El decreto del Poder Ejecutivo se firmó el 29 de diciembre y las reacciones de la oposición no demoraron. En concreto, la resolución gubernamental deroga el ajuste por inflación en la liquidación del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE), en los casos en que la variación del Índice de Precios del Consumo (IPC) no haya superado el 10%. Este cambio implica que algunas empresas pagarán más por concepto de IRAE -hay bastante acuerdo en que el sector financiero sería el principal afectado- y otras pagarán menos, según la fundamentación que se ha dado desde el gobierno.

Uno de los primeros en reaccionar fue Jorge Larrañaga, que el sábado publicó una columna en el sitio de Alianza Nacional. El senador blanco planteó que este cambio en el cálculo de la renta fiscal se ampara en una delegación aprobada por la ley de reforma tributaria “de dudosísima constitucionalidad”. “Es un zarpazo a las empresas, pero con una consecuencia mucho más trascendente y negativa: es un ataque a la confiabilidad que como país se debe brindar. Es un fiscalazo, porque en las estimaciones más conservadoras de analistas privados y especialistas tributarios ubican la recaudación fiscal incremental en 300 millones de dólares”, escribió Larrañaga, en una columna que tituló “Por unos dólares más”.

El subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, dijo a la diaria que la cifra que maneja Larrañaga “es disparatada” y que no se condice “con ninguna de las estimaciones realizadas” hasta el momento. “Desconocemos el sustento de esa estimación, es imposible hablar de un fiscalazo”, aclaró.

El MEF considera que el objetivo principal de esta medida es “converger hacia las mejores prácticas internacionales”, en referencia a que, según Ferreri, las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) establecen que el ajuste por inflación debe aplicarse “sólo en contextos de economías hiperinflacionarias”. “Que se siguiera haciendo de esa forma es una rémora de un contexto económico que había en Uruguay y que por suerte ya no tenemos, que es el de una economía hiperinflacionaria. De hecho, los bancos iban a dejar de hacerlo en 2017 porque iban a adoptar las NIIF”, agregó.

Ferreri añadió que es muy difícil hacer una estimación de cuánto recaudará la Dirección General Impositiva (DGI) a partir de este cambio. “Lo que sí podemos decir es que con esta medida hay ganadores y hay perdedores. Las empresas deberán pagar más o menos IRAE de acuerdo a la posición de activos o pasivos monetarios que tenga. Si tiene una posición activa, con el ajuste por inflación tenía una pérdida, y por lo tanto iba a tener que pagar menos IRAE; pero si tiene una posición pasiva, iba a tener una ganancia, y al no hacer ajuste va a pagar menos IRAE. O sea que algunas empresas efectivamente van a pagar más, pero otras van a pagar menos”, continuó el jerarca.

El sábado, El Observador publicó declaraciones de Jorge Ottavianelli, director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay, acerca de cómo impactará el decreto del Ejecutivo en el sector financiero. “Somos uno de los más afectados”, reconoció Ottavianelli, antes de estimar que las siete instituciones que integran la gremial deberán pagar en la próxima liquidación entre 20 y 30 millones de dólares más que el año pasado por concepto de IRAE. Ferreri, en este caso, coincide con las estimaciones de Ottavianelli. “Es lo que manejamos cuando hablamos con ellos; la banca es un sector que seguramente sí termine teniendo un impacto más homogéneo. Pero un impacto tan homogéneo como éste no está previsto en otros sectores de la economía”, concluyó.