Sosa Díaz es un camino de tierra amarilla que parte en dos el campo al norte de Salinas. A cada lado del pasillo, una alfombra de plantas parejitas y de color verde transgénico cubre la vista. Los vecinos calculan que hay unas 400 hectáreas de soja, que se fue tragando las plantaciones desde 2012, cuando al primer propietario de la zona se le ocurrió que era un negocio mucho más rentable que otros tipos de cultivo. Hoy, la tonelada de soja se cotiza en 314 dólares. Cada hectárea da unos 2.500 kilos por temporada. Hacer cuentas al pasar arrojan un estimado de 314.000 dólares que la tierra de Salinas generaría este verano.
Los números del Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones sobre 2015 ubican a la soja como el tercer producto que se vende al exterior, debajo de la carne de vaca y la celulosa, por un total de 1.123 millones de dólares. 76% va para China. El Banco Mundial anunció que el precio mundial cayó 20% a fin de año -27% para Uruguay-, pero advierte que sigue siendo un negocio rentable. Al menos para los que la producen.
Hoy son dos los propietarios que plantan soja en la región. Podrían haber sido cuatro, pero uno de los productores cambió el rumbo hacia la ganadería para dejar descansar los suelos (la soja consume nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, carbono y agua de la tierra) y otro abandonó rápidamente sus 50 hectáreas de plantación en 2012, tras una modesta multa de 1.000 unidades reajustables y protestas de los vecinos. Hoy produce tréboles destinados al forraje. La soja sigue ocupando los otros dos predios, que las máquinas fumigadoras recorren todos los veranos, a pesar de que varias normas lo prohíben.
Aire amargo
Juan Chiarino se define como un “casi técnico” en temas de agrotóxicos, tras años de estudiar en forma autodidacta y de movilizarse junto a los vecinos. Es cultivador orgánico y su casa recibe agua de un pozo de 60 metros que también alimenta a la escuela rural de Salinas. Al lado de su heladera se acumulan sifones del agua gasificada con la que llena su vaso mientras cuenta cómo empezaron los problemas. Esperable, viniendo de un activista que lleva años denunciando la cercanía de los químicos con la Laguna del Cisne, de donde sale el agua que la OSE distribuye para 170.000 habitantes de la Costa de Oro.
La primera que presentó los síntomas fue Jacqueline García, su esposa, en 2012. Cuenta que empezó a sentir dolor de estómago y problemas para respirar que acompañaban a una tos que no la dejaba hablar. Pronto se dio cuenta de que no era la única: 30 vecinos, niños incluidos, estaban pasando por lo mismo. “Estaban tosiendo hasta los perros”, recuerda. Llamaron al Ministerio de Salud Pública (MSP) y Adriana Pisani, asesora de la División Salud Ambiental y Ocupacional, llegó al lugar para constatarlo, y se tuvo que ir porque ella también se sintió mal.
Round-up es el nombre comercial del herbicida basado en glifosato que más se usa en el mundo, patentado por la multinacional Monsanto en el año 2000. La soja transgénica -casi 100% de la que se planta en el mundo- está modificada para resistirlo, pero el resto del ecosistema no. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos lo clasificó como “altamente tóxico”, la Organización Mundial de la Salud como “potencialmente cancerígeno” y la Comisión Europea señaló los daños que genera en los organismos acuáticos, incluyendo la mortalidad de algas, peces y caracoles. Sus consecuencias en las personas van desde irritaciones en la piel hasta fallas renales, según la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina.
Jacqueline dice que cuando fumigan se siente un gusto amargo en la boca. Lo primero es el dolor de cabeza que va aumentando. Varios vecinos han tenido que abandonar sus casas para ir a la playa o acampar. Las máquinas fumigadoras, apodadas “mosquitos”, recorren la tierra los fines de semana, especialmente de noche. Su presencia se puede comprobar fácilmente: basta con recorrer menos de un kilómetro por el camino Sosa Díaz para ver un mosquito celeste parado en el medio del campo. Juan, convertido en una especie de guía turístico del medioambiente bajo amenaza, cuenta mientras maneja su camioneta que el aparato está ahí desde hace una semana.
El martes pasado, la Intendencia de Canelones (IC) envió a un inspector, que constató que se trataba de un mosquito. Leonardo Herou, director general de Gestión Ambiental de la comuna, dijo a la diaria que uno de los objetivos de las indagaciones en curso es para descubrir si la máquina está detenida por un desperfecto mecánico y si está cargada de glifosato. En cualquiera de los dos casos se trata de una infracción.
Cisne negro
Una reglamentación que la comuna aprobó en 2015 prohíbe usar cualquier agroquímico a menos de 300 metros de la Laguna del Cisne. Uno de los motivos es la cercanía de la planta potabilizadora de la OSE. El caño que extrae el agua se ve, también celeste, en el medio del agua oscura. Tres bombas la llevan hacia varios tanques que agregan ácido sulfúrico, óxido de manganeso, sulfato de aluminio, cloro y carbón activado, que eliminan el sedimento y las partículas orgánicas. Después de pasar por unos cuantos filtros y por unas piletas enormes, el agua viaja hasta el tanque de Atlántida y las casas de los vecinos. El residuo es un barro negrísimo y tóxico que se seca en un galpón, que una volqueta se lleva una vez por semana y que a veces se devuelve a las aguas. la diaria pudo saber que el lunes, luego de las denuncias de los vecinos, se tomaron muestras de la laguna, que ya se están analizando en Montevideo.
Desde un muellecito que está atrás del laboratorio principal se ven varios de los campos que rodean la laguna, todos en manos de privados. Uno de ellos, el que tuvo brevemente 50 hectáreas de soja, está a pocos metros de la orilla. El predio que hoy está siendo investigado queda a unos 100 metros, y al lado hay una casa donde vive una familia. Ante las quejas de los vecinos hace unos años, el propietario, Pablo Beña -director del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas-, respondió que abandonaría la soja, pero ahí están las plantaciones. Chiarino cuenta que los empresarios argumentan que no les avisaron de que la normativa estaba por cambiar y que es difícil cumplir con la reglamentación porque cuando se elaboró las plantaciones ya estaban instaladas.
Ayer, algunos vecinos se acercaron a la Fiscalía de Atlántida para presentar el caso, junto con la senadora del Partido Nacional Carol Aviaga. El expediente de otra de las denuncias en curso, que Jacqueline hizo en el MSP, estuvo dando vueltas por los escritorios más de un año, pero ayer la llamaron para avisarle que hay una respuesta. El reclamo viene acompañado de varios pedidos: que se impulsen medidas de cuidado, que se hagan análisis químicos en la laguna y que se importen unos tests para detectar agrotóxicos en la sangre, un análisis que no se hace en Uruguay.
Los vecinos están cansados. Olga Pareja, una señora que vive al norte del predio que se fumiga, cuenta que las autoridades actuaron muy rápido, pero el mosquito sigue trillando la tierra. Varios habitantes de la zona dejaron de movilizarse y se siguen fumando el glifosato mientras trabajan los huertos. Jacqueline y Juan también están cansados, pero no descansan. “Vamos a quedarnos hasta que nos echen”, dice ella. Él asiente y toma un trago de su agua de sifón.
