La administración del colegio y liceo José Pedro Varela pretende conseguir financiamiento externo para poder salir de la actual crisis económica que atraviesa, que dejó a 430 trabajadores en seguro de paro, de los cuales 70% no puede acceder al beneficio por tener otro empleo.
La posibilidad de obtener financiamiento fue manejada ayer como indispensable por los representantes del colegio, en una reunión tripartita junto con dirigentes del Sindicato de Trabajadores de Enseñanza Privada (Sintep) y mediadores de la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El abogado del colegio, Mario Moll, dijo que cuando se levante el cuarto intermedio de este encuentro, el jueves que viene a las 10.00, se presentará una propuesta para hacer frente a la actual situación.
“Se va a analizar una propuesta de financiamiento externo y en función de eso se podría hablar de una reestructura”, dijo una fuente de la Dinatra. Los dirigentes sindicales entienden que dada la situación están asumiendo un compromiso que, si bien implica defender las fuentes de trabajo que existen en el colegio, está “excediendo lo reivindicativo”, ilustró Sergio Sommaruga, secretario de Asuntos Laborales del Sintep. El sindicalista informó que los representantes del colegio mantuvieron su compromiso de trabajar para que la institución permanezca abierta, aunque señalaron que la reestructura será inminente. Pero para ello “tiene que generarse una condición económica que haga posible la estabilidad de la institución”.
De conseguirse el financiamiento económico, el sindicato busca que para la reestructura se conforme una comisión bipartita para analizar “por dónde quedó la sangría que dejó anémica” a la institución. “Nos dijeron que tiene que haber una reestructura y les pedimos ver cómo se cayó la estantería. Hay que identificar estos factores para que no se vuelva a producir un desequilibrio. Bajo esa condición discutimos la reestructura”, agregó Sommaruga. La propuesta cayó bien a los representantes del colegio. “Llegado el caso, no vamos a tener problema en abrir las puertas contables”, dijo Moll, pero para que eso ocurra, aclaró, es fundamental obtener el financiamiento.
Una de las causas de los problemas económicos del colegio, explico Moll, es que “la cantidad de trabajadores que hay no es coherente con el número de alumnos que tenemos”. En total hay 430 empleados y 1.100 alumnos, lo que implica una proporción que no está lejos de dos estudiantes por trabajador, sostuvo. Este “superpoblamiento de trabajadores”, dijo el abogado, es un déficit administrativo sobre el que no tienen ninguna responsabilidad los empleados del colegio. Además, Moll informó que 80% del presupuesto de la institución va a parar a los sueldos de los trabajadores. “No quiero decir que no lo merezcan, pero el peso de los salarios es muy importante”, afirmó.
Moll también sostuvo que hubo una baja en la matrícula. “Hay una retracción importante en los colegios privados. Hay varios con inconvenientes y no somos sólo nosotros”, expresó el abogado, enfatizando que esta situación está afectando al menos a las instituciones educativas de alto costo. Otro de los colegios que mostraron dificultades con sus trabajadores es el Instituto Crandon, cuyo sindicato ya se declaró en “estado de alerta” por la pérdida de horas de trabajo en el área de informática. A pesar de esta situación, el gremio sostiene que la matrícula ha venido creciendo año a año.
Pero por más que el José Pedro Varela esté en una compleja situación financiera, Moll sostuvo que el activo del colegio es cuatro veces mayor que el pasivo. “Acá no está en tela de juicio que se vaya a dejar de pagarle a alguien. Si mañana la institución tiene que cerrar eso es 100% seguro que no ocurriría. No se trata de una empresa que esté endeudada y que vaya a tener que ir a una liquidación”, agregó.
Las autoridades del Varela visitarán próximamente la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, que ya se reunió extraordinariamente el martes para analizar la situación de este colegio y de otros, como el Gabriela Mistral, que estuvo diez días ocupado a raíz del despido de una funcionaria.
Para Sommaruga, este tipo de situaciones “permite problematizar y poner en tela de juicio ese sentido común de que lo privado es mejor que lo público en lo que tiene que ver con la mejor gestión”.