A mitad de febrero la historia de ANCAP entrará en un nuevo capítulo. La oposición ya puso en discusión la gestión del ente petrolero y ahora va por más: la investigación de posibles delitos penales en la conducción del ente. En diciembre, el presidente Tabaré Vázquez dijo al programa Santo y seña que los resultados de la gestión de ANCAP no habían sido buenos, aunque señaló que en la Comisión Investigadora del Senado no se había demostrado “ningún tipo de dolo”. Esta postura, reiterada por varios dirigentes del Frente Amplio, es lo que la oposición busca desacreditar.

En discusión

La idea del senador Luis Lacalle Pou, líder de Todos hacia Adelante, de impulsar nuevas comisiones investigadoras no ha encontrado respuesta, por ahora, en Jorge Larrañaga. Este último dijo a la diaria que “habrá que analizar” estas propuestas, ya que todavía no ha habido espacios en el partido para discutirlas.

El miércoles 17 de febrero, cuatro informes estarán sobre la mesa en el Senado tras finalizar la Comisión Investigadora que abordó la gestión de ANCAP entre 2000 y 2015; uno por cada partido político. El senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, anunció que su partido realizará una denuncia penal por algunos hechos de presunta apariencia delictiva. Apuntará principalmente a cuatro hechos. El primero es la contratación sin ningún tipo de licitación de una empresa de ingeniería argentina para la construcción de dos barcazas y un remolcador que nunca funcionó. El segundo es la contratación de la agencia de publicidad La Diez, objetada por el Tribunal de Cuentas de la República. El tercero es el contrato que una subsidiaria de la petrolera, Cementos del Plata, realizó con una empresa de transporte brasileña para el transporte de cal, sin acudir a concurso, con precios superiores a los del mercado local e incluso con un adelanto monetario. Y el cuarto es el acuerdo extrajudicial de ANCAP con la financiera Exor. La empresa se había ofrecido como intermediaria para desarrollar la ingeniería financiera del canje de la deuda que la petrolera tenía con su par venezolana PDVSA. Si bien esta última en principio aceptó la participación de Exor, luego pidió su exclusión de la operación, lo que motivó que la intermediaria amenazara con demandar a ANCAP.

Entonces la petrolera hizo un acuerdo extrajudicial en el que se comprometió con la empresa a darle la exclusividad en un futuro canje de deuda. “Y ahora hubo una segunda operación de canje de deuda, y Exor quedó otra vez afuera, entonces igualmente le tuvieron que pagar 3.100.000 dólares. ANCAP se obligó a algo a lo que no debió haberse obligado”, explicó el senador.

Como también es prácticamente un hecho que el Partido Nacional llevará adelante acciones penales por la gestión de ANCAP, el senador nacionalista Jorge Larrañaga propuso que se realice una denuncia conjunta firmada por todos los partidos de oposición. El legislador explicó a la diaria que “por razones obvias, de economía procesal, no tiene sentido que haya tres causas idénticas por los mismos motivos denunciados”. Mieres no descartó la propuesta, pero la calificó de “prematura”. “Cada partido está elaborando su informe. De ellos surgirá cuáles son las responsabilidades que establecemos. Entonces, si fuera una denuncia debería haber coincidencia plena de lo que se va a denunciar. Cuando tengamos los informes será el momento de evaluar”. El senador nacionalista Álvaro Delgado, quien actuó como miembro informante en la comisión, tampoco quiso adelantar una postura con respecto al planteo de Larrañaga: “Primero lo voy a presentar a la bancada, luego lo ingresaré el 15 de febrero al Parlamento, y el 17 se va a debatir. Quiero que la bancada nacionalista primero avale los informes nuestros y las presunciones de ilicitudes. Es una buena idea pero hay que pasar por etapas”.

Mieres incluso destacó que los directores de ANCAP que pertenecieron a la oposición “también van a tener que responder” por las irregularidades. “Si las decisiones fueron del directorio de forma unánime será de responsabilidad compartida”. Los directores que participaron en la gestión de ANCAP durante el gobierno anterior fueron los nacionalistas Carlos Camy y Elena Baldoira (ambos del sector de Larrañaga) y Juan Amaro Cedrés y Juan Máspoli por el Partido Colorado. Larrañaga sostuvo que las responsabilidades las determinará la Justicia, pero aseguró que tanto los directores blancos como los colorados alertaron en su momento sobre la situación de ANCAP.

Pero Mieres opina distinto: señaló que en su momento “los directores de la oposición no señalaron que la empresa se estaba fundiendo”. El senador interpretó que, al parecer, eso cambió con la llegada del actual director de la oposición, Diego Labat. Precisamente, ayer sesionó el directorio del ente y este jerarca pidió que se bajara 10% el precio del combustible. Según dijo, el precio del barril bajó en el último trimestre de 50 a 26 dólares, por lo que la paramétrica debería actualizarse. El resto del directorio votó en contra.