido Nacional que impulsó esa última instancia, dijo a la diaria que aún no se tomó una decisión, ya que quedó pendiente una visita de delegados del SUATT a la comisión. Calificó el encontronazo de ayer de “inconcebible” y reiteró su opinión a favor de reglamentar el servicio. Integrantes del gobierno departamental tampoco vieron con buenos ojos las acciones de CPATU.
Mientras tanto, Uber sigue andando.
Cinturón de seguridad
En noviembre, el presidente del Banco de Seguros del Estado, Mario Castro, dijo a Radio Carve que Uber había hecho un pedido de cotización para implementar una cobertura para toda la flota, pero la empresa no avanzó en el tema. Sí tomaron medidas algunos choferes, que gestionaron un seguro como el que rige para los remises, que cubre el auto ante daños generados por el conductor, hurtos, incendios o daños de terceros, que debe complementarse con otro de responsabilidad civil, para los pasajeros.