La propuesta que el presidente Tabaré Vázquez presentó en 2009 que consistía en trasladar las cenizas del prócer uruguayo José Gervasio Artigas a la Torre Ejecutiva generó fuertes rechazos de historiadores, políticos e incluso de familiares del otrora “jefe de los orientales”. Cinco años después, los diputados minuanos Javier Umpiérrez (Frente Amplio) y Mario García (Partido Nacional) propusieron cambiar la ubicación de los restos de otro de los caudillos históricos del país: el general Juan Antonio Lavalleja. El proyecto de ley, presentado por ambos en setiembre de 2014 y reingresado a la cámara en esta legislatura, dispone que los restos del líder de los 33 orientales sean exhumados de la Catedral Metropolitana, en Montevideo, y luego sean trasladados a un “monumento mausoleo”, que deberá ser erigido en la Catedral de Minas. El texto dispone incluso lo que ocurrirá en el lapso en el que los restos del prócer sean trasladados a Minas: “Se rendirán los honores correspondientes por las Fuerzas Armadas de la República”. En la justificación de la iniciativa los legisladores argumentan que Lavalleja “debe reposar para la eternidad en el mismo sitio que lo vio nacer. Su monumento debe cobijar sus restos y constituirse en un punto geográfico de referencia de toda vocación patriótica de desinterés y sacrificio”.

Muchas promesas

Desde los primeros tiempos de la República Oriental del Uruguay los senadores llevan a cabo, al asumir, un tedioso y aburrido ritual en el que, uno a uno, deben declarar su fidelidad constitucional ante el presidente de la cámara. Para suerte de legisladores, periodistas y funcionarios del Palacio Legislativo, el trámite no se reitera en la Cámara de Representantes: al estar integrada por 99 miembros, la de asunción se convertiría en una sesión casi interminable. Pero el diputado Guillermo Facello (que responde al ex candidato a la Intendencia de Montevideo Edgardo Novick) no está de acuerdo con tal discriminación entre senadores y representantes, y quiere que esta declaración de fidelidad se asiente también en la cámara baja. Poco después de asumir, el 11 de marzo de 2015, presentó un proyecto de ley que incorpora la promesa de cada diputado al momento de asumir. Con eso, sostiene en la exposición de motivos, se busca “tender a igualar el valor de respeto a las leyes de ambos cuerpos legislativos”. Facello sostiene que “los símbolos y rituales de una sociedad tienden a generar orden y cultura, en este caso cívica y democrática, los cuales nunca están de más”. Además, argumenta que se trata de una “resolución adecuada” para celebrar los 30 años del retorno a la democracia.

Revancha porno

La pornografía y el Parlamento son dos mundos que, en apariencia, no tienen mucho en común. Al menos hasta que apareció un proyecto del senador colorado Pedro Bordaberry que busca legislar sobre la llamada “pornografía de venganza”. Con esta iniciativa, presentada por el legislador junto a otros 39 proyectos a principios de marzo, se busca incorporar una nueva figura delictiva para penalizar tanto a quienes difundan electrónicamente videos de contenido sexual sin el consentimiento de los protagonistas como a los sitios de internet que no den de baja estos contenidos a solicitud de los afectados.

“No se puede subestimar el impacto y el daño que puede tener una imagen comprometedora distribuida a todo el mundo”, advierte Bordaberry en la exposición de motivos. Señala también que en las relaciones de pareja “las fotos que con toda confianza son mandadas a la otra persona se convierten en una herramienta poderosísima para la extorsión o venganza”. Este tipo de pornografía, define, es “un acto cruel que afecta de sobremanera a las víctimas en el aspecto social, emocional y profesional”. Luego de un completo paseo por la realidad jurídica de varios países, Bordaberry enumera algunos de los casos “más famosos” ocurridos en Uruguay, como el de una “boxeadora” que “aparece con su ex pareja” (en referencia a la deportista Christian Namús) y “los episodios del verano de 2013, en el camping de Santa Teresa”, respecto de los cuales se detiene en tres: “dos jóvenes teniendo relaciones sexuales sobre el suelo, a plena luz del día”, “la grabación de dos jóvenes teniendo relaciones contra el muro de boliche” y uno que “transcurre en la ducha de un baño” donde “una chica desnuda tiene relaciones sexuales”. Estos videos, señala, incluso motivaron que “algunos se esmeraran en identificar a las mujeres involucradas difundiendo sus nombres y perfiles de Facebook”.

La lucha estética

La belleza, o la carencia de ella, también es un motivo de discriminación, injusticia con la que el diputado colorado Adrián Peña está decidido a acabar. Presentó un proyecto en el que se prohíbe la exigencia de presentar una foto en el currículum vitae (CV). Tras citar el artículo 7º de la Declaración Universal de Derechos Humanos, Peña advierte en la exposición de motivos que “hoy en día, el atractivo físico tiene una gran importancia en la sociedad” y “posee un gran efecto en las relaciones personales o profesionales”. “Algunos comercios sólo contratan a personas con un aspecto físico más o menos agradable”, llega a denunciar este legislador, que indica, sin embargo, que se trata de un factor que “no depende de la persona, ni del mérito de su responsable accionar”, por lo que es “ilógico que sea un requisito presentar foto carnet”. Luego Peña define el “aspectismo” como “la discriminación por el aspecto físico”, y asegura que se trata de una corriente según la que “no sólo se valora la belleza, sino que en los hechos se castiga la fealdad”. Por eso, sostiene, la exigencia de una foto en el CV es un “formalismo” que “lejos de incluir, excluye, y lejos de igualar, discrimina”.

Mucho más que tolerancia cero

Es ya conocida la vocación de este gobierno en la lucha contra el consumo indiscriminado de alcohol, principalmente contra la ingesta considerada abusiva por parte de los jóvenes, pero para algunos legisladores esta batalla debe ir mucho más lejos. Uno de ellos es el diputado nacionalista Gonzalo Novales, que busca terminar con la hipocresía de quienes deben enfrentar este flagelo, “atacando el problema de raíz, formando, educando y concientizando a los uruguayos en el tema”, dice la exposición de motivos de su proyecto de ley. La propuesta de Novales consiste en “considerar inapropiado” el consumo y suministro de bebidas alcohólicas “en todo evento organizado o desarrollado en entidades u oficinas públicas, o en lugares usufructuados, a cualquier título, por cualquier organismo estatal”, a menos que “circunstancias especiales, fundadas, lo ameriten”.

“Nosotros, que vivimos en el interior, muchas veces vemos las cosas por televisión. ¡Si los señores integrantes de los equipos de gobierno, si los políticos vieran lo mal que quedan cuando aparecen en los informativos entre mozos llenos de bandejas y vasos rebosantes de bebidas alcohólicas! Es una imagen realmente lamentable”, asegura. Por eso Novales exhorta al gobierno a que en las actividades del Estado se consuman “jugos de fruta o bebidas sin alcohol”.

Gattaca

El Parlamento no sólo tiene entre sus funciones el combate de adicciones y el impulso de reconocimientos y homenajes. Hay temas mucho más importantes, que comprometen el futuro de la especie humana. En algo de eso se quiso meter Facello el 11 de marzo, cuando presentó ante la Cámara de Representantes una propuesta de minuta de comunicación al Poder Ejecutivo, en la que le solicita que reglamente el artículo 19 de la Ley 19.167, de Reproducción Asistida. Ese artículo establece nada menos que la prohibición de la clonación de seres humanos, “así como cualquier procedimiento dirigido a la transformación o alteración de la especia humana, a partir de material biológico obtenido en aplicación de técnicas de reproducción asistida” autorizadas. El diputado se queja de que si bien la norma fue reglamentada por el gobierno en dos oportunidades, nunca se profundizó en la reglamentación de este artículo ni se delimitó el “área de acción específica”. “Reitera los conceptos del citado artículo pero no amplía más”, cuestiona. Este “pequeño gran vacío”, asegura, “puede dar lugar a graves confusiones”, “máxime cuando mundialmente los límites de la ética se estiran como chicle en pos de avances pseudo-científicos”.